El reconocimiento público del vicepresident del govern de la Generalitat entre 2006 y 2010, Josep Lluis Carod Rovira, de que contaba con pasaporte diplomático del Reino de España en sus viajes al extranjero -igual que su viceconsellera d'Exteriors Rosa Clavell y el president José Montilla- pone en evidencia hasta que punto es la política y no la persistente utilización del Tribunal Constitucional la clave para la solución de la gran mayoría de los litigios entre España y Catalunya. Carod Rovira ha estado oportuno con su confesión a Jordi Basté y ha puesto en evidencia al gobierno del PP: un ejecutivo español recurre al Tribunal Constitucional algo que gobiernos españoles anteriores consintieron simplemente por la presión política y mediática de la creación de una conselleria d'Exteriors por parte del president Puigdemont. El nombre si hace a la cosa aunque la diferencia entre viceconselleria y conselleria sea más simbólica que política y las competencias no varíen.
Lo cierto es que Catalunya ha hecho política exterior -también acción exterior- casi desde el mismo momento que se celebraron las primeras elecciones autonómicas en 1980. ¿O que eran si no las entrevistas con decenas de jefes de Estado que han celebrado en 35 años Jordi Pujol, Pasqual Maragall o José Montilla? ¿O que han sido si no los conflictos -intermitentes, según las necesidades políticas del gobierno español de turno- entre las embajadas españolas y los gabinetes de protocolo de la Presidencia de la Generalitat. Se podría escribir un libro y seguramente todos los presidentes de la Generalitat podrían aportar sus anécdotas sobre como habían sorteado más de una fiscalización de algún ministro de Asuntos Exteriores.
Pero detrás de estos rifirrafes que muchas veces eran sobre todo publicidad de consumo interno se escondía lo que ha explicado Carod. Pasaportes diplomáticos para moverse libremente donde ahora se pide al TC que suspenda la Conselleria de la Generalitat y la declare inconstitucional. Y Carod, en aquella época, era presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, independentista entonces e independentista ahora. ¿No será que la legalidad para este gobierno español puede ir un palmo más a la derecha o a la izquierda, según quien sea el acusado?