A veces tengo la sensación de que las obsesiones políticas nos empujan a perder la perspectiva. El mismo día que en el hemiciclo del Congreso de los Diputados español resonaba la lengua catalana (y otras lenguas peninsulares), en Europa la oficialidad del catalán quedaba momentáneamente encallada. Puesto que el compromiso contraído por Pedro Sánchez con Junts para investir a Francina Armengol como presidenta del Congreso solo se ha cumplido en parte, no han tardado en ver la luz los reproches de los sectores independentistas, los de la cuarta lista y los de los malhumorados que campan por Twitter. Si lo analizáramos bien, le daríamos la dimensión “histórica” que tienen ambos hechos. Algunas personas creen que poder hablar en catalán en las Cortes, o conseguir su oficialidad en Europa, puede menguar la fuerza del movimiento independentista. Esta gente teme que este reconocimiento, que saben de su trascendencia, quizás alejará del independentismo a personas que se sentirán satisfechas con una cesión como esta. Con esto y con un concierto económico, dicen, el independentismo perdería energía. Quizás sí, pero Cataluña ganaría soberanía.
La desconfianza hacia la base es típica de algunas clases políticas dirigentes. Las consolidadas y las que aspiran a serlo, pero, sobre todo, las que actúan empapadas de un populismo existencialista que asusta. No saber valorar la importancia histórica de la introducción del pinganillo en las Cortes para que catalanes, mallorquines, valencianos, vascos y gallegos puedan expresarse en su lengua es una estupidez. Por el contrario, es un hecho histórico del que se hablará durante años, en especial si dura y se consolida. El nacionalismo español es castellanizante, como todo el mundo sabe, y la actitud ante los derechos de las minorías ibéricas es como la que expresó Felipe González sin ninguna vergüenza —con una platea atestada de público, aplaudiéndolo a pedir de boca—: desean su extinción para que dejen de molestar. Con un españolismo así, lo que pasó en el Congreso es una victoria que deberíamos celebrar con la alegría que se merece. Estamos demasiado acostumbrados a celebrar derrotas.
Soy consciente de que algunos de ustedes fruncirán el ceño, y por eso quiero dejar claro, y lo afirmo rotundamente, que en ningún caso con el pacto sobre la mesa —o incluso con el de investidura— se está debatiendo el futuro de la independencia de Cataluña. Lograr la independencia no dependerá jamás de un pacto coyuntural. La vía para llegar a ella será siempre otra, más complicada. La feroz represión del Estado ante el 1-O debería iluminarnos sobre algo que no tiene discusión: la independencia llegará, o bien con una acción unilateral o bien, si conseguimos vencer resistencias, mediante un acuerdo sobre la autodeterminación. De momento, la unilateralidad la probamos una vez, el 27-O, sin mucho éxito, pero, si hace falta, no será la última. Los independentistas no pueden renunciar al derecho a la secesión, y todavía menos hacerlo bajo el chantaje de la represión. Tiempo habrá para digerir la situación y, una vez asumida, planificar qué hacer en el futuro.
La feroz represión del estado ante el 1-O nos debería hacer ver que la independencia llegará, o bien con una acción unilateral o bien, si conseguimos ir doblegando resistencias, mediante un acuerdo sobre la autodeterminación. Ningún independentista debe renunciar al derecho a la secesión, y todavía menos hacerlo bajo el chantaje de la represión
En cuanto fracase la investidura de Núñez Feijóo, llegará el turno para debatir la investidura de Pedro Sánchez, quien, recordémoslo, no es el candidato que ganó las elecciones en España. Desde 2019, el PSOE encabeza una coalición, que incluye a Esquerra, que supera la alianza del PP con Vox y Coalición Canaria, pero que es insuficiente. Como todo el mundo sabe, Junts tiene en estos momentos la oportunidad de presionar de lo lindo al PSOE. Tiene la misma fuerza decisiva que tenía Esquerra en 2019, si bien está sacando un rédito superior. Entonces, en 2019, el pacto de investidura del PSOE con Esquerra dio como fruto, en términos de política nacional, el indulto de los nueve vips del Procés encarcelados, una reforma del Código Penal más que discutible y una mesa de diálogo que no ha funcionado. Aquel pacto no evitó que el gobierno español, integrado por el PSOE y Sumar, transfiriera a la Europol la idea, incluida en el informe anual titulado Tendencias y situación del terrorismo de la Unión Europea 2023, que “el independentismo catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos de la escena separatista española”. En Cataluña no ha habido violencia estructural de ningún tipo durante los diez años de movilizaciones masivas y pacíficas.
¿Quién puede depositar esperanzas en los partidos que alientan la “guerra sucia”? El resto de los acuerdos de Esquerra con el PSOE han sido sectoriales, derivados de sus coincidencias ideológicas con la izquierda jacobina y centralista española, aunque a veces esto haya comportado lesionar, como en el caso de la Ley de Vivienda, las competencias de la Generalitat. Esquerra a menudo actúa de una forma en Madrid y hace la contraria en Barcelona, y es entonces cuando le sale el tiro por la culata. Junts, que tampoco es que sea el colmo de la coherencia, ha aprovechado su momento de forma muy diferente. Más eficiente, si lo valoramos desde una óptica empresarial, a pesar de tener en contra a la gran mayoría de los medios de comunicación catalanes, decantados descaradamente por Esquerra o el PSC-PSOE y los comunes. Así es cómo Carles Puigdemont se ha convertido en el protagonista de la política catalana y española y, a la vez, en el director de orquesta de Junts, partido al que ha impuesto una estrategia clara: diferenciar entre la negociación para elegir la mesa y la presidenta del Congreso, a cambio del reconocimiento del catalán en las Cortes y en la UE, y la negociación de la investidura de Sánchez, algo más cara y difícil. ¿Esquerra habría podido hacer exactamente igual en 2019? Sí, porque tenía la fuerza para hacerlo, pero optó, como ya he indicado, por otras reivindicaciones. Puigdemont y los suyos han visto ahora la ocasión de obtener realmente un avance en el reconocimiento nacional de Cataluña que, vistas las reacciones furibundas en contra de los dinosaurios conservadores y socialistas, ha sido un acierto aprovecharla.
