El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional aunque lo parezca cuando se habla de él como "el gobierno de los jueces". Es un órgano de carácter administrativo que fue creado en base al artículo 122 de la Constitución española en un momento en el que, al crearse el Tribunal Constitucional, era necesario llevar a cabo los nombramientos de sus miembros. 

Es una de las funciones que tiene encomendadas: ascensos, nombramientos de jueces, medidas disciplinarias y formación entre otras. O sea, que tiene poder a la hora de decidir a quién se pone al frente de los tribunales y salas. Y yo me pregunto que, si en un estado democrático y de derecho los jueces son independientes, ¿por qué no se nombran los cargos por sorteo entre toda la judicatura? Incluido el propio "gobierno de los jueces", el Consejo General del Poder Judicial. 

Me cuesta entender que la independencia tan nombrada sea plena cuando estamos presenciando esta batalla salvaje por renovar a los miembros del gobierno de los jueces. Si los que administran la justicia no se ven influidos por criterios políticos, ¿cómo es posible que por decisión política de Pablo Casado no se pueda llevar a cabo la reforma de los miembros desde 2018?

Se supone que los veinte miembros vocales del CGPJ son elegidos por el Congreso y por el Senado. Una parte de ellos, 12 concretamente, deben ser jueces o magistrados que a su vez vengan de alguna manera avalados o respaldados por asociaciones de juristas. Los otros ocho son profesionales del ámbito del Derecho con un reconocido prestigio. Esto del "reconocido prestigio" es una cosa que queda muy bien al decirse, pero que a la hora de la verdad, es un criterio subjetivo, pues lo que para uno puede ser motivo de honra, en este país puede ser todo lo contrario para otro. Es la "riqueza" de España: de las "dos Españas" tan clásicas. 

De los doce que se eligen por las Cortes, la norma establece que deben ser votados por 3/5 partes, tanto del Senado como del Congreso. Es la norma vigente que ha tenido modificaciones desde que se estableció en 1980. Se supone que con este modelo, se cuenta con la opinión de los jueces, puesto que la propuesta proviene de ellos (una de las normas que estuvo vigente establecía la presentación de un listado de 36 candidatos propuestos por los propios miembros de la judicatura). Después, los representantes de la ciudadanía son los que votan, saliendo adelante aquellos que mayor consenso consigan obtener. 

En base a este procedimiento, Pablo Casado y Pedro Sánchez habían llegado a un acuerdo para el nombramiento de los miembros del CGPJ que, desde el año 2018 tenía que haberse hecho. El mandato de sus miembros dura 5 años, por lo que, desde que fueron nombrados en 2013, habrían cumplido ya con este tiempo. La ley no prevé que puedan repetir en el cargo, y si bien es cierto que se prevé que puedan estar en funciones hasta que lleguen sus relevos, lo que está sucediendo en estos momentos es escandaloso. 

Como decía, Casado había llegado a un acuerdo con Sánchez. Él mismo ha subrayado que el acuerdo es entre el PSOE y el PP, que esto va de partidos y no de "gobierno y oposición". Sin embargo, a pesar de decir esto y afirmarlo varias veces, en el mes de agosto cambian las cosas. 

Juan Carlos de Borbón sale de España destino Emiratos Árabes. No, no he dado un salto y he cambiado de tema. Verá. 

En el momento en que el rey emérito se marcha, las tintas comienzan a cargarse contra sus supuestos delitos, contra su supuesta huida y contra todo lo que comienza a llegar desde la prensa internacional. Unidas Podemos es una de las formaciones políticas que protagoniza estas críticas, aunque no la única. Las fuerzas independentistas catalanas, vascas y otros grupos como Compromís o el BNGa suman sus fuerzas para exigir explicaciones. En frente se sitúan PP, Vox y Ciudadanos. Y el PSOE intentando hacer equilibrios, porque se supone que es republicano, pero no se sabe exactamente cuánto. Y tratando de hacer cabriolas, sale por peteneras con aquello de que esta monarquía que tenemos representa perfectamente los valores de la república. Al apretarle un poco más, el PSOE se opone, junto al PP y VOX a abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre los escándalos de la familia real, y concretamente los del rey emérito. 

