Que mientras la comunidad educativa de Catalunya clama contra la política del Govern en materia de enseñanza la principal preocupación del president de la Generalitat, Salvador Illa, haya sido la suerte de los integrantes de la Global Sumud Flotilla interceptados por el ejército de Israel cuando iban hacia Gaza, se supone que para llevar ayuda humanitaria, lo dice todo del nivel de los gobernantes que tiene el país. Catalunya tiene incendios abiertos, y no precisamente menores, en muchos frentes, como en el sector educativo, en el mundo sanitario, en la red del transporte público de Rodalies, en el retroceso alarmante del uso de la lengua catalana o en el aumento exponencial de la inseguridad ciudadana, pero resulta que el líder del PSC ha gastado las energías en interesarse por la situación de la flotilla y, lógicamente, en condenar a Israel, no en aportar soluciones a ninguno de los múltiples problemas que en estos momentos inquietan a los catalanes.

Al contrario, los socialistas son expertos a la hora de negar la realidad, de esconderla, de tergiversarla en función de su conveniencia, y el 133.º president de la Generalitat hace tiempo que trata con desdén las demandas del cuerpo central de la comunidad educativa, cuyo incumplimiento amenaza con llevar el sistema educativo de Catalunya al colapso en un final de curso muy movido. Las carencias en este sector no son nuevas, vienen de lejos, y la polémica en torno a la presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra en los institutos no es más, por mucho que vayan de paisano y desarmados, que la parte llamativa de una situación cada vez más grave. La idea podría parecer una ocurrencia, pero no, resulta que es una iniciativa de lo más seria del Govern —"Hay que innovar", ha justificado la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo— para tratar de resolver las consecuencias del clima conflictivo creciente que se produce cada vez con más intensidad en más centros educativos de todo el país.

Es cierto que la tensión entre alumnos, la falta de respeto, las amenazas, las agresiones verbales y en algunos casos también físicas al profesorado, y las prácticas sospechosas en torno a las escuelas han ido en aumento en los últimos tiempos, pero, a pesar de que algunas clases se han convertido en auténticas ollas a presión, también lo es que todas estas disfunciones no se resuelven con un policía en la puerta de cada aula. A la consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, le debe parecer una idea fantástica, pero la realidad es que el incremento de la conflictividad en escuelas e institutos es el reflejo de los problemas que hay en la sociedad y que, como no se resuelven adecuadamente cuando toca y donde toca, se acaban trasladando a otras esferas de la vida, en este caso a la educativa. Hay que actuar, pues, donde corresponde y no confundir los escenarios, porque lo que necesitan las escuelas catalanas no son agentes de la autoridad, sino más medios, más personal y los mejores docentes. La escuela enseña y quien educa es, en primer lugar, la familia. Pero justamente todo esto es lo que no parece que tenga claro el Govern de Salvador Illa, que, lejos de aportar soluciones, está consiguiendo incendiar aún más al sector.

De hecho, tan torpe es este Govern que, encima, ha infiltrado a agentes de los Mossos d'Esquadra en asambleas de docentes —por lo que parece más de una vez— y han sido descubiertos, con el consiguiente escándalo político que una mala práctica de estas características genera y que, por eso mismo, debería traducirse en la asunción de responsabilidades en forma de dimisiones. Por segunda vez en poco tiempo, la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policía, el mayor Josep Lluís Trapero, se han situado en el ojo del huracán, como ya ocurrió recientemente en el caso del activista encausado por haberse manifestado en contra de la presencia del rey de España en Montserrat, en el que ambos mintieron de manera manifiesta y reiterada. No hay nada que justifique que la policía catalana tenga carta blanca para vulnerar ninguno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero, por lo que se ve con todo esto, todavía no es suficiente para que se vayan, cosa que quizás también debería hacer la propia consellera de Educació. ¿Habrá que esperar, pues, a que se pongan una tercera vez en evidencia o es que al exalcalde de La Roca del Vallès ya le va bien que así se vaya degradando la imagen de los Mossos d'Esquadra?

