Por segunda vez en los últimos años, en un plazo relativamente corto, la Audiencia Nacional ha dado carpetazo al intento de la Fiscalía General del Estado de convertir la pitada al Rey en la final de la Copa de fútbol del pasado año que lleva su nombre, entre el F.C. Barcelona y el Athletic de Bilbao, en un acto de injurias al jefe del Estado, de apología del odio nacional y de ultraje a España. En esta ocasión, ha sido el magistrado Fernando Andreu quien, en un auto que vale la pena leer, defiende la libertad de expresión de los asistentes a un partido de fútbol e incluso señala, refiriéndose a la colocación de una pancarta que rezaba Good Bye Spain y una estelada frente al palco presidencial, que una crítica no es una acción delictiva.
El auto de Andreu no hace sino ratificar la posición que adoptó en 2009 el también magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y, curiosamente, con las mismas aficiones en el estadio que en 2015. Lo dijimos hace unos días y vale la pena volverlo a reseñar ahora: el permanente deseo de este gobierno del PP por judicializar hasta el más mínimo detalle cualquier actuación que afecte al gobierno catalán o también a la libertad de expresión o de actuación de los ámbitos políticos, culturales o deportivos soberanistas acaba desembocando en acciones que conducen al absurdo. El caso de la pitada en la final de la Copa del Rey es un ejemplo. El recurso de inconstitucionalidad de la conselleria d'Exteriors ante el TC, simplemente por lo que da a entender el nombre, es otro.
Cuando se convierten las ruedas de prensa del Consejo de Ministros en un pim-pam-pum contra el gobierno de la Generalitat a golpe de recursos semanales al TC no es que el Estado no esté en funciones, como se repite machaconamente desde Moncloa, sino más bien se impide que el Estado funcione.