Como señalaba más arriba, Casado considera que su pacto sobre la renovación de los miembros del CGPJ es con el PSOE. Sin embargo, lo rompe en agosto porque Podemos critica al rey emérito, entre otras cosas (por criticar al Poder Judicial, por pactar con los independentistas, por estar imputados por financiación irregular....). Este punto no queda del todo claro, porque mientras asegura que de Podemos no quiere saber nada, y que su pacto es con el PSOE, al mismo tiempo utiliza a Podemos para romperlo. Pero nos deja una pista: la crítica al rey emérito hace que Casado decida bloquear la renovación del gobierno de los jueces, una cuestión que viene marcada por la ley, incluso por la propia Constitución. 

Por resumir: por "proteger" al emérito ante las críticas que lo señalan al haber llevado a cabo unos supuestos actos irregulares cometidos ya sin inmunidad, Casado, líder del partido político Popular, decide bloquear el cumplimiento de la ley para que los jueces puedan actuar de manera absolutamente independiente. 

La oposición, que bloquea el cumplimiento de la ley, para proteger al que fuera jefe de Estado y que habría actuado supuestamente de manera contraria a la ley.

La reacción por parte del Gobierno ha sido plantear una modificación de las normas establecidas para hacer los nombramientos, en vista de que Casado no está por la labor de hacer lo que le correspondería. Por este motivo se plantea que en lugar de ser 3/5 de las Cortes las que hagan la votación, sean la mitad más uno de sus miembros, algo que desbloquearía la situación en la que se encuentran ahora mismo.  

Y mientras tanto, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que fue puesto al frente del gobierno de los jueces durante el gobierno del Partido Popular y que venía de tener puestos de responsabilidad bajo mandatos de esta misma formación, se ha dedicado a hacer nombramientos estando en funciones. Algo que, en base a la ley puede hacer, pero que en base a la elegancia quizás sea cuestionable. Sobre todo porque con algunos de los nombramientos que se han llevado a cabo no habrá vuelta de hoja: las presidencias de sala de tribunales como el Supremo se ostentan hasta la jubilación, por lo que hasta dentro de veinte años alguno seguirá ahí sin posibilidad de ser cambiado —en base a la ley actual. 

Queda raro que Lesmes no deje de funcionar como si no estuviera en funciones. Y por eso esta semana, desde el Gobierno han puesto en marcha una propuesta legislativa para que esto no pueda suceder nunca más. Para que la ley no ampare que este órgano en funciones pueda seguir actuando como si tal cosa.  

¿Cuál ha sido la respuesta de Lesmes ante esta iniciativa del Gobierno? Seguir nombrando jueces. Más madera. 

Todo esto genera muchas dudas en mí: ¿por qué tanto jaleo con el nombramiento de los jueces si se supone que son independientes y que da lo mismo quien juzgue si lo que tiene que hacer es aplicar la ley? ¿Dónde está el problema si la ley es la misma para todos y se aplica a todos por igual? Si todos los jueces y magistrados son personas absolutamente independientes de criterios y cuestiones políticas, ¿por qué hay tanto afán por presidir tribunales, salas y formar consejos?

Seguro que estoy muy equivocada, pero todo esto que estamos viendo pudiera dar la sensación de que la política y los jueces están mucho más vinculados de lo que una democracia y un estado de derecho debería permitir. Con la decisión de Pablo Casado, no dejo de pensar una y otra vez en la imagen del rey inaugurando cada año judicial. Los últimos siete siempre junto a Lesmes. Y seguramente sea casualidad, pero podría dar la sensación de que lo que estamos viendo pareciera un blindaje a la monarquía utilizando a los jueces como escudo. Seguro que no es así, porque de serlo, sería una barbaridad, algo absolutamente contrario a la independencia judicial, a la aplicación de la ley a todos por igual y al imperio de la ley del que hablaba el rey Felipe VI cuando decía que estaba sobre la propia democracia. 

En conclusión, lo que está sucediendo con el Consejo General del Poder Judicial, con los nombramientos, con su procedimiento, con el bloqueo, con los argumentos para torpedearlo es de tal magnitud y gravedad que precisamente por ello no es de extrañar que prácticamente nadie se esté enterando de nada. 

Es lo que suele pasar cuando suceden cosas muy graves, que a todos les da por hablar de fútbol.