El enfrentamiento entre la Administración Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez ha vivido un nuevo episodio con la filtración de un correo electrónico interno del Pentágono, en el que se cita la posible suspensión de España de la Alianza Atlántica por no haber apoyado las operaciones norteamericanas en la guerra contra Irán, o no cumplir con los compromisos de gasto en defensa. Esta, sin embargo, es una posibilidad legal que no es viable, dado que el Tratado del Atlántico Norte no prevé mecanismos ni disposiciones que prevean sanciones, suspensiones o expulsiones por desacuerdos políticos, militares o financieros, según las reglas de la organización. La única vía para que un país pueda salir de la OTAN es la retirada voluntaria. No obstante, se deben dar dos condiciones recogidas en el artículo 13 para que un país pueda salir unilateralmente: que hayan pasado al menos veinte años desde la entrada en vigor del Tratado del Atlántico Norte. Esto tuvo lugar en 1949, de manera que hasta 1969 ningún país podía solicitar la baja voluntaria. Y la segunda condición, que el país que quiere abandonar la Alianza debe notificar oficialmente su decisión de retirarse a Estados Unidos, que es el depositario del Tratado del Atlántico Norte porque fue el lugar donde se firmó —el 4 de abril de 1949 en Washington— y su gobierno gestiona formalmente el texto original. El país en cuestión debería informar al Departamento de Estado de EE. UU., que lo comunicaría al resto de los países miembros, y se haría efectiva al cabo de un año.
El hecho de que el gobierno americano sea depositario no le otorga poderes especiales para expulsar o suspender a otros miembros, solo un rol administrativo neutral. Las mismas condiciones debería cumplir la Administración Trump si quisiera dejar de ser miembro de la OTAN, organización que el republicano ha criticado repetidamente —la ha calificado de “tigre de papel” — e incluso ha amenazado con abandonar. Pero, en el ámbito interno, la salida de Estados Unidos tampoco sería tan sencilla. En 2023, el entonces presidente Joe Biden firmó una ley que impide que un presidente abandone la Alianza si no cuenta con el apoyo de una mayoría de dos tercios del Senado.
Mecanismos de presión
Pero, volviendo a las tensiones recientes que afectan a España, como las amenazas de Trump por el insuficiente gasto en defensa o los vetos a ceder las bases por conflictos como los de Irán, el Pentágono ha explorado suspensiones simbólicas vía la Convención de Viena sobre incumplimientos graves del Derecho de los Tratados, pero requieren el consenso unánime de todos los aliados (excluyendo al afectado), lo que lo hace políticamente inviable. Algunos expertos sí señalan que, aunque no se pueda expulsar a un país de la OTAN a menos que este decida marcharse de manera voluntaria, sí se pueden ejercer mecanismos de presión sobre un Estado miembro si no actúa conforme al resto del colectivo para intentar condicionar su comportamiento. Son acciones como no invitar a este Estado a determinadas reuniones de carácter político o no hacerlo partícipe de ejercicios militares o de operaciones dentro de la OTAN. En este sentido, Estados Unidos también ha intentado ejercer presión sobre el Gobierno para exigirle que eleve el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB que exigen la OTAN y Trump, amenazando con retirar tropas de las bases españolas, como la de Rota o Morón, o a través de aranceles o amenazas de posibles embargos comerciales. El Gobierno Sánchez ha respondido siempre destacando la incuestionable lealtad de España a la Alianza y asegurando que el Estado ya satisface los compromisos con la OTAN sin llegar al 5 % del PIB. España llegó al 2 % de su producto interior bruto (PIB) en gasto destinado a defensa por primera vez en su historia en agosto de 2025, alcanzando el objetivo en gasto militar que exige la Alianza Atlántica (OTAN) para aquel año. El Gobierno ha incrementado el gasto en defensa de 22.693 millones de euros en 2014 a 33.123 millones en 2025, lo que supone un aumento del 43,11 % en poco más de una década.
Una presencia consolidada
El Estado español es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde el 30 de mayo de 1982, cuando ingresó como el 16.º miembro, bajo el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Felipe González, ya en el poder desde octubre de 1982, suspendió la integración militar plena y prometió una consulta popular para ratificar esta decisión. El referéndum, celebrado el 12 de marzo de 1986, confirmó su permanencia en la Alianza. Con una participación del 59,4 %, el sí se impuso con el 52,54 % de los votos (o el 56,85 % de los votos válidos), lo que permitió la continuidad en la OTAN bajo determinadas condiciones, como la no instalación de armas nucleares. Esto desbloqueó la participación plena en comités y misiones, y culminó con la integración militar en el año 1999.
¿En qué contribuye España a la OTAN?
España contribuye de manera significativa a la OTAN mediante misiones operativas, infraestructuras clave y la defensa colectiva, y se consolida como un aliado relevante en los flancos sur y este de la Alianza. En cuanto a las infraestructuras estratégicas, acoge el CAOC de Torrejón (que controla el espacio aéreo del sur de Europa), el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Bétera (València) y destructores AEGIS en Rota para la defensa antimisiles. Asimismo, alberga el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos en Hoyo de Manzanares. En cuanto a los despliegues militares, España lidera el Battle Group en Letonia (Presencia Avanzada), despliega un radar en Rumanía, una batería Patriot en Turquía y tropas en Irak para tareas de entrenamiento, y participa en operaciones marítimas como Sea Guardian en el Mediterráneo y en el Atlántico. En 2024 aportó unos 117.400 efectivos militares, situándose en el octavo lugar dentro de la Alianza.