El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha un programa que permitirá a los extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a cambio de una aportación de 350.000 dólares (unos 312.000 euros) o de la compra de bonos públicos por valor de 800.000 dólares (714.000 euros). La iniciativa, presentada en París el 2 de octubre por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca atraer capital internacional, pero ha desencadenado una ofensiva parlamentaria de la oposición y un debate sobre la constitucionalidad del mecanismo.
Según informó el diario argentino La Nación, el programa empezará a recibir solicitudes durante el último trimestre de 2026. La aportación directa al Tesoro será no reembolsable, mientras que la alternativa financiera consistirá en suscribir un título público creado específicamente para el programa. El gobierno también ha previsto importes adicionales para los familiares: 100.000 dólares para el cónyuge y para los hijos solteros de entre 18 y 25 años, y 25.000 dólares por cada hijo menor. Para una familia de dos adultos y dos menores, el coste total sería de 500.000 dólares, unos 446.000 euros.
El ejecutivo defiende la medida como una herramienta para reforzar las finanzas públicas y promover la llegada de inversiones. En el comunicado oficial, el Ministerio de Economía asegura que las solicitudes estarán sometidas a controles de identidad, antecedentes penales, origen de los fondos y riesgos financieros. La ciudadanía, por lo tanto, no se otorgaría automáticamente con el pago.
El peronismo quiere frenar el programa
La respuesta política no se ha hecho esperar. Según el diario argentino Página/12, los diputados de la oposición Agustín Rossi, Kelly Olmos, Florencia Carignano y Paula Penacca impulsan iniciativas para derogar el régimen introducido por decreto. Rossi defiende que la inversión no puede sustituir los requisitos legales de naturalización y sostiene que el Congreso es el órgano competente para regular el acceso a la nacionalidad.
Carignano, exdirectora de Migraciones, ha ido más allá y ha relacionado el programa con la controversia sobre la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros. En una intervención parlamentaria recogida por Página/12, cuestionó que el gobierno invoque la soberanía nacional mientras facilita el acceso a la ciudadanía a cambio de dinero. La oposición también alerta de que el sistema podría beneficiar a grandes fortunas sin exigir una residencia efectiva ni una inversión productiva concreta.
Un debate constitucional
Las críticas también provienen del ámbito jurídico. En un artículo de opinión publicado en La Nación el 8 de octubre, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez argumenta que la Constitución argentina establece la residencia como vía general para obtener la ciudadanía por naturalización, y que las excepciones deben estar vinculadas a servicios prestados al país. A su parecer, el decreto no puede sustituir la competencia legislativa del Congreso en esta materia.
El debate, sin embargo, no es solo jurídico. En un análisis publicado por Infobae, especialistas también han cuestionado la falta de concreción sobre los criterios de admisión, los efectos fiscales y el papel de las empresas asesoras que participan en el desarrollo del programa.
Con la iniciativa aún pendiente de desplegarse, Milei afronta el reto de demostrar que el sistema puede captar capitales sin comprometer las garantías legales de la naturalización. La oposición, mientras tanto, quiere llevar la controversia al Congreso e impedir que la capacidad económica se convierta en una vía privilegiada para acceder a la nacionalidad argentina.