Al cabo de 34 años la muerte de los jesuita Ignacio Ellacuría en El Salvador, junto con cinco miembros más de su orden, ha encontrado justicia. En concreto, la Audiencia Nacional ha condenado hoy a 133 años de prisión a Inocente Orlando Montano Morales, el ex coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército del Salvador, por el asesinato de los religiosos que se produjo la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Un crimen que tuvo lugar en el marco del conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
Al detalle, la Sección Segunda de la sala de lo penal considera que Montano Morales es autor de un delito de asesinato de carácter terrorista por la muerte de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, por lo cual se la impone una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión para cada uno de ellos.
Lo cuida Ignacio Ellacuría asesinado en El Salvador
Otros crímenes
Además, los magistrados también han considerado que Montano Morales tambés es el autor de la muerte de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, así como de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos. Al detalle, la sentencia, ponencia de Fernando Andreu, resuelto que este crimen es competencia de la jurisdicción española porque "se trata de asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas".
Ahora bien, aunque reconoce que se trata de ocho delitos de asesinato de carácter terrorista, la Sala sólo puede condenar por la muerte de los cinco ciudadanos españoles asesinados porque el Tribunal de distrito de Carolina de Sud concedió la extradición del condenado sólo por las víctimas de nacionalidad española.
En la sentencia se remarca la fuerte influencia que tenía Ellacuría dentro de la sociedad salvadoreña con un discurso que apostaba por el diálogo para resolver el conflicto. "El papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia, se enfocaba especialmente a la figura de Ignacio Ellacuría, cuya insistencia hizo que cada vez hubiera más presión respecto de alcanzar una solución negociada al conflicto en los meses inmediatamente anteriores al asesinato de los jesuitas", destaca la Audiencia Nacional en un comunicado.
El acusado formaba parte de "la tandona", la fuerza cohesiva del Ejército de El Salvador, integrada en el círculo de dirección de los llamados "los compadres" que adoptaban las decisiones. Este grupo veían en Ellacuría como un "enemigo" a la vez que su tarea de intermediación suponía una amenaza para su privilegiada posición, "por lo que empezaron a plantearse la conveniencia de acabar" con su vida, se recoge en el comunicado.
Asimismo, la sentencia argumenta que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos de lo Estado, "lo que por lo común viene a denominarse como terrorismo desde el Estado.