Da pereza escuchar el debate de política general en el Parlament. Y todavía es peor tener que aguantar a los portavoces oficiosos de los partidos en las tertulias matinales de los medios de comunicación. La sensación de desconcierto es inmensa y hay quien lo aprovecha para barrer hacia dentro y practicar el coito interrumpido. La culpa es del independentismo y de la incapacidad de los dirigentes actuales de generar consenso, empezando por los grupos de la coalición gubernamental. Las divergencias en el seno de JxCat son más evidentes que las de ERC, pero en todas partes cuecen habas. Conflictos, haberlos haylos. Si no, que se lo expliquen a Ernest Maragall, quien ha conseguido poner en pie de guerra a la base barcelonesa de ERC después de la cacicada de Oriol Junqueras al colocarlo como candidato a la alcaldía.

La gente está harta que le vengan con cuentos. Tenemos suerte de que el movimiento republicano soberanista es mucho más sólido que esos partidos que actúan, por lo menos sus dirigentes, con la lógica del autonomismo. Todo se mide por las cuotas de poder. Durante los días que se estaba discutiendo la formación del nuevo Govern, recuerdo haber escuchado que uno de los negociadores, hoy alto cargo de la Generalitat, vetaba el nombre de un posible conseller con el argumento típico del sectarismo partidista: “¿Y este a quién representa?”, preguntó con aquella cara de jugador de póquer que ponen algunos políticos para aparentar aplomo y sabiduría. Lo peor es que el interlocutor no le respondió lo que debería haber sido su respuesta en vez de callar, que es lo que acostumbra a hacer quien hoy también es un alto cargo: “No representa a nadie, simplemente es un buen conocedor del ámbito que queremos encomendarle”. Las cuotas políticas matan a los gobiernos débiles. Y el actual lo es.

No sé si la persona a quien el idiota vetó habría sido buen conseller o no, pero estoy seguro, porque lo conozco, de que no habría caído en los muchos errores que cometen los consellers de este Govern presidido por Quim Torra. Estoy convencido de que no se acaba de entender cuál tiene que ser el papel de un ejecutivo que gestiona una autonomía malograda después de la intervención del Estado. Desde la perspectiva independentista, o por lo menos siguiendo el pensamiento general del movimiento republicano, president ya tenemos uno y se llama Carles Puigdemont. El MH Quim Torra es, según propia definición, un presidente “vicario”. Y un vicario todo el mundo sabe que es la persona que asiste a un superior en sus funciones, que lo sustituye en caso de ausencia, de falta, de indisposición, etc. Es imposible definirlo mejor. Y ese trabajo de sustitución no debería acompañarse de la suplantación. El Govern autonómico tiene que gestionar lo mejor posible las migajas y preparar proyectos republicanos, o sea reformistas, que señalen hacia qué país queremos llevar a los ciudadanos. Qué país queremos, al fin y al cabo. Apunto tres grandes iniciativas reformistas para cuya realización no es necesaria esperar a la república.

La primera es urgente. Y es la reforma de la administración pública. Una reforma de verdad, que aplique la totalidad, porque de momento no se aplica ni una mínima parte, del Acuerdo del Govern de 3 de junio del 2014 que encargó al Departament entonces de Governació, mediante la Secretaría de Administración y Función Pública, y al Consejo para el Impulso y la Ordenación de la Reforma de la Administración, el diseño, el desarrollo y la gobernanza del Plan de reforma de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de su sector público. El Plan ya existe, pues, pero no se implementa ni se desarrolla. Y uno de los principales problemas para hacerlo son los intereses espurios de aquellos sujetos que son como las garrapatas que extraen beneficio de la burocracia y de una gobernanza discontinua y arrogante que está en manos de una casta que a menudo no sabe de lo que habla. Es necesario tejer un consenso con los sindicatos y con otros agentes sociales para tirar adelante esta reforma, pero el Govern tiene la obligación de plantearla precisamente en estos momentos, cuando se quiere demostrar que la república que sueña no será una España en pequeñito.

Ponerse manos a la obra debilita los argumentos de los que quieren que el independentismo se olvide de lo que ha pasado, de la represión y de la alteración del sistema democrático, para volver al viejo orden

La segunda reforma es todavía más urgente. El sistema universitario catalán está destrozado. La precarización laboral del profesorado universitario es un cáncer que matará a la enseñanza superior. La sustitución de los catedráticos y los titulares por falsos asociados, que tienen que trabajar por lo menos en tres universidades para llegar a tener un sueldo de 1.000 euros, es un suicidio asistido. Está muy bien que Catalunya tenga grandes centros de investigación e incluso un montón de ICREAS, pero esto no salvará a las universidades. Al contrario, el modelo seguido, especialmente en el aspecto de la financiación, ha provocado la indigencia de las universidades. También es verdad que algunos rectores han padecido delirios de grandeza —y no precisamente transitorios— que han provocado unos agujeros económicos descomunales. Hasta el momento se ha prestado más atención al encarecimiento de las tasas universitarias que a la constante degradación de la calidad de la enseñanza, que va acrecentándose con la fuga de talento y por la falta de reposición del profesorado, pero también porque los planes docentes no están a la altura del mundo moderno. Existe un gap entre la investigación y la enseñanza, convirtiéndose en una trinchera que separa a los “privilegiados” de la tropa. Este es un modelo elitista que, si se mantiene, arruinará el conocimiento, que además está mal financiado.

La última de las reformas, que está ligada a la anterior, es la de la formación profesional. La idealización de que el acceso a los estudios universitarios es la mejor opción, nos ha llevado a olvidar que la formación profesional capacita a los individuos para trabajar y vivir bien y, además, puede proporcionar la cultura suficiente para convivir. El desprecio a las profesiones, que para la mayoría de la gente continúa siendo el refugio de los tontos, empobrece el país. Algo falla cuando a día de hoy sólo un 8% de los graduados en un ciclo formativo consigue un trabajo estable y relacionado con su especialidad en su primer año en el mercado laboral. El resto, un preocupante 92% de estudiantes, o bien no encuentran trabajo durante el primer año posterior al final de sus estudios, o bien obtienen una ocupación que no tiene nada que ver con su especialidad, o sólo consigue contratos temporales. A eso hay que añadir las altas tasas de interinidad entre el profesorado de FP, que en algunas especialidades puede llegar a ser del 80%. La ratio de alumnos por clase ha experimentado en 10 años incrementos del 52% en los ciclos medios de FP y del 50% en los superiores. En fin, más precarización que se debería revertir.

Trabajo no va a faltar. Ponerse manos a la obra debilita los argumentos de los que quieren que el independentismo se olvide de lo que ha pasado, de la represión y de la alteración del sistema democrático, para volver al viejo orden. Al pujolismo bien entendido, como se oye que reclaman los dirigentes de los carcomidos partidos autonomistas y los tertulianos del establishment convergente seducido por el ataque de moderación que atenaza a ERC. Es la extraña pareja entre los que gesticulan demasiado y los que creen que con el pedigrí independentista ya basta para avalar sus actos de renuncia.

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