El cartel institucional de la Diada Nacional de Catalunya de este 2018 es de parte. Desde luego. Además de institucional, es reivindicativo. Y transgresor. Y subversivo. Y casi de otra época, de un pasado de injustícia que a muchos se les antojaba irrepetible. Y, en la España de hoy, el cartel de la Diada podría ser incluso considerado ilegal y los responsables de elaborarlo y difundirlo podrían ser llamados ante el juez. El cartel presenta las cuatro barras del escudo de Catalunya cubiertas por cinta adhesiva, de color gris metalizado, lo que las transforma, visualmente, en cuatro barrotes. El rojo de los cuatro pilares que distinguen al escudo y la bandera de Catalunya y los territorios de la antigua Corona de Aragón se intuye en el extremo inferior de la cuarta barra, donde la cinta ha sido en parte despegada en una clara invitación a quitarla. El color del fondo, el amarillo, el que recuerda a los presos políticos y exiliados, coincide también con el del escudo y la histórica bandera catalana y de los territorios —Aragón, el País Valencià i las Illes Balears— asimilados a las leyes de Castilla; en el caso del Principat, definitivamente con la caída de Barcelona ante las tropas borbónicas el 11 de septiembre de 1714.
El Estado español se fundó sobre una violencia antigua, lo cual no es ninguna novedad ni en el contexto europeo ni universal, desde luego. Pero sí lo es que, en pleno siglo XXI y en la Europa occidental y democrática, pretenda sostenerse y legitimar su continuidad sobre el mismo fundamento, sobre la fuerza. Esa es la lección, el gran y terrible descubrimiento propiciado por la revolución catalana, independentista, pero también republicana, y radicalmente democrática, que vivió ahora hace un año sus episodios clave. Esa es la gran máscara que rodó por la cubierta de la nave mientras rugía la tempestad. La revolución independentista dejó la triste verdad de las insuficiencias de la democracia española a la intemperie y ahí es donde aprieta el zapato. Y así como se ha dicho que toda la filosofía occidental es un apunte a pie de página de las obras de Platón, ya sea La república o El banquete o cualquiera de los Diálogos, todas las violencias desatadas contra el independentismo por el conglomerado institucional, judicial, político y mediático español —la última, la patética ofensiva ultra contra los lazos amarillos— cuelgan de esa verdad, de la misma panoplia de lo infrademocrático.
Catalunya fracasó en su intento de convertirse en república soberana, pero España evidenció una vez más ante la historia la persistencia de su gen autoritario, la filiación fascista de su 'milagro' democrático
Los responsables de las instituciones catalanas intentaron hace un año llevar al país a la independencia o lo más cerca posible, y las instituciones españolas respondieron —y frustraron el plan— implantando un vergonzoso estado de excepción encubierto en una parte de su territorio “nacional”, la más dinámica desde el punto de vista político, económico, social y cultural; para muchos catalanes, la gran ubre de la que en parte se sigue nutriendo España. Catalunya fracasó en su intento de convertirse en república soberana, pero España evidenció una vez más ante la historia la persistencia de su gen autoritario, la filiación fascista de su "milagro" democrático. He ahí la prueba del algodón que no supera la democracia española ahora que se van a cumplir 40 años de la Constitución. Y de ahí que a Pedro Sánchez —inesperado beneficiario político de la revolución catalana— le hayan entrado de repente todas las prisas por exhumar la momia de Francisco Franco del infame mausoleo que la acoge. El intento de blanquear de nuevo el sepulcro no del dictador, sino del régimen del 78, es claro como el agua clara.
