La Unión Europea quiere evitar que su próxima ampliación hacia el este acabe reproduciendo los problemas que ha generado Hungría bajo el liderazgo de Viktor Orbán. La Comisión Europea ha planteado establecer nuevas salvaguardias para que los futuros miembros que vulneren el Estado de derecho o los valores democráticos puedan perder temporalmente derechos de voto o fondos europeos.
Períodos de prueba de 15 años
La propuesta, avanzada por la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, prevé que los nuevos estados miembros pasen por un período de prueba de 15 años. Durante este tiempo, Bruselas dispondría de mecanismos más rápidos para actuar si un gobierno vulnerara principios fundamentales de la UE o el principio de cooperación leal entre los estados miembros.
"No más Viktor Orbán", ha afirmado Kos en una entrevista con varios medios europeos. La comisaria considera que la UE necesita instrumentos más efectivos que el actual artículo 7 de los tratados, que permite suspender los derechos de voto de un Estado miembro en caso de incumplimientos graves y persistentes de los valores europeos.
El artículo 7 ha sido utilizado durante años contra Hungría y, en el pasado, también contra Polonia, pero nunca se ha llegado a aplicar su sanción más severa. Uno de los principales obstáculos ha sido la posibilidad de que los estados implicados se protejan mutuamente en las votaciones. En el caso de Hungría y Polonia, sus gobiernos actuaron durante años como aliados ante las presiones de Bruselas.
La nueva propuesta buscaría reducir este umbral de actuación. Así, la UE podría suspender derechos de voto u otros beneficios antes de que un gobierno llegara a una situación de conflicto institucional tan profunda como la vivida con Budapest. La medida, sin embargo, todavía debería ser acordada por los estados miembros.
Peligro: ¿miembros de primera y de segunda?
El mecanismo tendría una duración limitada. Kos ha advertido que mantenerlo indefinidamente crearía miembros de primera y de segunda categoría dentro de la Unión. Los 15 años servirían, por lo tanto, como un período de garantía durante el cual los nuevos miembros deberían consolidar sus instituciones democráticas.
La propuesta llega en un momento de renovado impulso de la ampliación europea. Montenegro, Albania, Moldavia y Ucrania se encuentran entre los países que avanzan en el proceso de adhesión. La invasión rusa de Ucrania en 2022 dio un nuevo impulso a una política que hacía años que avanzaba con dificultades.
Para Bruselas, la ampliación no es solo una cuestión institucional, sino también geopolítica. Kos ha advertido de la creciente influencia de Rusia y China en los Balcanes y en el este de Europa. Moscú intenta frenar el acercamiento de algunos países a la UE, mientras Pekín utiliza su capacidad inversora para reforzar su influencia.
La incorporación de nuevos miembros, sin embargo, requiere el apoyo unánime de los 27 estados actuales. El debate sobre los costes, la gobernanza y el respeto de los valores democráticos podría convertirse así en uno de los principales obstáculos de la futura ampliación. Bruselas busca, de esta manera, asegurarse de que ampliar la Unión no signifique perder capacidad para defender los principios sobre los que se fundamenta.