Primeras ejecuciones en Birmania en más de 30 años, desde 1988. Después de tomar el poder hace un año y medio con un golpe de estado, la junta militar birmana ha colgado ahora a cuatro activistas prodemocracia que estaban acusados "de actos terroristas". Uno de ellos es el prominente activista Ko Jimmy, que ya participó en las protestas de 1988 contra el régimen militar del momento (y en las cuales también participó Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 1991). Tenía 52 años y fue detenido en octubre después de ser acusado de ocultar armas en un apartamento en Rangún, antigua capital del país. Otra de las personas ejecutadas es Phyo Zeya Thaw, diputado de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, partido de la mencionada Suu Kyi). Tenía 41 años y era un artista de hip-hop reconvertido en político. Poca información hay de los otros dos activistas, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, que fueron condenados por supuestamente asesinar a una informadora del ejército.
La noticia ha saltado este lunes por la mañana, cuando los medios oficiales de Birmania tan solo informaban de "castigos" y no de ejecuciones. Un breve comunicado del Global New Light of Myanmar, controlado por el ejército, apuntaba que "el castigo ha seguido los procedimientos de la prisión". Pero el independiente Myanmar Now ha hablado directamente de unas ejecuciones que tuvieron lugar el sábado, cuando también se quemaron los cadáveres. La junta militar no ha confirmado nada de esto. Zaw Min, portavoz del régimen, se ha limitado a decir al medio Voice of Myanmar que "es lo que se ha dicho en los diarios". "No hablaré al respecto en la rueda de prensa. Lo que ha pasado obedece a las leyes y no necesita explicación", ha cerrado. En cualquier caso, queda claro que la junta militar ha dado un paso más en la represión y la violencia.
La brutalidad de la junta militar de Birmania
Un portavoz del Ministerio de Cooperación Internacional del Gobierno de Unidad Nacional (NUG) ha denunciado a Efe que "el hecho de que no hayan querido entregar los cuerpos a las familias lo hace todo peor, porque sugiere que es para esconder que fueron antes torturados". Hay que recordar que el NUG está formado por miembros del anterior ejecutivo de Suu Kyi, derrocado por los militares el pasado 1 de febrero del 2021. Desde el golpe de estado, el NUG se proclama desde la semiclandestinidad el poder legítimo de Birmania. Dos de los activistas ejecutados tenían vínculos con este tipo de gobierno alternativo.
Las cuatro personas habían sido condenadas a muerte por un tribunal de Rangún por supuestos "actos terroristas". Sus muertes son una nueva muestra de la brutalidad de la junta militar, que con el golpe de estado puso fin a una década de transición democrática y ahora recuperan escenas del pasado. Las últimas ejecuciones en el país son de 1988 y tuvieron lugar bajo el mandato de una junta militar anterior que aisló el país entre 1962 y el 2011. Desde entonces, había habido sentencias a muerte sin que se hayan llegado a llevar a cabo. Igualmente, el régimen ya lo advirtió en junio: la pena capital volvería mediante la tradicional ejecución a la horca. Dicho esto, hay que mencionar también que el anterior gobierno de Suu Kyi estuvo marcado por la limpieza étnica del pueblo rohinyá, una minoría musulmana que vive cerca de la frontera con Bangladés.
Presos políticos y civiles asesinados
La ejecución de los cuatro activistas ha provocado estupor tanto dentro como fuera del país. El relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, ha condenado los asesinatos y ha pedido "contundencia" por parte de la comunidad internacional. La directora de Human Rights Watch para Asia, Elaine Pearson, ha denunciado "el acto de crueldad" y ha pedido a la Unión Europea, a los Estados Unidos y a otros gobiernos internacionales que muestren a la junta militar que habrá "consecuencias" por estos crímenes.
Estas reacciones y muchas otras han servido para que el mencionado portavoz anónimo del NUG espere que lleguen más pasos de la comunidad internacional contra el régimen. "Necesitamos a la comunidad internacional. La ONU tiene que llevar a la junta militar ante la Corte Penal Internacional. El ejército solo escalará la violencia, hacen falta acciones", ha manifestado. De hecho, ha recordado que hay más de un centenar de prisioneros políticos que están en el corredor de la muerte y más de 2.114 civiles asesinados, de acuerdo con los datos de la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos. "No importa si los asesinatos son civiles o miembros del NUG. De cualquier manera están matando gente y eso solo nos muestra que los militares harán cualquier cosa para seguir en el poder", concluye.