Reaparece la rebelión y la sedición. Hoy comienza en la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional el juicio al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero; a la intendente del cuerpo, Teresa Laplana; al exdirector general de la policía catalana, Pere Soler, y al exsecretario general de Interior, Cèsar Puig. Arranca, pues, otro juicio político que se enmarca en la “causa general” contra el proceso que el Estado ha delegado en las togas fraudulentas y politizadas en una magistratura que es heredera del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, que a su vez ya era una reconversión del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creado en 1940. La persecución política que puso en marcha la coalición del 155 (PP-PSOE-Cs) no pueden contenerla ni siquiera los que hoy disimulan que contribuyeron a ello. Los jueces cercanos a Vox son legión. El procesamiento de los responsables de la policia catalana respondía a la lógica represiva desplegada por un Estado enloquecido y antidemocrático. Repitámoslo: intentar votar y no impedirlo no puede ser considerado un delito. De todas maneras, la fiscalía podría cambiar de criterio si quisiera justo al empezar el juicio o durante la fase de las conclusiones finales. Si no lo hace, quedará probado que las esperanzas generadas por el nombramiento de la nueva fiscal general habrá sido una operación de maquillaje. Una más.

A pesar de que haya independentistas a quienes no gustó el testimonio de Trapero en el juicio contra los miembros del Govern capturados por el Estado, no podemos olvidar que se juzga a la cúpula de los Mossos por lo mismo que fueron juzgados los actuales presos políticos. La misma “causa general” con debía servir para juzgar al buen amigo Francesc Esteve, actual director del Gabinete Jurídico de la Generalitat y antiguo secretario general de Gobernación, por haber autorizado un concurso para comprar urnas el 2017. La Audiencia de Barcelona ha tardado dos años para archivar el caso. Una investigación que si intentas explicarla a alguien de fuera, lo primero que debes hacer para superar la incredulidad del interlocutor es responder a la pregunta: “¿comprar urnas es delito en España?”. La persecución implacable, animada por los medios unionistas, fueran de izquierda o de derecha, no ha cejado. Soy partidario de negociar con quién sea, pero no estoy dispuesto a blanquear las actitudes del PSOE —y todavía menos las del PSC— simplemente porque ahora le convenga a ERC. Ni olvido ni perdón, como proclaman ellos, refiriéndose a la Guerra Civil y al franquismo. Ni yo ni otros muchos independentistas estamos dispuestos a esperar 80 años para denunciar a los represores del 2017 y a sus cómplices.

La persecución política de la cúspide gubernamental catalana del 2017 es, pues, intolerable y por eso debemos defender a todos los procesados, condenados y exiliados por un Estado al que no se le puede facilitar una salida mientras el nuevo gobierno PSOE-UP —patrocinado por ERC— no acabe con la represión

Cuando Trapero se desvinculó de las decisiones del gobierno Puigdemont y explicó en el Supremo que los Mossos estaban preparados por si se tenía que detener al presidente y a los consellers después de la declaración de independencia del 27-O, sabía perfectamente que el Estado no dejaría de acusarlo, también a él, de rebelión por los hechos del 20 de septiembre y el 1 de octubre. Manuel Marchena lo interrogó, lo que el juez “justiciero” no había hecho hasta aquel momento con ningún otro testigo, para preguntarle sobre aquellos hechos. La Fiscalía no podía preguntárselo, porque la cuestión no se ceñía a los temas por los que la extrema derecha de Vox había citado a Trapero como testigo, y lo hizo el juez, antes condecorado y que ahora los del PSOE querrían eliminar, para hurgar en la herida e intentar implicar al mayor. Los fantasmas del pasado siempre regresan en forma de neurosis. Trapero y la intendente Laplana son los dos únicos procesados con permiso para llevar armas y, claro, en una rebelión tiene que haber alguien que empuñe una pistola para que cuajen las mentiras sobre la sublevación y el intento de golpe de Estado. Es por eso que hoy se juzga a la cúpula del cuerpo de la policía catalana. Son los Migueletes que el Estado y los unionistas han buscado desesperadamente desde el principio. También es por eso que a los detenidos en las manifestaciones posteriores a la sentencia se les aplica la ley antiterrorista y se les intenta procesar por pertenencia a banda armada.

Como que las circunstancias han cambiado y ahora el PSOE no se puede apuntar tan alegremente a las tesis de la extrema derecha, que infecta el mundo judicial y los medios, veremos cómo acaba este juicio. Por ahora, nadie puede atreverse a dejar solos a los antiguos responsables de los Mossos y del Departamento de Interior. La actuación de los Mossos el 1-O fue razonable. Procedieron proporcionadamente a lo que estaba pasando. Se comportaron mucho mejor y con más coraje —y lo escribo convencido— que los actuales responsables del Departamento, quienes han sometido los Mossos d'Esquadra a las órdenes directas de la GC y del CNP. Trapero, Laplana, Soler y Puig pagan por enfrentarse a Diego Pérez de los Cobos cuando fue nombrado como coordinador policial enviado por la coalición del 155. No aceptaron la figura “política” de aquel coronel de la Guardia Civil que intentaba destruir un cuerpo policial con muchos años de historia y que a raíz de los atentados del 17-A había recuperado prestigio. Espero que la sumisión actual se revierta cuando Interior esté en otras manos.

A Trapero, Soler y Puig la fiscalía les pide once años de prisión —y los mismos de inhabilitación— por haber “consentido” la celebración del 1-O y no haber frenado el “asedio” a la consejería de Economía el 20-S. A la intendente Laplana, la fiscalía le pide cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por no atajar la supuesta sedición popular del 20-S en el cruce entre la Rambla Catalunya y la Gran Via. Si yo fuera el abogado defensor pediría que declarara Xavier Vidal-Folch, uno de los periodistas unionistas más agresivos, porque aquel día me crucé con él justo en la plaza de Catalunya mientras yo subía para unirme a la manifestación y él se alejaba del “tumulto” sin ni siquiera saber qué estaba pasando. Cuando nos cruzamos, me miró con aquel ademán cínico que le acompaña para indicarme que se burlaba de los manifestantes independentistas. Después este mismo señor abonó la tesis de la rebelión, hecho un energúmeno, que es el estilo de los extremistas monárquicos como él, don de antes no había detectado nada. La persecución política de la cúspide gubernamental catalana del 2017 es, pues, intolerable y por eso debemos defender a todos los procesados, condenados y exiliados por un Estado al que no se le puede facilitar una salida mientras el nuevo gobierno PSOE-UP —patrocinado por ERC— no acabe con la represión. Es una condición previa. Por el momento, el eurodiputado Junqueras está en prisión, el suplicatorio contra Puigdemont y Comín ya ha llegado a Bruselas, y la fiscalía sigue acusando Trapero, Laplana, Soler y Puig de rebelión y sedición.

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