La madrugada de este martes, el controvertido proyecto de ley de Rishi Sunak para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda ha sido finalmente aprobado. Después de la introducción de una serie de enmiendas, la Cámara de los Lores ha votado finalmente a favor del plan, que pasará a ser ley después de que el rey Carlos III otorgue el consentimiento real. Así pues, a pesar de las críticas de otros partidos y las denuncias de organizaciones internacionales que apuntan que es una ley que viola los derechos humanos de los migrantes, el gobierno conservador no se ha detenido.

La ley ha provocado varias crisis dentro del mismo Ejecutivo de Sunak, marcado por su debilidad. Sin embargo, el primer ministro británico ha hecho de esta controvertida medida una de sus banderas y ha corrido a celebrar su aprobación en un comunicado: “No solo es un paso adelante, sino un cambio fundamental en la ecuación global de la migración”. “Presentamos el proyecto de ley de Ruanda para disuadir los migrantes vulnerables de cruzar rutas peligrosas y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan”, sostiene Sunak. Sin embargo, la oposición señala que esta no es una medida disuasoria, sino que persigue a los demandantes legales de asilo.

Un plan considerado ilegal

El objetivo de la legislación impulsada por el Ejecutivo era considerar Ruanda como un país seguro, después de que el Tribunal Supremo —máxima instancia judicial— considerara ilegal el plan inicial. En noviembre, el Supremo concluyó que la nación africana no es segura porque los migrantes podrían ser devueltos a sus países de origen, de los cuales huyeron.

El proyecto nace en la época de Boris Johnson como primer ministro y entonces instituciones internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya advirtió que se podría estar vulnerando el derecho internacional. Sin embargo, entonces y ahora se hizo caso omiso, hasta que la ley está a punto de hacerse una realidad a corto plazo. Tanto es así que Sunak afirmó el lunes que los vuelos con migrantes que han cruzado de manera ilegal el Canal de la Mancha —entre Francia e Inglaterra— empezarán a elevarse dentro de 10 o 12 semanas.

Un llamamiento desesperado a las aerolíneas

Viendo la inminente aprobación de esta ley, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos recordaron el lunes a las compañías y autoridades aéreas que no tienen que facilitar el traslado “ilegal” a Ruanda de demandantes de asilo en el Reino Unido. “Las aerolíneas y las autoridades reguladoras de la aviación podrían ser cómplices de la violación de derechos humanos protegidos internacionalmente y de órdenes judiciales al facilitar expulsiones a Ruanda”, afirmaron los expertos en una un comunicado, entre ellos el relator sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi.