“Cuando la barba de tu vecino vieres pelar echa la tuya á remojar”, nos advirtió Anselm Turmeda en La disputa de l’ase en el lejano año de 1417. Desde el siglo XV que deberíamos haber aprendido la lección. Después del vaticinio de Turmeda (o mejor Abdalah) sobre la posibilidad de un peligro inminente, siguieron otros muchos, hasta llegar al conocido poema denuncia del pastor protestante Martin Niemöller, que aquí todo el mundo atribuye a Bertolt Brecht, pero que fue recitado por primera vez por el clérigo alemán durante un sermón de la Semana Santa de 1946. Mirar hacia otro lado mientras la (in)justicia española se dedicaba a perseguir ideas políticas es lo que se ha hecho durante años en España —incluyendo Catalunya— con la excusa del terrorismo. También está claro que, si los extremistas de ETA no hubieran empleado la violencia como acción política, la hipocresía política de según quienes habría sido mucho más difícil de esconder.

Dicen que Gaspar Llamazares votó favorablemente la ley de partidos de 2002 por error. En aquel momento, Llamazares era coordinador de IU, pero visto como se ha comportado durante la década represiva española contra el independentismo catalán, no debemos descartar que este españolista radical errase intencionadamente su voto. Quienes votaron con alegría a favor de la ilegalización de Euskal Herritarrok y Batasuna alegando su apoyo a la banda terrorista ETA, fueron los de CiU, con Manuel J. Silva —un abogado del Estado hoy refugiado en el Foment como una buena parte de antiguos dirigentes duranistas de UDC— ejerciendo de ponente. Ilegalizar a los GRAPO fue la excusa para llegar a un despropósito tal. Si escondes la naturaleza profunda de algunas acciones, las conclusiones siempre serán erróneas. El lobby catalán en Madrid sigue siendo un puntal del régimen del 78 a cambio de poder gestionar el subsistema autonómico que, como ha quedado demostrado, estaba liderado mayoritariamente por gente corrupta.

Mirar hacia otro lado mientras la (in)justicia española se dedicaba a perseguir ideas políticas es lo que se ha hecho durante años en España con la excusa del terrorismo

En octubre de 2015 —cuando Silva era abogado en ejercicio y miembro del Consejo de Estado como consejero electivo, es decir, nombrado por el gobierno español—, la Guardia Civil se inventó un nuevo caso contra el independentismo, seguido de la secuela acusatoria de junio de 2017. Doce militantes independentistas gallegos fueron detenidos, con mucha pompa mediática, acusados de ser el “brazo armado” de una supuesta organización armada denominada Resistencia Galega. Un día habrá que hablar de la responsabilidad de unos cuantos periodistas, muy bien pagados y que en Catalunya abundan, que por la mañana dirigen o escriben en diarios unionistas y son una necesaria correa de transmisión de la represión, mientras que por la tarde hacen poéticas clases a los futuros profesionales sobre la libertad de opinión, las fake-news y sobre lo que haga falta para sentirse progres. La cuestión es que, en Galicia, los diarios del régimen del 78 se volcaron a favor de los argumentos de la Guardia Civil, y la entidad cultural Causa Galiza —una especie de Òmnium— y la organización antirepresiva Ceivar se convirtieron de la noche a la mañana, y por voluntad de Eloy Velasco, un juez que los abertzales vascos ya conocían muy bien, en una rama del terrorismo gallego por “actos de enaltecimiento de las figuras de dos terroristas del Exército Guerrilheiro do Pobo Galego Ceive”. Si quemas un retrato del Borbón o una rojigualda, también acabarás en el trullo; y si promueves el comercio de proximidad, los del Foment te denunciarán ante los represores.

La operación Jaro fue un montaje colosal. Esta semana, aquella macrocausa de la justicia española contra el independentismo gallego, precedente inmediato del juicio al procés, ha quedado en nada. La Audiencia Nacional ha absuelto a los doce independentistas gallegos de todas las acusaciones y rechaza la disolución de Causa Galiza y Ceivar como había solicitado la Fiscalía al “no acreditarse la existencia de un llamamiento a la violencia” por parte de estas dos entidades. De mil amores, podrían exclamar los acusados, porque Causa Galiza fue ilegalizada y ellos han tenido que pasar cinco años perseguidos por una conchabanza policial y mediática que, cuanto más tiempo transcurre, más aproxima España a Turquía. Los turcos también están obsesionados con el independentismo kurdo y eso ha justificado todo tipo de persecuciones. La religión es lo de menos. Lo importante es la integridad de la patria que defienden antidemocráticamente todas las variantes del nacionalismo español o turco. No hace falta que les recuerde qué une Adriana Lastra —la que proclama “ahora nos toca a nosotros”— a Santiago Abascal. Anselm Turmeda es un clásico, rebosante de buenas razones, quien setecientos años atrás echó mano de otro proverbio para alertarnos de los peligros de la (in)justicia: “Do fuerza viene, el derecho se pierde”.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat