El pasado lunes, tres altos cargos de la Generalitat fueron citados a declarar ante la Guardia Civil a petición del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que investiga el 1-O. Eran el secretario general de Telecomunicacions, Societat Digital i Ciberseguretat, Jordi Puigneró; el director de la Administració Oberta de Catalunya, Manel Sanromà, y el director del Cesicat, Xavier Gatius. La Guardia Civil les atribuye los delitos de malversación de fondos, revelación de secretos y desobediencia por haber participado en la preparación del referéndum. Los tres altos cargos de gobierno se negaron a declarar, pero el mal ya está hecho. El titular del juzgado número 13, quien es un reconocido militante de la extrema derecha, hurga y hurga para intentar inculpar a todo el mundo. Es bastante probable que una vez finalizada la instrucción, todo el material recogido no sirva para juzgar a nadie, puesto que las acusaciones no se fundamentan con ningún tipo de prueba. En algún caso, además, el juez se sirve de conversaciones parciales obtenidas con escuchas ilegales. Al día siguiente, el alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, también fue citado como investigado por un presunto delito de desobediencia a raíz, otra vez, del 1-O. Al igual que los demás políticos investigados, Casals se negó a declarar porque todas esas citaciones son, según él, un juicio “contra todo un pueblo y contra la democracia'”. Casals pertenece a la “segunda hornada” de alcaldes investigados por apoyar el 1-O después de que, en otoño, el fiscal general del Estado abriera la causa.

La semana pasada, el Ministerio del Interior cesó abruptamente a Annabel Marcos, la directora del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a partir de una información publicada por el digital de P.J., El Español, en la que se aseguraba que Marcos había transportado en su coche privado urnas para el referéndum “ilegal”. No existe otra prueba que esa denuncia de un diario, asociado al digital unionista catalán Crónica Global (o a la inversa, da igual), que se dedica principalmente a falsificar noticias para cazar soberanistas. Es el “nuevo periodismo”, que consiste en convertir a los sumisos gacetilleros en gendarmes de la patria española. Escondidos detrás la letra imprimida esos escribidores a sueldo son muy valientes, pero cuando te topas con ellos frente a frente, entonces se escurren. Lo constaté el otro día en el Ateneu con una escritora que tiempo atrás escribió un vergonzoso artículo sobre mí y en el que me atribuía la barbaridad de estar confeccionando listas negras. La escritora en cuestión, que va de progre y es unionista, hizo lo imposible por esquivarme. Estuve a punto de pagarle la copa de cava que pidió antes de que ella interviniera en un acto sobre Pasqual Maragall. No soy periodista ni tengo como libro de cabecera los ensayos de Walter Lippmann, pero sí sé algo sobre ello. Cómo se crea la opinión pública, por ejemplo. Lippmann otorgaba a los medios el papel de orientador de las masas para evitar prejuicios y esquivar la censura que impone el poder. ¡Qué lejos están hoy en día los media españoles del ideal democrático de Lippmann! No es sólo porque Federico Jiménez Losantos sea un extremista españolista que cada mañana suelta improperios a diestro y siniestro. El problema es mucho más global. Es él y es Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Carlos Herrera y una larga lista de partisanos radiofónicos que están creando un estado de ánimo guerracivilista, dominado por el odio.

El Estado quiere convencer al mundo de que el independentismo catalán es violento para resarcirse de la bofetada que recibió con la liberación en Alemania del president Carles Puigdemont

El estado de excepción que está imponiendo el gobierno del PP, con la alegría de Cs y la indiferencia del PSOE (y el PSC), se reprodujo el pasado martes, el mismo día de la declaración del alcalde Casals, cuando la Guardia Civil atacó otro frente, los CDR. Detenciones y registros de casas particulares de personas a las que se acusa de rebelión y terrorismo por haber participado en cortes de carretera y haber levantado las barreras de los peajes durante los días de Semana Santa en Catalunya. La paranoia represiva españolista va en aumento. El Estado quiere convencer al mundo de que el independentismo catalán es violento para resarcirse de la bofetada que recibió con la liberación en Alemania del president Carles Puigdemont. Tienen rabia y difunden mentidas a pedir de boca. Fake news, por decirlo a la manera actual. Se inventan la realidad. Dejémoslo claro, pues: ni la llamada Revolución de las Sonrisas fue violenta, ni el Govern defendió la proclamación de la República con ningún tipo de violencia, ni los CDR promueven actos violentos. Fue más violento el bloqueo del Parlament por parte de los "indignados" en julio del 2011, que obligó a los presidentes Artur Mas y Núria de Gispert a acceder a la cámara catalana en helicóptero, que las acciones propagandísticas de los CDR. Pero es que los “indignados” jamás pusieron en peligro España, que es lo que realmente preocupa a la política española. “Entre una España roja y una España rota, prefiero la primera, que sería una fase pasajera, mientras que la segunda seguiría rota a perpetuidad”. Esta frase atribuida al exaltado político monárquico y derechista José Calvo Sotelo y pronunciada en San Sebastián un día de noviembre de 1935, todavía hoy resume el pensamiento de la derecha y la extrema derecha nacionalista española, que a menudo se mezclan. La novedad está, tal vez, en que la izquierda comparte la filosofía de esa aseveración nacionalista. Sólo necesita cambiar el color de la premisa. El rojo por el azul.

El Estado se equivoca. Mientras ha aplicado una represión selectiva, individualizada, quizás podía doblegar la voluntad de este político o de aquél otro, pero cuando se ha envalentonado y ha empezado a perseguir a todo el mundo, el miedo individual está desapareciendo para refugiarse y resistir desde lo colectivo. El gobierno español quiere asustar a cuanta más gente mejor y es incapaz de seguir uno de los cínicos consejos que el cardenal Mazarino dirigió a los políticos y que consistía en fingir humildad, candor, amabilidad y buen humor. Al contrario. El PP ha trasformado la represión colectiva un cóctel molotov. En una bomba incendiaria lanzada por los fanáticos nacionalistas españoles con la intención de destruir el pluralismo y la democracia. En España, los catalanes no somos libres de pensar lo que queremos y las cárceles se vuelven a llenar con presos políticos. Sólo los catalanes unionistas se sienten libres, pues nadie les persigue. Donde hay poca justicia es un peligro tener razón, afirmaba Francisco de Quevedo, aquel poeta barroco a quien también se atribuye una frase que el españolismo xenófobo actual ya ha asumido: “En tanto que en Cataluña quedase algún solo catalán, y piedras en los campos desiertos, hemos de tener enemigo y guerra”. Los catalanes soberanistas somos el enemigo al que se debe batir. Por eso nos persiguen. Los españolistas han empezado por nosotros, pero la represión desbocada se extenderá en contra de cualquier disidencia. Ya pueden ir tomando nota los que hoy remojan sus labios con cava mientras recuerdan qué estupendos que eran cuando en España gobernaba el PSOE de los GAL y ellos eran jóvenes.