"No habrá amnistía"
(Salvador Illa en múltiples ocasiones, 2021-2022)
El pronunciamiento histórico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) constituye la más brutal enmienda a la totalidad respecto a la arquitectura judicial del Estado español desde el comienzo del conflicto catalán. Cuando Luxemburgo dicta, con claridad meridiana, que la ley de amnistía no vulnera un solo milímetro del derecho europeo, lo que está haciendo es desmontar de raíz la estrategia del sabotaje institucional diseñada desde las terminales del españolismo. El TJUE no solo valida la norma legal emanada del Congreso de los Diputados, sino que reconoce de manera explícita la necesidad de una restauración —o sanación— política, para dar cauce a los graves conflictos institucionales que generó la represión judicial española del procés. Es decir, reconoce la previa existencia de un lawfare de manual, como ha afirmado el profesor y abogado catalán Jaume Alonso-Cuevillas (UB).
Este reconocimiento de la cúpula judicial europea pone el foco en la incalificable ofensiva judicial que los líderes independentistas sufrieron y siguen sufriendo a manos de un sector de la magistratura captado por el activismo político del españolismo de derechas.
La contundencia de los argumentos jurídicos del TJUE ha destruido los tres grandes valladares que el españolismo judicial intentaba exportar a Europa, ya que Luxemburgo ha determinado que:
i) no hay terrorismo sin violaciones graves de derechos humanos, por lo que los hechos de 2017, 2018 y 2019 son totalmente amnistiables;
ii) los intereses financieros de la Unión Europea (UE) no fueron dañados por ninguna actuación del procés, y
iii) la ley de la amnistía se ajusta a los principios de igualdad y seguridad jurídica.
Ante este dictamen inapelable, la persistencia en el rechazo por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas deja de ser una legítima discrepancia interpretativa para ubicarse, con peligrosa claridad, en la misma linde —cuando no con un pie dentro— de la prevaricación judicial. Cuando el TS se empeña —a pesar del nítido pronunciamiento del TJUE— en la existencia de un "enriquecimiento patrimonial personal" para no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont y a los consellers exiliados, no está haciendo justicia, sino falsear arbitrariamente el derecho para fabricar una impunidad ejecutiva con la que sostener sus propios prejuicios políticos. Lo mismo cabe decir de las orquestadas maniobras de dilación del Tribunal de Cuentas, convertido en un órgano de venganza patrimonial y persecución financiera civil al margen de las garantías constitucionales, no solo contra el president Puigdemont y sus consellers y conselleras, sino contra el president Mas y los miembros de su gobierno, la vicepresidenta Ortega, el conseller Homs y la consellera Rigau.
Esta rebeldía institucional frente a la primacía del derecho europeo pone en riesgo directo la legitimidad internacional de todo el sistema judicial español
Esta rebeldía institucional frente a la primacía del derecho europeo pone en riesgo directo la legitimidad internacional de todo el sistema judicial español. De ahí que el Tribunal Constitucional (TC) no pueda seguir mirando hacia otro lado. La gravedad de la situación exige que actúe con urgencia máxima y de manera inmediata. No vale ninguna excusa y mucho menos las vacaciones de verano. El TC, incluso si es preciso a través de su Sala de Vacaciones, tiene la obligación constitucional y ciudadana de reunirse con urgencia para proveer la rápida decisión de los recursos de amparo pendientes y, en la justa medida que corresponda y conforme a la situación objetiva de los recurrentes, decidir la suspensión cautelarísima de todas las medidas restrictivas de libertad —órdenes de detención estatales— que todavía pesan sobre el president Puigdemont y el resto de exiliados.
Cada día que transcurre con la amenaza de que Carles Puigdemont sea detenido ilegalmente por orden del TS es un día más de desacato a la jurisprudencia vinculante del TJUE y de burla a las instituciones democráticas. El balance final de este recorrido es la constatación de una muy grave derrota del Estado de derecho español en el escenario internacional. Durante años, las estructuras más rígidas del poder españolista creyeron que el principio de la sagrada unidad del Estado quedaba por encima de los derechos civiles y de la propia separación de poderes, confundiendo el derecho con la fuerza del aparato estatal.
El TJUE les acaba de recordar que en la UE la obediencia al derecho no es negociable ante las pulsiones de ese españolismo que —a pesar de todo— todavía coloniza el deep state.
La estrategia de usar la toga para corregir la soberanía del legislativo y anular una amnistía exigida por elementales razones de convivencia política ante la agresión del lawfare, ha fracasado de manera muy evidente. Y Catalunya ha vencido a la intimidación tramposa.