Tengo un amigo periodista que siempre me acusa de mentiroso. Es un profesional de cabo a rabo que haría el amor con el código deontológico de la profesión, si pudiera. Por eso, a menudo, me reprocha que aquello que diferencia sus artículos de los míos es que él nunca osaría jugar con la ficción y yo, en cambio, juego a hacer de novelista mientras engaño a los lectores de un diario. Como no soy periodista —ni tampoco un mentiroso, de viernes a miércoles—, hoy me he dado el gusto de enviarle un WhatsApp alertándolo de que por primera vez a la vida he conseguido una exclusiva: a partir del 2024, el catalán será un requisito obligatorio en todos los comercios. Me dice que no se lo cree, que ningún otro medio está hablando del tema y que me recomienda no publicarlo sin consultar antes con alguna fuente, pero lo mejor no solo es que no he tenido que trabajar mucho para acceder a esta información inédita, sino que he tenido acceso a la nueva Ley 13/2023 a partir de la fuente más fiable: el ordenador del conseller Roger Torrent, que el otro día en Sants hizo la cola para coger el AVE justo delante de mí. En el control de pasajeros ambos colocamos nuestros portátiles de la misma marca en dos bandejas diferentes —como también eran diferentes las dos bandejas con nuestros dos abrigos largos idénticos—, pero a la hora de recoger los ordenadores, por error, yo me quedé el suyo y él se quedó el mío.

Cuando me senté en mi butaca e intenté encenderlo, lógicamente me quedé de piedra al toparme con la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia de Sarrià de Ter como fondo de pantalla. Nervioso y angustiado ante aquel evidente cambiazo, antes de recorrer todo el tren en busca de mi portátil, decidí echar un vistazo al montón de papeles que había entre el teclado y el monitor. Parecía un borrador lleno de garabatos, pero al leer la primera frase que encabezaba el texto flipé. "Ha llegado la hora de que los catalanes, si no somos atendidos en nuestra lengua, tengamos el derecho de no pagar", me parece que decía. Con el corazón a cien por hora, seguí leyendo hasta darme cuenta de que en las manos tenía el discurso que el conseller Roger Torrent pronunciaría en el Parlament de Catalunya después de la aprobación de la nueva Ley del consumo 13/2023. De repente me sentí más periodista que nunca —aunque también un poco espía secreto haciendo un Pegasus analógico— y decidí capturar con el móvil unas fotos de cada página. Volví a dejar los papeles donde estaban, cerré la pantalla del ordenador y cuando por fin encontré al conseller en el vagón-cafetería, automáticamente le devolví el portátil intentando disimular la excitación de quien acaba de conseguir información valiosa, pero un asesor de su equipo sospechó de mí y me preguntó, tenso, si había leído aquellos papeles. No, no llevo las gafas, dije mintiendo por primera y penúltima vez en la vida, antes de volver a mi butaca.

Lo tenía que hacer, por seguridad personal, ya que la nueva ley del consumo traerá cola. Si no leí mal el documento que tuve en las manos, el Govern ha conseguido ya los apoyos parlamentarios necesarios con el fin de tirarla adelante y hacer que entre en vigor el 1 de marzo. Aparte de algunos pequeños cambios con respecto a la Ley 22/2020 del año 2010, la gran novedad es que el nuevo código de consumo permitirá no pagar a los clientes que no sean atendidos en catalán. En el afán por dotar de sentido el término "oficial" que acompaña a la lengua catalana, que es lengua "oficial" de Catalunya según el Estatut, eso será así en todos los establecimientos comerciales y de servicios, da igual que sea un taxi, que el dentista o el Leroy Merlín cuando pides un 'tornavís' y te preguntan ¿eso qué es?, tenía escrito el conseller en su texto, si mal no recuerdo, dónde se argumentaban los puntos fuertes de la nueva normativa: todo el mundo en Catalunya tendrá que asegurar la atención en lengua catalana a los consumidores. "En caso de que dicho extremo no se cumpla, ya sea por desconocimiento del idioma o por poca voluntad de utilizarlo", me pareció que decía el texto, "los clientes podrán disfrutar del servicio o comprar los productos que deseen sin pagar, siempre que registren sonora o audiovisualmente los comercios dónde se infringe la ley".

