1. La resaca que no sana. La política catalana está estancada. El nuevo curso empieza igual como acabó el anterior. El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos sigue arrebatando las competencias autonómicas que hieren de muerte al autogobierno de Catalunya. Los socialistas y los antiguos comunistas tienen un modelo de Estado que, además de jacobino, es cada vez más centralista. Es por eso por lo que no entiendo por qué la derecha y la extrema derecha nacionalista española se quejan tanto. La izquierda española va desmantelando el Estado de las autonomías con determinación, pues la recentralización no perjudica solo a Catalunya. Es generalizada y afecta a todas las comunidades autónomas, exceptuando las que están sujetas al régimen foral. Además, con el tiempo va consolidándose el diferencial entre el PIB de las tres comunidades privilegiadas (Madrid, País Vasco y Navarra) que arrincona a Catalunya. El PIB catalán va a la baja y parece que esto no preocupe al Govern, que está instalado en un optimismo suicida. A pesar de que se anuncia un otoño caliente, con una crisis económica que ya da señales de vida con el incremento de la inflación y una reducción del poder adquisitivo ciudadano, la gran preocupación del presidente Pere Aragonès este verano ha sido el bienestar de Neula, la perra presidencial. Parece que el Muy Honorable no sabe que el mes de julio Catalunya fue la comunidad autónoma que tuvo un aumento más alto del número de parados (2,8 %) y que las afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social han bajado en agosto en 57.768 personas (-1,58 %) con respecto a julio.

2. Los pactos de Esquerra con el PSOE. Joan Tardà es como el algodón. No engaña. Lleva tiempo soltándose y sus declaraciones son de padre y muy señor mío. Tanta sinceridad le comporta que lo vapuleen en Twitter. Él se enfada, porque le parece injusto, pero es que algunas de las cosas que ahora confiesa ponen de muy mal humor al independentismo de base que solo tiene las redes sociales para expresar su opinión. Y una de las perlas que ha ofrecido el antiguo portavoz republicano en las Cortes es que el PSOE se está cobrando los indultos con los votos favorables de Esquerra a decretos y leyes que minan el autogobierno. No es que Esquerra se haya abrazado a una mesa de diálogo que tan solo está puesta aparentemente, es que en Madrid es el partido aliado de una coalición tóxica para Catalunya. Como se ha podido comprobar, del mismo modo que no resuelve el expolio fiscal (que ahora es de 20.196 millones de euros; o sea, un 8,5 % del PIB), el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz te arrebata competencias en materia de emergencias o aprueba una ley de la Ciencia que convertirá la ley catalana que todavía se tiene que aprobar en un mero reglamento para contentar a los políticos de aquí. Es como la incongruencia que el precio de los medicamentos lo fije el Ministerio de Sanidad, que tiene un edificio más imponente que competencias, y que sea la Generalitat la que pague las facturas. Es bonito ver como el PDeCAT y Esquerra votan lo mismo en Madrid. Puesto que los unos son de derechas y los otros de izquierdas, el sentido del voto no debe de ser ideológico, sino que responde al gran condicionante que señala Tardà: el justo precio para recompensar la libertad vigilada de los presos.

El PSOE se está cobrando los indultos con los votos favorables de Esquerra a decretos y leyes que minan el autogobierno. No es que Esquerra se haya abrazado a una mesa de diálogo que tan solo está puesta aparentemente, es que en Madrid es el partido aliado de una coalición tóxica para Catalunya

3. La degradación institucional. La mayoría de la gente cree que las instituciones catalanas están cada día más en crisis. Los unionistas culpan a los independentistas de la degradación institucional, olvidándose, claro está, de la represión (el último recordatorio es la resolución de la ONU sobre la suspensión arbitraria de los diputados independentistas), y de todo lo que acabo de contarles. Aun así, en parte los unionistas tienen razón. La coalición que eligió president a Pere Aragonès dejó de existir el año pasado, cuando el conseller más de derechas del Govern, Jaume Giró, pactó los presupuestos con los comunes. Pero es que desde la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament, la coalición gubernamental es un decorado. La gestión, digamos, administrativa del Govern es un desastre y esta coalición no satisface ni a los independentistas, porque es obvio que nadie está dispuesto a mover un dedo en esta dirección, ni a los posibilistas que querrían ver cómo el gobierno autonómico es capaz de tener un proyecto, aunque solo fuera uno, que hiciera avanzar el país. El gobierno Aragonès es errático (y la muestra es poner y sacar una hora en la enseñanza porque sí). Esto no quiere decir que Esquerra no acabe superando a Junts. En una coyuntura como la actual, los socialistas están en condiciones de ganar las próximas elecciones por incomparecencia del contrincante. Junts no es una alternativa en ninguna parte, más allá de la “reserva” convergente en algunas alcaldías del interior, pero Esquerra sin un acuerdo con Junts (o en una Catalunya independiente) siempre será la segunda camiseta del PSC-PSOE. Si Catalunya dispusiera de líderes fuertes y valientes, ahora mismo habría que cambiar el Govern y buscar savia nueva que aportara ideas y espíritu reformista.

4. La corrupción de la democracia. No es que me regocije con ello, aunque es obvio que cada partido tiene un buen lío. Ahora es el turno del PSC-PSOE. Este verano hemos sabido que la Fiscalía Europea ha decidido abrir una investigación para ver si hubo prevaricación y malversación de fondos europeos en la compra por parte del Ministerio de Sanidad, cuando Salvador Illa era el ministro. Las fiscales europeas delegadas Laura Pellón y Olga Muñoz sospechan que el precio de 500.000 batas desechables compradas por el Ministerio a una empresa textil china a primeros de la pandemia “habría sido notoriamente superior al de mercado”. Según parece, el sobrecoste fue de once millones de euros. No es poca cosa, comparándolo con los contratos que Laura Borràs supuestamente fraccionó y que le han costado la presidencia del Parlament. La compra de las batas se pagó íntegramente con fondos europeos, los fondos FEDER, y fue el Grupo Parlamentario Popular de Madrid el que llevó el caso a Anticorrupción en abril de 2022. No sé si Salvador Illa será imputado por eso — y si lo fuera, ¿quién pediría la inhabilitación previa? —, pero tengo claro que la utilización política de los presuntos casos de corrupción no es únicamente la expresión de un sectarismo llevado al límite, sino que es el terreno abonado para facilitar que la extrema derecha avance a toda máquina. Estén atentos a lo que pueda ocurrir en Italia el 25 de este mes. La democracia está en peligro en todas partes y los dinamiteros son gente tan mezquina como algunos políticos que se cuelgan el hashtag de pragmáticos.