Los presos y exiliados no pueden convertirse en víctimas del movimiento independentista. Se convocan concentraciones, encuentros, y la gente se pone a gritar, defensivamente: “llibertat, llibertat, llibertat”. Solo hace un año se gritaba, a pleno pulmón, “in-de, inde-pen-dèn-ci-a!”. ¿No les parece que hemos retrocedido un poco? Tenemos que ofrecer nuestra ayuda y solidaridad a los presos y exiliados. Tienen que estar presentes en todas y cada una de las acciones que convoquemos, pero no pueden ser el centro de la política independentista. Si lo hiciéramos, quedaríamos atrapados en la lógica del represor. Y entretanto, el nuevo gobierno socialista español conseguiría salir de la debilidad con la que se constituyó. “Mientras nos separe el muro del autoritarismo y la desvergüenza, yo estoy a tu lado”, le ha escrito Albano-Dante Fachin a Jordi Turull en una carta tan bonita y tan humana que Ramon Maria Espadaler, compañero de Govern con Turull y de grupo parlamentario en los años dorados del autonomismo, no ha sido ni será nunca capaz de escribir. Hay que estar junto a los presos y exiliados pero sin caer en el error de convertirlos en moneda de cambio, en mercancía política. En prenda entregada al enemigo. En el nuevo gobierno español, que no me provoca alegría ninguna, sólo hay que pedirle que cumpla la ley en cuanto a los presos. Esto es lo que tendrían que haber reclamado —y pactado— los diputados de ERC y el PDeCAT para votar a favor de la moción de censura planteada por Pedro Sánchez. “Ei, Colomines, que en Madrid se cuece la alta política, ¿eh?” —me dice uno que es adicto al puente aéreo y ha perdido la noción del tiempo—. ¡Qué crack que estás hecho! —pienso en silencio, mientras espero a ver cuándo se pondrá a hacer política—. Una táctica sin estrategia es siempre una frivolidad.
El gobierno español ha permitido —y favorecido— que la justicia española se convierta en el ariete contra el independentismo. Y la prueba más clara de esta utilización espuria de los tribunales de justicia es que los consellers y conselleres que han renunciado explícitamente a la política no están encarcelados y, por el contrario, los que renunciaron a última hora o bien no han abandonado su vocación política están encerrados preventivamente. Que el meollo de la negociación política con Pedro Sánchez sea reclamar el respecto a lo que es de ley sería un error. En cuanto a los presos, el ejemplo a seguir es, en todo caso, el de los abogados de los exiliados. Después de meses elaborando la defensa contra las euroórdenes, y una vez rechazadas por un defecto de forma en Bélgica y, parcialmente, por rebelión en Alemania, los abogados han contra-atacado al magistrado instructor de la causa anti-independentista. El resultado ha tenido efectos inmediatos: el juez Llarena ha sido citado a declarar el 4 de septiembre en Bélgica. Eso quiere decir que se abre un pleito judicial en su contra por la demanda civil presentada por Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret a raíz de la vulneración reiterada de sus derechos. También han pedido la recusación al Supremo. El hecho que tenga un pleito abierto con una de las partes implicadas es motivo de recusación, según el artículo 219.8 de la Ley del poder judicial. ¡Ole tú!
El gobierno español ha permitido y favorecido que la justicia española se convierta en el ariete contra el independentismo
La vulneración de los derechos de los presos y los exiliados, el falseamiento de pruebas, el abuso de las autoridades penitenciarias y judiciales se debe combatir por tierra, mar y aire. En España hay juristas malvados y también los hay con un poco de decencia. ¿Dónde se esconde Carlos Jiménez Villarejo, alias El Justiciero, aquel personaje que de acompañar a Podemos y al 15-M ha pasado a desfilar por las calles de Barcelona cogido de la mano de los fascistas? La última vez que tuvimos noticias del antiguo fiscal anticorrupción fue el 18 de marzo del 2018, cuando leyó el manifiesto españolista y unionista subscrito por los socialistas y la extrema derecha, la nueva y la vieja. Está claro que este viejo fiscal, que se hizo famoso años atrás persiguiendo a Jordi Pujol —y visto lo que hemos sabido no dudo de que quizás tenía motivos—, es el mismo que acusa ahora a los CDR de promover movilizaciones antidemocráticas, como si el 15-M hubiera sido un movimiento de mansas criaturas. El españolismo es una droga. Una droga dura que engancha. Otro exfiscal, José María Mena, que estuvo como Jiménez Villarejo al frente del caso Banca Catalana, ha defendido muchas veces, en cambio, que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart “son presos políticos mientras estén en prisión preventiva porque su acción ha sido política [...] ¿Qué han hecho estas personas aparte de tener un comportamiento puramente político?”. Y quien dice los presos, dice los exiliados.