Debo confesar que es un honor ser el articulista que ofrece esta noticia en exclusiva, ya que la pasión por la lengua es el motor que me ha empujado a escribir desde joven. Más allá de un nuevo código de consumo, la ley será la mayor campaña de fomento del catalán de todos los tiempos. De repente, todos los expats del Poblenou se apresurarán a saber qué es la 'mantega', los 'ous' o las 'pomes' con el fin de intentar hacer la compra sin pagar en cualquier supermercado Veritas, por ejemplo. También muchos camareros aprenderán a diferenciar un 'cafè amb llet' d'un 'café amb gel', de un día para el otro, por el mero hecho de que querrán cobrar el euro y medio que les cuesta servirlo. Al igual que hace años que el Consorci per la Normalització Lingüística ya hace cursos especiales de catalán para taxistas pakistaníes, el Govern dará una inyección presupuestaria para abrir cursos de catalán para adultos en todos los pueblos de Catalunya y permitir, así, que los ciudadanos de Catalunya que hasta hoy no han creído oportuno hablar la lengua del país, en escasos tres meses de cursillo exprés, lo tengan más fácil que nunca para adaptarse a la ley y no sufrir pérdidas económicas en caso de tener un negocio. El efecto dominó, de hecho, hará que gente escolarizada en Catalunya y que hasta hoy no se dignaba ni a decir 'bon dia' se aventure, de repente, a hablar en catalán en todas partes, con el fin de consumir gratis. Según mis cálculos, dentro de medio año en nuestro país ya solo habrá gente haciendo un 'sinpa' en los bares donde te atiendan en catalán, ya que en los demás, el 'sinpa' será automático. Y, además, autorizado según la ley.

Es curioso que hayamos tardado más de un siglo en descifrar correctamente aquel vaticinio de Francesc Pujols según el cual, algún día, los catalanes iremos por el mundo y lo tendremos todo pagado. No iba mal encaminado, ciertamente. Lo único que hacía falta era desacomplejarnos, dejar de sentirnos culpables por pretender vivir en nuestra lengua en nuestra casa y darnos cuenta de una cosa bien sencilla: si voy a hacer de lampista a París y no hago el esfuerzo de hablar francés, la clienta que tiene un escape de agua no me pagará; si voy a trabajar de camarero a Roma y no hablo italiano, difícilmente podré cobrar la cuenta en una mesa; si voy a regentar una tienda de música a Londres y no hablo inglés, ni siquiera el rudo boy más enrollado de Brick Lane me pagará cuando le diga que el disco son 'veinticinco' pounds. Catalunya es el único lugar del mundo donde está mal visto reclamar los derechos lingüísticos que otorga una de sus tres lenguas oficiales, por eso la medida del Govern traerá cola, ya que confronta el derecho de los comerciantes a hablar solo en castellano —una de las lenguas oficiales, según el Estatut—, pero también el derecho de los consumidores a hablar solo en catalán. ¿Cuál pesa más? Quien paga, manda, le digo a mi amigo periodista cuándo me responde el WhatsApp diciéndome que es imposible que el Govern apruebe una ley así de restrictiva y tan exageradamente proteccionista con la lengua. No te falta razón, es verdad, le digo. También es verdad que soy un mentiroso y que todo este artículo, de cabo a rabo, no es nada más que una prueba fehaciente de aquello de lo que él siempre me acusa: jugar con la ficción y hacer de novelista, engañando a los lectores de un diario. Hacerlo hoy, 28 de diciembre, es un pecado justificable. Tener que pedir perdón cada día por vivir en catalán en Catalunya, en cambio, no.