Donald Trump ha pasado su vida adulta persiguiendo ofertas inmobiliarias, mujeres jóvenes y cámaras de televisión. Nunca ha estado sentado en una biblioteca de derecho considerando los matices del orden constitucional norteamericano.
Sencillamente, no conoce las reglas del estado de derecho. Por ejemplo, cuando dice que su "autoridad" sobre los gobiernos de los estados para abordar el coronavirus "es total", contradice la regla más básica del federalismo: que los estados tienen la competencia sobre la seguridad y la salud de sus ciudadanos. Trump es como un bateador que golpea la pelota y corre directamente a tercera base.
No es que desconozca el sistema legal. Al contrario, sus empresas han sido objeto de numerosos litigios; se ha divorciado dos veces; y ha ido a la quiebra bastantes veces. Ahora, cuando se trata de saber cómo encaja el poder ejecutivo en el resto del sistema constitucional de los Estados Unidos, Trump partía de cero el día que fue investido.
Nos ha quedado muy claro.
Trump se ha visto envuelto en un problema legal tras otro: la investigación del fiscal especial Mueller, las condenas de su abogado personal, Cohen; de su director de campaña, Manafort; del veterano asesor Stone y el mismo impeachment
Uno de sus primeros actos como presidente fue dictar la Orden Ejecutiva 13769 (la "prohibición de viajar"). Mal redactada y descaradamente inconstitucional, pretendía evitar que millones de musulmanes entraran en el país. Tras la indignación pública generalizada y la protesta interna del Departamento de Justicia, culminada con la destitución de Sally Yates, la ministra en funciones, Trump aprobó una versión revisada de aquella orden.
Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo. El equipo de Trump se ha visto envuelto en un problema legal tras otro, incluida la investigación del fiscal especial Mueller y numerosos casos, además de las condenas de su abogado personal, Michael Cohen; del director de campaña, Paul Manafort; del veterano asesor político Roger Stone y, finalmente, el propio impeachment de Trump.
Trump, además, ha dejado de lado las normas básicas de la comunicación presidencial sobre cuestiones legales. Por ejemplo, ha utilizado Twitter para menospreciar a su propio fiscal general, opinar sobre casos en curso en los tribunales federales, presentar acusaciones sin fundamento de delitos criminales, defender el procesamiento de rivales políticos, criticar a los fiscales del Estado y la actuación del Ministerio de Justicia, e intimidar a testigos de procedimientos en marcha.
Trump no es ningún dictador. Para que un presidente tome todo el poder del sistema constitucional norteamericano, debe arrancarlo primero a quienes ya lo tienen, es decir, a las otras dos ramas del gobierno y a los estados. Trump no lo ha hecho
Esta belicosidad ha hecho crecer la narrativa de que Trump no sólo es un fuera de la ley, sino un dictador que ha secuestrado el sistema constitucional. Así lo dijo el diputado Jerry Nadler: "Es un dictador y sólo va a la suya". Según Kurt Bardella, columnista del diario USA Today, Trump "ha convertido la presidencia en una dictadura" y "ha inutilizado las palancas del sistema de supervisión independiente del gobierno, dejándolas en nada." Incluso, el premio Nobel Paul Krugman ha avisado no hace mucho de que "estamos próximos de un gobierno autoritario".
Se entiende por qué se dice que Trump es un dictador, pero es un relato confuso. Trump no es ningún dictador. Para que un presidente tome todo el poder del sistema constitucional norteamericano, de suma cero, tiene que arrancarlo a los que de hecho ya lo tienen, es decir, a las otras dos ramas del gobierno federal y a los estados federados. Trump no lo ha hecho: los jueces federales se han pronunciado reiteradamente en su contra; John McCain deshizo en el Senado su plan para acabar con la legislación sobre la seguridad social de Obama; Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, ha bloqueado su agenda legislativa; el diputado Adam Schiff promovió su impeachment. Incluso el mismo poder ejecutivo que preside Trump lo sometió a la investigación del fiscal especial Mueller.
Tampoco los gobiernos estatales y locales se doblegan a la voluntad de Trump. Él retiró su afirmación de autoridad total sobre los estados respecto al coronavirus tras el fuerte rechazo de numerosos gobernadores, y se limitó a ofrecer pautas a los estados. Incluso los alcaldes desafían rutinariamente sus órdenes ejecutivas sobre las ciudades-santuario que protegen a los sinpapeles.
A los dictadores no les ocurren estas cosas. Los verdaderos dictadores consolidan el poder y manipulan y utilizan efectivamente el estado de derecho para avanzar en objetivos concretos. Las torpes iniciativas de Donald Trump, en cambio, se ven obstaculizadas una y otra vez por casi todos los departamentos de su mismo gobierno.
No, Donald Trump no es un dictador real que utiliza el gobierno en su favor. Sólo es un promotor inmobiliario que, a la vista de todo el mundo, no entiende cómo funciona.
William Cooper es un abogado y columnista norteamericano. Ha publicado en The Wall Street Journal, Baltimore Sun, New York Daily News, S. Louis Post-Dispatch, USA Today y decenas de diarios más en todo el mundo