El cartel de la Diada de este año es un cartel de parte. Pone el dedo en la llaga de una realidad sangrante: pronto hará un año que la práctica totalidad del gobierno democrático de Catalunya que lideraban Carles Puigdemont y Oriol Junqueras está en la prisión preventiva o en el exilio. Todas las acusaciones que se vierten sobre ellos están por demostrar. Pero todo indica que ya han sido condenados sin ni tan siquiera haberse iniciado aún el juicio. Esos dirigentes intentaron llevar a puerto el mandato de la calle, cierto, de los centenares de miles de personas que cada Diada, como volverá a suceder este martes, han reclamado de manera pacífica y continuada el derecho de toda la ciudadanía catalana —incluso la que dio apoyo a la represión contra sus conciudadanos indepes— a decidir su futuro político. El mandato de la calle, las grandes movilizaciones populares de la historia, han hecho avanzar tanto la libertad y la democracia y los derechos de amplias mayorías (trabajadores), de supuestas minorías (negros) o de presuntos ciudadanos de segunda (mujeres) como las proposiciones de ley y los debates parlamentarios. Otra cosa es que Franco muriese en la cama y que en España la transición democrática no pasara en realidad de transacción, como decía el malogrado historiador Josep Fontana. Hay que ser un poco menos hipócrita incluso si el independentismo catalán exagera cuando saca a colación la prisión de Mandela o la marcha sobre Washington de Martin Luther King. La historia de la libertad es un tapiz que se teje cada día a base de grandes, medianas y pequeñas luchas por los derechos individuales y colectivos. Y esos dirigentes a los que alude el cartel de la Diada, en fin, representan al casi 50% de los catalanes que han votado a formaciones independentistas en el Parlament —la última vez, en unas elecciones convocadas por el gobierno de Madrid con la Generalitat intervenida mediante el 155— y a la mayoría absoluta parlamentaria surgida de ellas.
Los políticos catalanes presos son presos políticos de manual porque también representan a los centenares de miles de ciudadanos que optaron por el sí en la consulta del 9-N del 2014 y el referéndum del 1-O del 2017 desafiando en las urnas a todo un Estado. Fueron dos convocatorias a las urnas impulsadas por los gobiernos de Mas, primero, y Puigdemont-Junqueras, después, que cualquier país democrático serio consideraría meros actos políticos sin consecuencias jurídicas y, por ello, no punibles. De hecho, así los considera la propia legislación española, desde que el 2010 las Cortes destipificaron penalmente la convocatoria “ilegal” de referéndums. Lo certifica el PP de Pablo Casado, el partido bajo cuyo gobierno se activó toda la maquinaria del Estado contra el independentismo catalán, al proponer ahora la reintroducción en el Código Penal de la “sedición impropia” y los referéndums "ilegales". O el actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, cuando anunciaba en mayo que promovería una reforma para adecuar el delito de “rebelión” en el Código Penal a la situación vivida en Catalunya. ¿Llegarán estas reformas legales que proponen el PP y el PSOE a tiempo de las previstas condenas para los líderes independentistas o esa sincronización entre los poderes legislativo y judicial no será necesaria? ¿O quizás se está pidiendo que el independentismo se ponga de perfil si sus líderes son condenados por delitos que ni tan siquiera figuran en el Código Penal español porque así lo exige el emérito, su hijo y la portera del Estado profundo y aquí paz y después gloria? ¿En esto consiste el pacto i qui dia passa quaranta anys més empeny?
Se está pidiendo al independentismo que se ponga de perfil si sus líderes son condenados por delitos que ni tan siquiera figuran en el Código Penal español y aquí paz y después gloria
Y, en fin, ¿se imaginan que el gobierno de Quim Torra ignorase todo ello en esta Diada? Y, pese a todo, ese cartel de parte no solo se dirige a los independentistas. Discrepo de quienes dicen que esto ya no va de independencia, sino de democracia. Para mí y para el 80% de la ciudadanía catalana que, según todas las encuestas, pide un referéndum pactado, a la escocesa, ambas cuestiones son las dos caras de la misma moneda o no son. Por eso, cualquier persona política y cívicamente honesta, cualquier demócrata, debería sentirse interpelado por ese cartel de barras tapadas por barrotes, comparta o no la aspiración a una Catalunya independiente. Incluso los que están en contra del referéndum deberían sentirse interpelados. Aunque les dé miedo, cosa muy lógica, el referéndum es la última oportunidad que les da la historia a los defensores del statu quo para validar democráticamente la continuidad de Catalunya en España.
El cartel de la Diada, que ciertamente es de parte, debería interpelar, sin embargo, a todo el mundo. A menos que se considere, claro está, que Junqueras, los consellers, los Jordis y todos los demás merecen pasar la Diada entre barrotes o a miles de quilómetros de distancia, que al final viene a ser lo mismo, porque algo habrán hecho. Este es el mecanismo y el dispositivo discursivo que mantuvo en el poder a la dictadura de Franco durante 40 años: algo habrán hecho. Eso fue lo que legitimó o disculpó la represión y, a la postre, explica el grado de consentimiento social del régimen por activa o por pasiva.
Ojalá que ese cartel de la Diada, si no para hacernos más independientes, nos sirva para que seamos un poquito menos indiferentes hacia nuestro aquí y ahora. Buena Diada. Bona Diada.