Durante décadas, Suecia fue considerada uno de los países europeos más abiertos a la inmigración y a la acogida de refugiados. Pero aquella imagen de país modélico en materia de asilo e integración se está transformando rápidamente. El parlamento sueco aprobó este lunes dos nuevas leyes que simbolizan este cambio de rumbo: la llamada "ley de buena conducta" y la controvertida "ley del chivato". Ambas normas forman parte del endurecimiento de la política migratoria impulsado por el gobierno conservador de Ulf Kristersson (Moderaterna), el principal partido conservador y liberal-conservador de Suecia. Es primer ministro desde octubre de 2022 y preside el partido desde 2017, que gobierna con el apoyo parlamentario de los ultraderechistas Demócratas de Suecia (SD), segunda fuerza política del país. Sus promotores aseguran que las medidas son necesarias para controlar la inmigración irregular y reforzar la seguridad. El ejecutivo, que ganó las elecciones con un discurso de mano dura contra la inmigración irregular y la criminalidad, sostiene que los residentes extranjeros que cometan delitos o que se porten mal y mantengan comportamientos considerados inadecuados no pueden aspirar a continuar en el país. Sus detractores, en cambio, alertan de que pueden erosionar derechos fundamentales y crear un clima de miedo entre los inmigrantes. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que la norma desdibuja la frontera entre lo que es ilegal y lo que simplemente es considerado inadecuado por las autoridades, hecho que, a su parecer, puede derivar en actuaciones arbitrarias.
Perder la residencia sin haber cometido un delito
La primera de las normas permitirá a las autoridades suecas revocar o denegar permisos de residencia no solo por la comisión de delitos, sino también por comportamientos considerados incompatibles con una "buena conducta". El problema es que la ley no define con precisión qué se entiende por mala conducta. El gobierno ha citado algunos ejemplos: tener deudas impagadas, ocultar ingresos a Hacienda, trabajar sin declarar, cobrar prestaciones de manera irregular o mantener vínculos con organizaciones extremistas. También podría afectar a personas que hayan facilitado información falsa a las autoridades migratorias.
La novedad más significativa es que la norma tendrá efectos retroactivos. Esto significa que no solo afectará a futuros solicitantes de residencia, sino también a personas que ya disponen de un permiso legal en el país e implicaría su expulsión. Según el ministro de Migración, Johan Forssell, el principio es sencillo: "Quien no se esfuerce por hacer las cosas bien no debería poder contar con quedarse en Suecia".
Las organizaciones de derechos humanos denuncian, sin embargo, que la redacción es demasiado ambigua. Civil Rights Defenders considera que la norma genera inseguridad jurídica porque los residentes no saben exactamente qué conductas podrían acabar poniendo en riesgo su permanencia en el país. "La ley de buena conducta deja a las personas en la incertidumbre sobre qué acciones o expresiones pueden acabar siendo utilizadas en su contra", denunció en un comunicado la organización sueca de derechos humanos Civil Rights Defenders. Según la entidad, la norma "erosiona el estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley".
Funcionarios obligados a denunciar a inmigrantes irregulares
La segunda norma aprobada es todavía más polémica. La llamada "ley de la delación" (angiverilagen), conocida popularmente como la "ley del chivato", obliga a determinados funcionarios públicos a informar a la policía cuando sospechen que una persona se encuentra en el país sin la documentación en regla. La medida fue aprobada por un margen muy ajustado: 174 votos a favor y 172 en contra. Inicialmente, la propuesta afectaba prácticamente a todos los empleados públicos, pero las críticas obligaron al gobierno a introducir excepciones. Finalmente, médicos, profesores y trabajadores sociales no tendrán la obligación de denunciar. En cambio, sí que la deberán cumplir los empleados de la Agencia Tributaria, los servicios públicos de empleo, la Seguridad Social, la Agencia de Pensiones y los servicios penitenciarios. Estos trabajadores deberán comunicar cualquier sospecha de irregularidad migratoria a las autoridades. Los críticos denuncian que esta obligación convierte parte de la administración pública en una extensión de los servicios de control migratorio y puede disuadir a muchas personas de recurrir a servicios públicos por miedo a ser denunciadas.
¿Por qué Suecia ha dado este giro?
Para entender estas leyes hay que remontarse a los últimos años. Suecia recibió cientos de miles de refugiados durante la crisis migratoria de 2015, especialmente procedentes de Siria, Irak y Afganistán. Paralelamente, el país ha experimentado un aumento de la violencia asociada a bandas criminales y tiroteos en determinadas áreas urbanas. Aunque los expertos discrepan sobre la relación entre inmigración y criminalidad, la percepción de inseguridad ha sido aprovechada por los Demócratas de Suecia, un partido de raíces ultranacionalistas que ha convertido la inmigración en el principal eje de su discurso político. Desde las elecciones de 2022, el gobierno ha ido aprobando medidas cada vez más restrictivas: limitaciones a la reagrupación familiar, requisitos más estrictos para obtener la nacionalidad, incentivos económicos para que algunos inmigrantes abandonen el país y campañas oficiales para desanimar nuevas llegadas. Las dos leyes aprobadas ahora representan un nuevo paso en esta dirección.
Un debate que va más allá de Suecia
La controversia ha traspasado las fronteras suecas porque refleja un debate que se extiende por buena parte de Europa: ¿hasta dónde pueden llegar los estados para controlar la inmigración sin vulnerar derechos fundamentales? Organizaciones como Amnistía Internacional, PICUM o Civil Rights Defenders consideran que las nuevas normas pueden abrir la puerta a decisiones arbitrarias y fomentar la desconfianza hacia las instituciones públicas.
Sus defensores, en cambio, argumentan que la residencia es un privilegio que comporta obligaciones y que el Estado debe disponer de herramientas para actuar contra quien incumple las normas. El resultado es que Suecia, antigua referencia europea en políticas de acogida, se ha convertido en uno de los laboratorios más observados del continente en materia de endurecimiento migratorio. Las dos leyes aprobadas esta semana podrían marcar el camino que otros gobiernos europeos controlados por la derecha y extrema derecha.