El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha declarado este sábado el estado de excepción en todo el país durante un periodo máximo de 90 días para poner fin a los bloqueos de carreteras que, desde hace semanas, afectan la circulación, el suministro de productos básicos y parte de la actividad económica nacional. La decisión llega después de más de seis semanas de movilizaciones y cortes de vías impulsados por sectores sindicales, campesinos y grupos afines al expresidente Evo Morales, que reclaman la dimisión del jefe del Estado. A pesar del acuerdo alcanzado horas antes entre el gobierno boliviano y la Central Obrera Boliviana para levantar las medidas de presión, otros sectores han mantenido los bloqueos.
En un mensaje a la nación, Paz ha defendido que la medida busca devolver la normalidad al país. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, proveerse y llevar el sustento a sus hogares”, ha afirmado el mandatario. El presidente ha asegurado que el gobierno había intentado primero la vía del diálogo. Según Paz, el ejecutivo ha agotado “todas las instancias de diálogo” antes de recurrir a esta medida extraordinaria. También ha remarcado que el estado de excepción no pretende alterar la vida cotidiana de la población, sino garantizar la libre circulación y el abastecimiento.
La medida permite a la Policía y a las Fuerzas Armadas actuar de manera coordinada para liberar vías bloqueadas, proteger rutas estratégicas y garantizar la seguridad de la población. “He dispuesto la aplicación del estado de excepción para liberar las carreteras del país”, ha dicho Paz. El gobierno boliviano ha insistido en que la decisión no supone la suspensión de derechos fundamentales. Las actividades laborales, educativas, comerciales y financieras podrán continuar con normalidad, excepto en zonas concretas donde se puedan aplicar restricciones temporales por motivos de seguridad.
"Un intento de golpe de Estado"
El decreto prohíbe expresamente los bloqueos de calles, avenidas, caminos y carreteras que afecten la circulación de personas o el suministro de bienes esenciales. También queda prohibido llevar armas, explosivos, elementos punzantes conocidos como "miguelitos", sustancias inflamables o combustible en envases no autorizados durante movilizaciones o concentraciones. Paz ha acusado a algunos sectores de convertir una protesta social en una estrategia de desestabilización. En su discurso, ha afirmado que Bolivia afronta "un intento de golpe de estado desde el narcoterrorismo" y ha sostenido que detrás del conflicto hay "estructuras políticas organizadas".
A pesar del tono duro del mensaje, el presidente ha dejado abierta la puerta a nuevas negociaciones con los sectores que todavía mantienen los bloqueos. "A aquellos que todavía mantienen bloqueos, les digo con claridad: todavía están a tiempo de desistir voluntariamente; si tienen demandas legítimas, las puertas del diálogo continuarán abiertas, como lo estuvieron desde el primer día", ha declarado.
El conflicto ha provocado problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en algunas ciudades, además de graves pérdidas económicas. Según los datos recogidos en la información facilitada, las movilizaciones han dejado al menos 16 muertos, 13 de los cuales por falta de atención médica oportuna a causa de los bloqueos.
El estado de excepción podrá durar hasta 90 días, aunque el gobierno de Paz asegura que se podrá levantar antes si cesan los bloqueos, los episodios de violencia o las amenazas que han motivado su aplicación.