Alemania, la principal economía de la Unión Europea, todavía está digiriendo el anuncio que hizo el martes pasado el gobierno de coalición encabezado por el canciller Friedrich Merz de un importante plan de austeridad que busca reconfigurar el estado del bienestar. Este paquete de medidas planteadas, con significativos recortes especialmente en los ámbitos de la sanidad y las pensiones, tiene como objetivo principal reducir el déficit público y liberar fondos para aumentar el gasto en defensa. Alemania ha abierto un debate político clave sobre hasta qué punto está dispuesta a reformar su modelo social sin poner en riesgo su esencia. Sobre la mesa está la sostenibilidad del estado del bienestar en un contexto de presión presupuestaria, envejecimiento de la población y la necesidad de aumentar el gasto militar sin que se le desvíen las cuentas, lo que ha derivado en el recorte más grande del gasto social desde la gran recesión de 2010. Mientras el gobierno defiende la necesidad de ajustes para garantizar su viabilidad a largo plazo, los críticos advierten que estos cambios pueden erosionar pilares básicos del estado del bienestar.  Este paquete de recortes sociales, sin embargo, también ha sumido a la coalición de gobierno formada por la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz y los socialdemócratas del SPD en una crisis profunda que pone en riesgo su estabilidad. El SPD, en particular, afronta tensiones internas, dado su compromiso tradicional con la protección social.

Recorte de 38.000 millones para el 2030

El paquete de recortes sociales contempla la reducción de gasto superior a los 19.000 millones en el 2027, que llegaría hasta los 38.000 millones de euros el año 2030, con especial foco en los gastos sanitarios. En Alemania, las aportaciones al seguro médico público se financian a partes iguales entre el trabajador y la empresa, mientras que el Estado solo interviene en casos especiales, como los beneficiarios sin ingresos. El trabajador abona aproximadamente el 7,3 % de su salario bruto, más un recargo adicional —de un 1,7 % de media en 2026—, mientras que el empresario aporta la misma cantidad que la persona empleada. “Con esta reforma, hacemos que el sistema sanitario sea asequible para todos”, argumentó Merz, que  prometió a cambio que las cotizaciones se podrán mantener estables “durante un tiempo”. “Ya en el 2027 nos habrían faltado aproximadamente 15.000 millones de euros para financiar la Seguridad Social, y este déficit habría aumentado hasta los 40.000 millones anuales en el 2030”, advirtió el líder conservador. 

Medidas y reforma del sistema de pensiones

Los proyectos de reforma se basan en 66 medidas elaboradas por una comisión de expertos designada por el gobierno federal. El paquete de medidas incluye la eliminación de la cobertura gratuita de la Seguridad Social para cónyuges no cotizantes, el aumento de los copagos en medicamentos y hospitalizaciones, y una reforma del sistema de pensiones que podría transformar la jubilación en una cobertura de mínimos, reducirla a una prestación básica. El recorte en las pensiones alcanzará los 4.000 millones el próximo año. La reforma contempla casos de dificultades para familias con varios hijos de hasta siete años, padres de niños discapacitados, pensionistas y personas que cuidan de familiares dependientes, pero aquellos que no cumplan estas condiciones deberán pagar a partir de ahora una contribución mínima del 2,5% de los ingresos del cónyuge asegurado.  Originariamente, el proyecto elaborado por la ministra de Sanidad, Nina Warken, preveía una contribución del 3,5%, que el PSD ha podido suavizar. Los socialdemócratas también han conseguido elevar de manera significativa el umbral de exención del seguro hasta los 100.000 euros. El objetivo es evitar que demasiados trabajadores con ingresos elevados abandonen la Seguridad Social y opten por un seguro médico privado. Al mismo tiempo, aumentan los copagos por medicamentos y hospitalizaciones, así como se modifican las reglas de financiación, cambios que previsiblemente incrementarán la presión sobre las cajas del seguro, las Krankenkassen.

Más ingresos con más impuestos

El plan de austeridad y ajuste presupuestario anunciado también incluye una combinación de medidas fiscales para el incremento de la recaudación y los ingresos. Se prevé que el impuesto sobre el plástico aporte unos 1.400 millones de euros, el de las bebidas azucaradas unos 450 millones, mientras que los nuevos gravámenes sobre productos como el tabaco y el alcohol generarían unos 2.000 millones más. También se confía en reforzar la lucha contra el fraude fiscal, con una recaudación estimada de 2.000 millones. Además, Merz consideró el miércoles por primera vez “concebible” aplicar un impuesto a las rentas más altas, siempre que se rebaje el tipo impositivo en los tramos superiores y se elimine el recargo de solidaridad, que la Alemania occidental continúa transfiriendo a los Länder orientales, la antigua RDA.

Bajada de popularidad en las encuestas

Merz calificó el actual sistema de protección “de insostenible”, y no era la primera vez. El canciller alemán ya advirtió en agosto de 2025 que sería necesario aplicar “dolorosas” reformas en materia de prestaciones sociales porque el sistema actual no se podía sostener con los ingresos generados. “El país vivía por encima de nuestras posibilidades”. Son medidas necesarias para afrontar los retos económicos y de seguridad del país, justifica el Ejecutivo. Estas medidas han generado una notable oposición social y tienen un impacto negativo en la popularidad del canciller Merz en las encuestas, situando a la formación Alternativa para Alemania (AfD) como primera fuerza en intención de voto, lo que abre un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad del modelo social europeo. En el ámbito social, los recortes en sanidad y bienestar son percibidos como una ruptura del contrato social que ha caracterizado a Alemania durante décadas. Diversos sectores advierten que estas medidas podrían aumentar la desigualdad y debilitar la cohesión social. 

De la contención militar a la principal potencia defensiva de Europa

Alemania ha intensificado su compromiso con el aumento del gasto militar, en respuesta a un entorno internacional cada vez más inestable y a las exigencias de sus socios europeos y de la OTAN. Bajo el liderazgo de Merz, el país ha dejado atrás décadas de contención presupuestaria militar para posicionarse como la principal potencia defensiva de Europa. El objetivo del gobierno es elevar el presupuesto militar hasta alcanzar el 3,5% del PIB en defensa y un 1,5% adicional en infraestructuras antes de 2029, hecho que suma un total del 5% del PIB, como exigen la OTAN y Donald Trump. Para financiarlo, se probó una reforma constitucional que exime el gasto en defensa del tradicional “freno de la deuda” (Schuldenbremse). Esta modificación permite al país endeudarse de manera significativa para llevar a cabo inversiones masivas —incluido un paquete de hasta 500.000 millones de euros— destinadas a modernizar la Bundeswehr y adaptarla a las nuevas amenazas, como los ciberataques y los conflictos híbridos. Además, desde el 1 de enero de 2026, Alemania ha implementado un nuevo sistema que, a pesar de mantener el voluntariado como base, introduce elementos obligatorios —como el registro y exámenes médicos para los jóvenes— para ampliar los efectivos del ejército de los actuales 184.000 hasta unos 270.000 soldados en el año 2035.