Parodio el título de la gran peli, cuando menos entonces, de Steven Soderbergh, de 1989. De sexo, nada; pero de mentiras y cintas de vídeo, un montón.
Esta semana se ha puesto de manifiesto lo que los profesionales del derecho saben en su día a día: que los atestados policiales demasiadas veces pertenecen al género de la literatura fantástica. Lo pudimos manifestar en vivo y en directo con las declaraciones de la Policía Judicial de la Guardia civil en Catalunya, encabezados por el teniente coronel Baena, en la red Tácito, en el juicio por el procés. Como decía el genial y peripatético Josh Lyman, en El ala oeste de la Casa Blanca, algunos personajes tienen una relación informal con la verdad.
En este contexto, más que legítima y nada retórica resulta la pregunta de Dolors Bassa al presidente Sánchez, preguntándole si ella y el resto de condenados por sedición son víctimas de informes de esta policía.
El A por ellos ha cambiado de destinatario pero se mantiene incólume el talante. Ahora es el 8-M, sólo el 8-M, ni el fútbol, ni Vista Alegre, ni los transportes públicos, quien ha contribuido a propagar la pandemia cuando todavía nadie hablaba de ella. El 8-M. ¿Por qué? Porque un gobierno moderadísimamente de izquierdas animó el 8-M; otro enemigo, el feminismo. Ni el uno ni el otro gustan al sistema que se cree el único depositario de las esencias: ni en los que han perdido reiteradamente el poder ni en los servidores de lo que parece que es el estado de verdad.
Esta debe de ser la razón por la que, de forma tosca, lo reconociera días atrás el presidente del gobierno: los titulares formales actuales del poder no quieren a la policía patriótica. Pero desengañémonos, la policía patriótica, o lo que es más claro y crudo, la policía política, no es una exclusiva de los que gobiernan en Madrid. Es una constante lo bastante universal, incluso en las democracias. Es un cáncer que la carcome por dentro y que sólo cuando hay políticos valientes, decididos y que saben lo que se llevan entre manos (las tres virtudes necesarias en este oficio) encuentran policías al servicio de la ciudadanía, de la justicia y de la democracia. No es el caso español. Todos sabemos de dónde viene la poca depuración practicada y las mutuas concesiones entre políticos y los administradores casi permanentes de los sistemas de seguridad: casi seguridad a cambio de casi impunidad.
Pero esta forma burda de alterar la realidad es demasiadas veces una constante que pega muy poco con lo que tienen que ser unos servicios de seguridad profesionales en una democracia. Ahora ya están curados de espantos. Lo mismo, sino peor, que cuando miraban hacia el otro lado, o que cuando aplaudían o desinfectaban sin parar.
En relación con los festivales de manipulaciones y distanciamientos de la realidad de los informes de la policía judicial de la Guardia Civil de Madrid a la búsqueda de responsables políticos por la fecha grabada a fuego del 8-M Ignacio Escolar, en otra lección de periodismo de datos, nos ha desnudado los atestados en los que el llamado servicio del instituto armado pretende imputar al gobierno monclovita, vía la manifestación feminista -sólo este hecho, no el mitin ultraderechista de Vista Alegre ni los partidos de fútbol ni los viajes en transporte público, por ejemplo- la propagación de la pandemia.
Un rosario de falsedades es el que integra el núcleo de los dos informes de la policía judicial madrileña que hemos conocido. Espero y deseo que, en el acto de ratificación de los sinstentidos y manipulaciones que manifiestan los escritos, sus autores, al ser interrogados por las defensas -¿qué harán la jueza y el fiscal?- recuperen la vergüenza poniéndose rojos hasta las raíces capilares y se depuren responsabilidades, disciplinarias y también penales.
En este terreno es más claro el Código Penal que unas complejas ordenanzas internas. Una lectura superficial del delito de falsedades en documento público -el atestado o cualquier informe de la policía lo es- cometidos por un funcionario público -cualquier miembro de la Guardia Civil lo es- no debe ser pasado por alto. Las penas en juego tampoco. El artículo 390. 1 del la ley penal no puede ser más clara. Hay antecedentes en abundancia.
La impunidad a la hora de chocar los fantasmagóricos deseos, propios o inducidos, con la realidad no tiene que continuar. Este es un buen momento para poner manos a la obra. La impunidad genera siempre más impunidad. En un estado social y democrático de derecho -¿verdad, constitucionalistas?- eso no se puede tolerar de ninguna de las maneras. Si se hace, la constitución desaparece: se hundiría todavía un poco más.