El caso es que, en medio de toda esta polémica, el rechazo a la presencia de policías en los institutos ha pasado a ser mayoritario dentro de la comunidad educativa y entre el resto de fuerzas políticas, y muchos de los centros —de momento la mitad— que de entrada se habían apuntado al plan piloto del Govern finalmente han acabado dando marcha atrás. A pesar de ello, ha sido el propio president de la Generalitat quien se ha mostrado más intransigente en defensa de la medida, hasta el punto de proclamar que no tenía ninguna intención de retroceder. No parece precisamente la mejor manera de encarar los problemas que hace tiempo que denuncia la comunidad educativa y que hasta ahora el Govern ha intentado ventilar con un acuerdo parcial con las centrales sindicales minoritarias en el sector de la enseñanza, UGT y CC. OO., que desprecia sistemáticamente al resto de sindicatos encabezados por la mayoritaria USTEC (Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya). Se trata de un acuerdo meramente partidista, en la medida en que UGT y CC. OO. han sido siempre las correas de transmisión, respectivamente, del PSC y del PSUC primero y de los Comuns después, hecho además en clave interna de reparto del poder sindical, y si el Govern creía que con ello quedaría todo resuelto, es obvio que se ha equivocado de todas todas, porque, si la USTEC no lo da por bueno, significa que el sistema educativo de Catalunya tiene un grave problema.

Ante la negativa del Departament d'Educació de escuchar sus reivindicaciones, a la USTEC no le ha quedado más remedio que convocar una serie de huelgas y protestas hasta final de curso, que ya se están llevando a cabo y que no auguran nada bueno, mientras en paralelo centenares de escuelas e institutos han amenazado con dejar de realizar excursiones y colonias el próximo curso. El país no puede permitirse tener un Govern inoperante en una materia tan trascendente como la educación, dado que de esta dependen las generaciones futuras. Los maestros consideran insostenible el nivel de exigencia que se les reclama sin que el esfuerzo vaya acompañado de mejoras estructurales, reales y efectivas en un sistema educativo que hace aguas. Las conclusiones de los informes PISA de los últimos años, que sitúan a los alumnos catalanes por debajo de la media de los países de la OCDE y a la cola de España en todas las materias evaluadas (matemáticas, ciencias y comprensión lectora), han sido demoledoras para Catalunya y son la demostración de que las cosas hace tiempo que se hacen mal.

Hace tiempo que el sistema educativo, con la excusa de no querer dejar a nadie atrás, se ha igualado, pero por abajo

Hace tiempo, efectivamente —y ahora se recogen los resultados—, que el sistema educativo, con la excusa de no querer dejar a nadie atrás, se ha igualado, pero por abajo, y eso ha hecho que el nivel empeorara de manera estrepitosa. Una dinámica que, en parte, ha sido provocada por la avalancha migratoria de los últimos años, que ha obligado a escolarizar a menores de procedencias muy diversas con grados de conocimientos muy diferentes que han lastrado la calidad, sobre todo, de la escuela pública. Y reconocerlo no es ninguna muestra ni de xenofobia ni de racismo ni de ninguna de las cosas que molestan a la ortodoxia woke, es una mera constatación de la realidad que hay que asumir si de verdad se le quiere poner remedio. A todo ello conviene añadir que, salvo en los primeros tiempos, la inmersión lingüística nunca se ha aplicado con firmeza y convicción, sino que ha sido una especie de manga ancha en la que todo ha valido, y algo así en un caso como el de Catalunya, en el que la lengua catalana vive perpetuamente amenazada, es nefasto para el sistema escolar.

El PSC es quien tiene ahora las riendas de la política educativa de Catalunya y es, por tanto, a quien le corresponde liderar la búsqueda de soluciones para superar la crisis que la afecta, movimiento que, sin embargo, queda patente que no realiza. Claro que el resto de partidos catalanes son también corresponsables de la situación actual, porque todos, en un momento u otro, o bien han estado directamente al frente del Departament d'Educació —CiU (ahora JxCat) y ERC— o bien han participado de las políticas que aplicaba —ICV (ahora Comuns)—, y todos han contribuido a deteriorar, por acción o por omisión, un sistema que costará dios y ayuda revertir. Esto sí es una crisis de país que necesita una solución de país, pero por ahora ninguna de las fuerzas políticas está a la altura de las circunstancias.