Israel se encuentra en plena guerra de Gaza contra Hamàs y con la amenaza de un ataque inminente de Irán contra el país, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu se enfrenta a otro tipo de amenaza interna que puede hacer saltar el gobierno de coalición que mantiene con los partidos ultraortodoxos Sionismo Religioso, Shas y Yahadut HaTorah (Judaísmo Unido por la Torá), que suman 64 de los 120 escaños del gobierno israelí. La causa es el final de la excepción militar para los estudiantes judíos ultraortodoxos que, históricamente se han librado de hacer un servicio de contribución a la defensa del país que es obligatorio para todos los ciudadanos judíos, drusos o circasianos mayores de 18 años, incluidos los que tienen doble nacionalidad, que para las mujeres es de 24 meses y para los hombres, de 36 meses. El final de esta excepción para los ultraortodoxos ha causado un gran debate político y social en el país, y este jueves miles de haredis (los temerosos de Dios) se manifestaron en Jerusalén delante de la oficina de reclutamiento del ejército en protesta de la decisión del Tribunal Supremo de obligar a los estudiantes religiosos ultraortodoxos a alistarse, como el resto de judíos.
Una sentencia que se arrastra desde 2017
La defensa de Israel es una cuestión indisoluble a la condición de judío, ya que el país se encuentra en constante estado de alerta por las posibles amenazas de los países que lo rodean y, en la actualidad, se encuentra inmerso en una guerra contra Hamás desde el ataque del 7 de octubre. La formación militar y el servicio obligatorio para los judíos solo contaba con algunas excepciones, como los no aptos por razones médicas, y se convertía en voluntario para los árabes, cristianos, musulmanes y judíos ultraortodoxos, además de los jóvenes israelíes menores de 16 años residentes en el extranjero y las mujeres religiosas. Pero una sentencia del Tribunal Supremo de Israel, y la guerra contra Hamás, ha cambiado la situación y ha puesto fin a la excepción militar para los estudiantes ultraortodoxos, que tienen sus partidos formando gobierno con el Likud de Netanyahu. El 1 de abril, expiró la orden ejecutiva que impide al Ministerio de Defensa imponer el reclutamiento de los estudiantes ultraortodoxos, lo que hizo que el Tribunal Supremo emitiera una orden congelando las subvenciones públicas.
De hecho, la sentencia fecha del 2017, cuando el tribunal supremo israelí determinó que las excepciones generales del servicio militar eran discriminatorias e ilegales. El estado tenía hasta el 31 de marzo del 2024 para cumplir la sentencia. De hecho, el gobierno de extrema derecha de Netanyahu pretendía aprobar una controvertida reforma del poder judicial que propugnaba limitar la acción del Tribunal Supremo y que hubiera podido eludir la sentencia judicial que ponía fin a esta excepción para los ultraortodoxos. Esta propuesta de reforma suscitó las protestas en el país y, según los expertos, esta debilidad interna fueron una de las causas por las cuales Hamás aprovechó para atacar a Israel en octubre.
Dedicados a estudiar la Torà
Desde que se fundó el Estado de Israel en 1948, los judíos ultraortodoxos han disfrutado de una serie de privilegios que les permiten no trabajar porque se dedican a estudiar la Torà, el texto sagrado de los judíos, en las Yeshivas. Viven del Estado, suponen una gran carga para las arcas municipales y estatales, como explicaba la alcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum en una entrevista en ElNacional.cat. Los ultraortodoxos representan el 28% de los habitantes de Jerusalén, la ciudad más poblada de Israel, y se han convertido en un problema por abordar para los responsables municipales, porque influyen directamente en el hecho de que Jerusalén sea una ciudad pobre y poco productiva. "Los hombres no trabajan, se dedican a estudiar la Torà y las Sagradas Escrituras. No son productivos para la ciudad, las familias tienen muchos hijos y obligan a los niños de más de 12 años a dejar de estudiar", explicaba Hassan-Nanoum.
Representan el 12% de la población
En el ámbito estatal, representan el 12% de la población del Estado de Israel (una cuarta parte de los hombres en edad de hacer el servicio militar) y suponen una gran carga económica, no contribuyen a la defensa del país y tienen en contra al resto de la opinión pública, que no aprueba la excepción militar, y de los partidos políticos. De hecho, el mismo Likud, el partido de Netanyahu, está a favor de que la excepción se acabe, y también el principal partido de la oposición, la Unión Nacional de Benny Gantz, el principal adversario del primer ministro y a quien dan como potencial ganador de las elecciones legislativas anticipadas que pide hacer en septiembre, pero en las que Netanhayu se opone con la excusa de que no se pueden celebrar en plena guerra porque supondría la paralización del país.