Tal día como hoy del año 2019, hace siete años, en Barcelona, se produjo el llamamiento "Tothom a l’aeroport", convocado por la plataforma Tsunami Democràtic como respuesta a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo español, que condenaba a los líderes independentistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por la convocatoria y celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. Cuando se produjo aquel llamamiento, hacía poco más de dos años que se había celebrado el referéndum.
A media mañana del 14 de octubre, pocos minutos después de hacerse pública la sentencia, la plataforma independentista Tsunami Democràtic lanzó un llamamiento —a través de las redes sociales y de los canales encriptados de Telegram— pidiendo al pueblo el bloqueo de la infraestructura aeroportuaria. A partir de aquel momento, miles de personas se dirigieron a la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona (municipio de El Prat) en tren, en autobús, en vehículos particulares o incluso a pie.
Aquella multitud —que se estima en más de 10.000 personas— llegó, en buena parte, con billetes de tren y tarjetas de embarque aéreas falsas que se habían distribuido por internet, para facilitar el acceso de los manifestantes al interior de la Terminal 1, que quedó colapsada. Se cancelaron 108 vuelos y los accesos al aeropuerto permanecieron bloqueados durante horas. La protesta habría logrado el objetivo de proyectar la protesta a nivel internacional.
La reacción de los cuerpos policiales españoles fue de la misma brutalidad que habían exhibido durante la celebración del referéndum del 1 de octubre. Los antidisturbios policiales atacaron con gases, foam y pelotas de goma (prohibidas en Catalunya desde 2014) a personas desarmadas. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a más de 130 personas heridas, incluyendo a una persona que perdió la visión de un ojo por el lanzamiento de un proyectil policial.
Posteriormente, la justicia española pretendió encausar a los promotores de aquel llamamiento, calificándolo de acto de terrorismo, con el propósito de juzgarlos y sentenciarlos con penas de larga duración. Pero una serie de errores en el procedimiento judicial y los atestados de la misma policía que había agredido a los manifestantes lo evitarían. Han pasado siete años de los hechos y nunca ningún dirigente político ha pedido perdón por aquel brutal despliegue de violencia policial contra ciudadanos desarmados.