Conseguir la oficialidad del catalán en Europa no será tan fácil, porque no depende solo de una mayoría parlamentaria. Aquí los intereses de los estados de la Unión son muy variados. Pero el éxito inicial de Junts, que, insisto, habría podido obtener Esquerra en 2019 si se lo hubiera planteado, es haber obligado al gobierno español a presentar oficialmente la cuestión en una reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Dado que el ministro de Exteriores español no ató bien la votación, decidió retirar el punto del orden del día y esperar para volverlo a plantear enseguida, en una de las dos reuniones que se celebrarán antes de que se vote la investidura de Pedro Sánchez a finales del mes de noviembre. O sea que lo mejor es no dar nada por perdido. En relación con Europa, el PSOE ha cumplido la mitad del pacto. Junts, si no quiere perder credibilidad, tendrá que estar muy atento para evaluar, cuando toque, hasta dónde se ha llegado y si conviene exigir más. El plan B de Junts es este. Por el momento, lo que deberíamos saber valorar es que nunca hasta hoy el reconocimiento del catalán había entrado en la agenda europea. Es un hito tan histórico como el uso de catalán en las Cortes. No sé si Europa nos miraba en 2017, pero está claro que en 2023 ha tenido que posicionarse sobre Cataluña pasando por alto el intento del PSOE y Sumar de criminalizar al independentismo aportando información falsa a la agencia policial europea. Lo más importante es que ninguno de los estados de la UE, ni siquiera Italia, gobernada por un partido aliado de Vox, ha impuesto un veto contra el catalán. Creo que no saber valorar esto es, se lo digo sinceramente, un error.
Lo más importante es que ninguno de los estados de la UE, ni siquiera Italia, gobernada por un partido aliado de Vox, ha impuesto un veto contra el catalán. Creo que no saber valorar esto es, se lo digo sinceramente, un error
Investir a Pedro Sánchez sin poner un precio muy alto, como lo es la amnistía y buscar acordadamente un espacio donde integrar un mediador entre las partes, tendría un coste también muy alto. Electoralmente, ya se ha comprobado que la falta de exigencia castiga a los partidos independentistas con la abstención. Aun así, las circunstancias han ofrecido a Junts la posibilidad de poner a prueba su estrategia, la famosa “confrontación inteligente”, que es muy distinta a la estrategia de Esquerra porque parte de la idea de que el PSOE y Sumar, y naturalmente el PP, son los enemigos del independentismo. A Junts le está saliendo bien la jugada, por lo menos de momento, y Puigdemont ha recuperado una iniciativa que había perdido tiempo atrás. Cuando preguntas a qué aspiran, la respuesta es, inequívocamente, apuntar hacia un “acuerdo histórico” que no tenga nada que ver con la repetición de un pacto coyuntural como fue el del Majestic del 1996 entre CiU y PP. Ponen el ejemplo del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 que abrió las vías de solución del conflicto norirlandés para dar al pacto con Sánchez la solemnidad que buscan. No es poca cosa, a pesar de que haya transcurrido un cuarto de siglo y la reunificación irlandesa siga pendiente. Con aquel acuerdo, el Sinn Féin consiguió, por encima de todo, la libertad de los presos (la mayoría condenados por terrorismo), afianzar la paz y, en última instancia, darle la vuelta a la tortilla. Hoy los republicanos son el primer partido de Irlanda del Norte, en votos y escaños, a pesar del colapso del ejecutivo. La cuestión de la amnistía es, pues, central, como lo fue para el Ulster, pero Pedro Sánchez dilata la decisión. Para tener garantizado el voto afirmativo de Junts, el grupo socialista debería haber presentado esta mañana en el Congreso una proposición de ley de amnistía. Puesto que eso no va a ocurrir y la norma tendrá que aprobarse después, Puigdemont reclama a cambio de esa espera un mediador o verificador que certifique que la amnistía será real.
La gente quiere que le digan las cosas claras. Por eso hoy voy a plantearles una serie de preguntas y los animo a reflexionar sobre ellas con calma. Al final, les pondré un dilema que deberían responder con honestidad. Pongamos que Junts logra que se apruebe una amnistía por la vía legislativa de lectura única que beneficie a los 1.432 imputados que ha enumerado Òmnium. ¿Qué les parecería? Imaginemos que el PSOE acepta la figura de un relator-mediador que acepten ambas partes en el marco que se acuerde. ¿Lo encontrarían mal? ¿Cómo valoran ustedes que Junts haya obtenido la oficialidad del catalán en las Cortes españolas y, en cambio, que la misma cuestión haya quedado encallada en la agenda de la UE? ¿Ante un panorama así, cuyos resultados, negativos y positivos, deberían estar verificados, ustedes que recomendarían a Junts? ¿Investir a Sánchez y aprovechar el poder que les ha dado las urnas para apretar al PSOE durante los próximos cuatro años o bien les recomendarían que lanzaran una moneda al aire para probar suerte con una incierta repetición electoral? Madurémoslo. Tenemos tiempo para hacerlo y yo los acompañaré en esta reflexión con una tanda de artículos. Lo que está claro, en este momento, cuando menos, es que Puigdemont ha conseguido darle la vuelta a la sensación de frustración que atenazaba al independentismo.