"El Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España, y Melilla sigue siendo un presidio ocupado". Así de contundente se ha expresado el gobierno del Marruecos en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a las aclaraciones que se le habían pedido por "el uso excesivo y letal de la fuerza" contra migrantes de origen africano en los sucesos en la valla fronteriza de Melilla el 24 de junio. En la carta, según informa Europa a Press, el gobierno marroquí considera que es "inexacto" referirse a la línea de separación entre Marruecos y Melilla como "frontera hispano-marroquí", y que se tiene que hablar de "simples puntos de paso". El presidente español, Pedro Sánchez, ha respondido defendiendo que "Ceuta y Melilla son España, y punto".

El Comité de la ONU sobre los Trabajadores Migrantes abrió en julio una investigación sobre el intento de entrada masiva a Melilla el pasado 24 de junio, en el que murieron al menos 23 personas. El organismo exigió tanto a España como a Marruecos explicaciones para aclarar como se habían producido estas muertes. Antes de responder sobre la actuación de las fuerzas de seguridad aquel día, el gobierno del reino alauí ha querido negar la existencia de una frontera en Melilla, que consideran "un simple punto de paso". 

Estas afirmaciones de Rabat llegan en un momento en que las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos son buenas, después de que el pasado mes de abril Sánchez decidiera otorgar al rey Mohamed VI la autonomía del Sáhara Occidental, hecho que le ha supuesto en España la enemistad con Argelia. El acuerdo entre los dos países incluía el restablecimiento de "la plena normalización de la circulación de personas y mercancías" y se restablecerían "los dispositivos apropiados de control aduanero y personas en el ámbito terrestre y marítimo".

Marruecos defiende su actuación en Melilla

Marruecos denuncia que es objeto de una presión migratoria "sin precedentes" y culpa a Argelia de "laxismo" para permitir el paso de miles de inmigrantes con destino al territorio marroquí. En concreto, sobre los acontecimientos en la valla de Melilla del 24 de junio, se sacude las responsabilidades y denuncia que los migrantes actuaron con una "violencia inusitada" y que estaban organizados y tenían en muchos casos formación militar.

Así, defiende la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y asegura que no tenían ningún arma de fuego letal y que no dispararon. Sostiene que actuaron "en el respeto absoluto del principio de necesidad y de proporcionalidad al uso de la fuerza". Por otra parte, denuncia la difusión de informaciones falsas y remarca que hubo 23 muertos y no 37, que fue la cifra que ofreció una organización de derechos humanos local, y asegura que las autopsias realizadas a todos ellos confirman que murieron por asfixia en la avalancha y no por armas de fuego.

Una vez dicho todo eso, el Gobierno marroquí rebate la acusación de "racismo estructural y de tratamiento discriminatorio de individuos de ascendencia africana" —el objeto principal de la misiva de los relatores de la ONU—, ya que el país ha llevado a cabo "vastas operaciones de regularización de inmigrantes en situación irregular". Finalmente, traslada las responsabilidades de las devoluciones en caliente hacia las autoridades españolas y asegura que "Marruecos no hace sino sufrir las consecuencias de un fenómeno, cuya gestión securitaria, ya ha demostrado sus límites".