Los presos recuperarán la libertad y los exiliados podrán volver a casa el día que el independentismo recupere la iniciativa
Los presos recuperarán la libertad y los exiliados podrán volver a casa el día que el independentismo recupere la iniciativa. El día que entienda que hacer República quiere decir hacer política y vuelva a preparar las movilizaciones soberanistas que le han aupado hasta el 48%. “Nosotros seguimos —declaró ayer en el Parlament el MH Quim Torra—. La democracia no se rendirá, no hemos venido aquí a rendirnos”. Evidentemente, y no tan solo porque haya presos políticos y exiliados, sino porque las finanzas de la Generalitat están intervenidas y el Govern está vigilado y lo prioritario sea revertir lo que el 155 ha destruido. No nos rendiremos porque, a pesar de haber sufrido una derrota, que fue muy severa, después del aventurismo propiciado por ERC el 26 y 27 de octubre, el espíritu del 1-O se mantiene intacto. Que haya presos y exiliados no es consecuencia, como repiten los antiguos radicales, de la mala gestión de los resultados del referéndum. El error es no haber sabido aprovechar aquel impulso para provocar que el independentismo arrasara en unas elecciones convocadas anticipadamente. Y si no se tomó esa decisión, que era la más sensata, es porque se antepusieron las emociones a la política, el partidismo al patriotismo, que es lo mismo que podría pasar ahora si nos insistimos en convertir a los presos en rehenes del independentismo y los refugiados en un estorbo. Ningún perseguido político tiene la intención de formar parte de un club de damnificados, como los perseguidos por Hitler y que tuvieron que huir de Alemania tampoco crearon ninguno. Se sumaron a la resistencia, que es lo que les tocaba.
Carles Puigdemont es, a ojos del mundo, el líder indiscutible del soberanismo catalán. Y los presos son el verdadero testigo de cargo que prueba que la democracia española está carcomida. Pues aprovechémoslo. Reforcemos su figura con la creación de un Consejo por la República (fíjense en el subrayado) en el exilio escogido por vía telemática. No se trata de establecer en Bruselas o en Berlín una corte de aduladores del presidente depuesto, sino de constituir una asamblea con la elección de 135 personas, entre los candidatos que se presenten, con la misión de trabajar en el proyecto de República que queremos y de internacionalizar todavía más el caso catalán. El Gobierno autonómico del interior se beneficiará de la tarea del exterior. Ustedes me preguntarán que quién pagará esta fiesta. Pues cada cual de su bolsillo, como quien paga la cuota de Òmnium o de la ANC. La diputada Aurora Madaula escribe en su estudio sobre los refugiados vascos de 1939 que el exilio es un escaparate. Es aquella “mirra amarga”, una bendición, cuando quien lo sufre le da la vuelta y le sirve para impulsar la acción del interior, clandestina o a cara descubierta. Cuando se invoca el futuro para superar un presente ruinoso. Sólo así volveremos a clamar por la independencia, que es la única manera de recuperar la libertad. El objetivo es la autodeterminación, y esto es lo que hay que negociar con el gobierno español, a pesar de que ya sabemos que opondrá resistencia porque está compuesto por algunos fundamentalistas xenófobos, como por ejemplo Josep Borrell, y el Ministerio del Interior lo ocupará un señor próximo al PP que no impidió las torturas policiales contra los detenidos vascos y que ha perseguido a dibujantes por sus sátiras contra el Rey. La libertad de los presos y el regreso de los exiliados será, aun así, la consecuencia de este pacto. Sólo hay que probarlo. La crisis de España puede ser nuestra fortaleza.