Ayer, justo cuando el presidente del Parlament Roger Torrent y Carles Puigdemont, el president de la Generalitat depuesto por el tripartito del 155, estaban reunidos en Bélgica, la Guardia Civil volvió a registrar la sede del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y los locales de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Parece que estos registros se efectúan por orden del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y forman parte de la pieza secreta que abrió este magistrado la semana pasada. Todo apunta a que Llanera estaría probando de demostrar que las entidades cívicas soberanistas estuvieron implicadas en la financiación “ilegal” del referéndum del 1-O. El juez persigue que la Guardia Civil rasque bajo las piedras para acorralar a los líderes del soberanismo. Busca correos electrónicos para imputar a quien sea, siguiendo el patrón que adoptaron con Francesc Homs para inhabilitarle.

Pero “la noticia del día”, como señaló la periodista Bea Talegón en un tuit muy oportuno, no era ni la reunión de los dos presidentes en Bruselas, ni que ese encuentro fuera entorpecido por un “lockout patronal” para cerrar la delegación de la Generalitat en la capital belga. Tampoco eran noticia los registros ordenados por un juez de la Audiencia Nacional o bien las citaciones que el juzgado nº. 13 de Barcelona está enviando a varios funcionarios del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparènciaa o de Governació para tomarles declaración. No, estas no fueron las noticias más destacadas del día de ayer. Hubo otra noticia que en otro país habría provocado la caída del gobierno de Mariano Rajoy, si es que en España hubiera unos partidos de oposición que estuvieran más preocupados por la democracia que no por compartir el patriotismo autoritario del PP. La España cañí no tiene remedio y la prensa se ha convertido en el aparato de propaganda del nacionalismo xenófobo que difunden plataformas como la FAES o incluso organismos oficiales como el Real Instituto Elcano, un think-tank de estudios internacionales y estratégicos que preside Emilio Lamo de Espinosa (los apellidos siempre se repiten, ¿verdad?) y dirige Charles Powell, un historiador conservador que es profesor en el CEU San Pablo, una universidad privada que depende de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Los catalanes pagamos las misas para que esta gentuza emita informes que atacan a una parte de los españoles (o por lo menos eso es el que ellos dicen que somos).

La España patriótica del PP tiene esta singularidad, que es la corrupción

La noticia de ayer, lo que realmente tendría que preocupar a la vieja y la nueva izquierda, e incluso a los miembros de esta especie de Alianza por España, que recuerda a la alemana, que es Ciudadanos, es la confesión de Ricardo Costa sobre la financiación ilegal del PP. Eso sí que es una gran noticia. Costa, ex secretario general del PP valenciano, reconoció ayer que es cierto que su partido financió con dinero negro los actos de la campaña electoral para las municipales y autonómicas del año 2007, a través de aportaciones de los empresarios que tenían adjudicaciones con la Generalitat Valenciana. El ex número dos de los conservadores valencianos afirmó, además, que las decisiones más importantes sobre la campaña electoral las tomaba el presidente del partido, Francisco Camps, que en aquel momento también era presidente de la Generalitat Valenciana, con un equipo que encabezaba el exvicepresidente Vicente Rambla. Así mismo, Costa declaró que la decisión de que los actos electorales los organizara la empresa Orange Market, del entramado Gürtel, correspondían a Francisco Camps. Más claro, el agua. No sé si la Fiscalía ha llegado a un acuerdo con Costa porque le pide 7 años y 9 meses de prisión y este ha reconocido los hechos que se le imputan en la acusación y ha salpicado a más gente, pues según él fue otro exvicepresidente valenciano, Víctor Campos, quien le mostró sobres con dinero negro proveniente de empresarios y obtenidos por encargo de Francisco Camps y del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. Lo había negado durante años, pero al fin Costa ha confesado.

Muchos independentistas catalanes quieren marcharse de España porque es la manera más rápida y natural de deshacerse del PP

La España patriótica del PP tiene esta singularidad, que es la corrupción. Se sirve del proceso catalán para amordazar a la oposición, que calla atemorizada por la proliferación de banderas españolas que inunda Madrid y Sevilla. Sólo Podemos levanta de vez en cuando la voz, pero lo hace con la boca pequeña. Para silenciar los efectos de una corrupción que ha convertido el PP en el partido europeo con más encausados por presuntos delitos de financiación ilegal, las noticias sobre Catalunya son un bálsamo para reparar el descrédito de España. En Catalunya, en cambio, desde el 9 de noviembre del 2015, fecha en que cada año Naciones Unidas celebra el Día internacional contra la Corrupción, las organizaciones políticas entonces con representación parlamentaria y varias organizaciones ciudadanas, entre ellas la ANC y Òmnium, se comprometieron a impulsar un Pacto Social contra la Corrupción a partir de un decálogo muy sencillo. El propósito es evitar los casos de financiación ilegal del partidos, que en Catalunya ha afectado al PSC —Filesa—, UDC —caso Treball— y CDC —caso Palau— y, a su vez, para garantizar la independencia de los varios órganos y autoridades de control, incluyendo los medios de comunicación públicos. ¡Qué contraste! Aquí se empezó a cumplir justo cuando arrancaba una de las legislaturas más complicadas, barrida por el 155, en España, por el contrario, todavía niegan la mayor.

Es verdad que el proceso soberanista pueda que sea el árbol que no ha dejado ver el bosque de lo que ya se está haciendo en el camino hacia una república realmente democrática, eficiente y libre del ladrocinio que han protagonizado muchos políticos. No caben excusas. Muchos independentistas catalanes quieren marcharse de España porque, como ha quedado más que comprobado, es la manera más rápida y natural de deshacerse del PP, una partido que en Catalunya es marginal. Los tribunales están demostrando que allá donde el PP tenía poder, la sombra de la corrupción ha oscurecido la política. La España patriótica esgrime la ley, incluso su Rey volvió a reclamarlo ayer en Davos, para perseguir políticos que tienen un proyecto político, la independencia de Catalunya, permitido en los programas electorales de los partidos soberanistas catalanes. La corrupción, en España, es una norma que escandaliza poco. Por eso Costa fue a declarar a la Audiencia Nacional con total libertad, cogido de la mano de su mujer, mientras que los líderes soberanistas catalanes siguen encarcelados y reciben un trato carcelario inhumano. Creo que era Honoré de Balzac quien indicó que las leyes injustas son la telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atrapadas. El patriotismo del PP es la gran mosca del sueño que ha adormecido a la izquierda española y a muchos jueces.

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