Los alcaldes de Vic (Junts), Mataró (PSC) y Manresa (ERC) intervinieron el viernes en El Matí de Catalunya Ràdio y -en solo dos minutos- los tres expusieron los principales problemas en los que actualmente se enfrentan sus municipios. Si el director del programa, Ricard Ustrell, no hubiera dicho ni su nombre ni el de su ciudad, los tres discursos habrían sido intercambiables y no habríamos distinguido el uno del otro: los tres destacaron que les preocupa la vivienda, la seguridad y, en general, el colapso de unos servicios públicos de los que -por otra parte- en la mayoría casos no tienen competencia porque lo son de la Generalitat o del Gobierno. Y en lo que a las causas se refiere, también coincidían que sus poblaciones habían aumentado de manera abrupta y que este incremento de los empadronados sigue en ascenso.

En el caso de Manresa, su alcalde, Marc Aloy, explicó que en veinte años la ciudad ha pasado de 60.000 habitantes en 80.000, en un paralelismo proporcional a lo qué le ha pasado a la Catalunya de los seis millones que ahora es la de ocho. Añadió que de estos 80.000 ciudadanos más de un 20% es de origen extranjero y acto seguido concluyó que, también en su municipio, el estado del bienestar "entra en colapso". ¿Es Marc Aloy d'Esquerra Republicana, racista? Diría que no. De hecho, tanto Albert Castillos (Vic, Junts) como David Boté (Mataró, PSC), hicieron lecturas similares y -los tres- explicaron casos de personas que han sido detenidas decenas de veces pero que no han pasado por la prisión porque la legislación actual no aborda la multirreincidencia de manera efectiva.

¿Si Catalunya tiene competencias en enseñanza, sanidad y seguridad, por qué no en inmigración?

Pero es que también esta semana, Alberto Núñez Feijóo ha planteado su política de inmigración en caso de que sea presidente español. Propuso expulsar a los inmigrantes irregulares que cometan delitos sexuales pero al lado de esta idea añadió que un gobierno del PP favorecería a las personas "culturalmente próximas" y que concretó en una "discriminación positiva de la hispanidad", que traducido quiere decir menos inmigrantes magrebíes y más latinoamericanos, porque con la lengua y la cultura cristiana ya vienen medio integrados de casa. Este intento de selección se puede hacer a través de aquello que se llama contratación en origen. Y eso es exactamente lo qué se había planteado esta semana para que la Generalitat hiciera lo mismo con las personas que llegan a Catalunya.

Pero eso no será posible -de momento- porque Podemos ha roto el cordón sanitario con Vox y, junto con el PP, los tres han decidido que Catalunya no está lo bastante madura o lo bastante pacificada para que pueda asumir las competencias en inmigración. La Generalitat las tiene en enseñanza, en sanidad, en seguridad ciudadana y en una parte de asistencia social. Son los cuatro pilares del estado del bienestar de que todo el mundo coincide en señalar -como los tres alcaldes de Junts, el PSC y ERC- que están más afectados por el aumento repentino de población. Si eso es así, resulta bastante lógico que también en inmigración la Generalitat pueda tomar decisiones que ayuden a regular el embrollo. Y en el caso catalán, además, hay que añadir sin manías ni embudos, la lengua. Y más, si, como plantea la versión 2.0 del sueño de Aznar, Feijóo consigue centrar la inmigración en unas personas latinoamericanas que consideran que con el castellano ya tienen lo suficiente para sentirse integradas en Catalunya. Y este es el elemento clave: Catalunya se puede permitir -como nación- no tener capacidad decisión en la gestión de las personas que llegan?. Con más o menos entusiasmo, el PSC, Comuns, ERC y Junts (40 de los 48 diputados que Catalunya tiene en el Congreso) lo tienen claro. Aquí se vislumbra un consenso de país muy difícil en otros ámbitos. Y es en este punto donde todo el mundo tendría que tener claro que hacer este planteamiento no es ser racista. Porque si todo el mundo acaba siendo acusado de racista, al final no sabremos distinguir a los racistas de verdad.