Hungría ha abierto una de las páginas más ocultas de su pasado con la publicación de cerca de 60.000 nombres vinculados a la red de espionaje del régimen comunista, un sistema que durante décadas utilizó a ciudadanos para vigilar a sus propios vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares. Los documentos, accesibles desde el 4 de noviembre, permiten a los húngaros buscar si personas de su entorno aparecen en los registros de la policía política. Según las estimaciones de los historiadores, unas 150.000 personas formaron parte de esta red a lo largo de la dictadura, que mantuvo un extenso sistema de vigilancia sobre la población hasta la caída del comunismo, en 1989.
La decisión del gobierno del primer ministro Péter Magyar ha puesto a disposición de cualquier ciudadano una base de datos que hasta ahora solo se podía consultar de manera limitada. A través del portal Nyitott Akták, los usuarios pueden buscar nombres de padres, abuelos, antiguos compañeros de trabajo o personas conocidas y consultar los datos disponibles sobre su posible vinculación con los servicios secretos. Los archivos incluyen identidades reales, nombres en clave, fechas de reclutamiento e información de los agentes que intervinieron en la captación. Sin embargo, los responsables del archivo advierten que aparecer en los registros no demuestra necesariamente que una persona colaborara activamente con el régimen, ya que también constan individuos que fueron objeto de intentos de reclutamiento o que no llegaron a presentar informes.
Chantajes, amenazas y una red de espionaje que llegaba hasta las familias
La documentación permite conocer los métodos que utilizaba la policía política para conseguir informantes. Los agentes investigaban la vida privada de los ciudadanos para identificar posibles puntos débiles y, en muchos casos, recurrían al chantaje, las amenazas o las recompensas para obtener su colaboración. La vigilancia se extendía por escuelas, fábricas, cooperativas agrícolas, iglesias y entornos familiares. Entre los casos documentados se encuentra el de un minero de Kisterenye que presentó informes sobre su familia y sus compañeros de trabajo durante treinta años, y el de un profesor en prácticas que fue vigilado por haberse quejado de la calidad de la comida de la residencia donde vivía.
Entre los nombres que han aparecido en la base de datos figura también Katalin Karikó, premio Nobel de Medicina, reclutada en 1978 bajo el nombre en clave de "Lengyel Zsolt". Aunque el registro oficial atribuía su incorporación a motivos patrióticos, la científica ya había explicado públicamente que firmó el documento después de recibir amenazas relacionadas con su carrera profesional y los antecedentes políticos de su padre. Karikó asegura que nunca presentó informes ni perjudicó a nadie. Su caso ejemplifica la complejidad de unos expedientes que no siempre permiten distinguir entre quienes colaboraron voluntariamente, quienes actuaron bajo presión y quienes se resistieron a las exigencias de los servicios de seguridad.
Una publicación histórica que ya ha provocado una polémica
La apertura de los archivos era una de las promesas electorales de Magyar y llega más de 36 años después del fin del régimen comunista. Sin embargo, la documentación publicada solo representa una parte de la red original, porque miles de expedientes desaparecieron durante la revolución húngara de 1956 y los últimos años de la dictadura. El gobierno prevé publicar una segunda tanda el 25 de febrero de 2027, con aproximadamente 9.000 expedientes de reclutamiento más detallados. Magyar ha pedido que la sociedad afronte estas revelaciones con dignidad y humanidad, consciente de que muchas familias pueden descubrir información dolorosa sobre parientes que ya han muerto. También ha insistido en que el objetivo de la medida no es promover una revancha, sino permitir que el país conozca el funcionamiento de la represión comunista.
La publicación, sin embargo, ya ha desencadenado una controversia por un error informático que identificó equivocadamente a varias personas vigiladas como posibles colaboradoras. Uno de los afectados es Sándor Lezsák, antiguo vicepresidente del Parlamento húngaro, que aparecía en los registros a pesar de haber sido objetivo del espionaje comunista. El Archivo Histórico de los Servicios de Seguridad del Estado (ÁBTL) ha reconocido que el error se produjo durante la conversión de datos procedentes de antiguas cintas magnéticas y ha confirmado que 164 personas resultaron afectadas. El director del organismo, Gergő Bendegúz Cseh, anunció el 6 de noviembre que la incidencia había sido corregida y pidió disculpas a todos los afectados. También el primer ministro se ha disculpado públicamente con Lezsák, mientras que su hija, diputada de Fidesz, ha reclamado la dimisión del responsable del archivo. La polémica ha puesto de manifiesto la necesidad de interpretar con prudencia unos documentos que, décadas después de la caída de la dictadura, continúan revelando aspectos desconocidos de la vida de miles de familias húngaras.