Como ya se anunció al principio de este mes de abril, este miércoles, el Tribunal de Magistrados de Westminster ha emitido la orden de extradición de los Estados Unidos (EE.UU.) de Julian Asange, fundador de WikiLeaks. El siguiente paso de este proceso pasa por el despacho de la ministra británica del Interior, Priti Patel. Hasta el momento, lo que ha hecho el juez Paul Golspring ha sido derivar la decisión de la extradición en el gobierno británico para que la firme. El encargo recae sobre Patel, que podría ahogarse, esta sería una improbable oportunidad de Assange para no acabar ante un juez estadounidense.
Patel tiene un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega. Por su parte, la defensa de Assange ya ha indicado que defenderá su postura dentro del periodo de cuatro semanas previsto, que se acaba el 18 de mayo. Para que la ministra se acabara decantando por los argumentos de los fundadores de WikiLeaks no sólo tiene que ser convencida por su defensa, también se tienen que cumplir algunos requisitos recogidos a la ley británica. La titular de Interior sólo puede ejercer su derecho a prohibir una extradición en casos específicos amparados por la Ley de Extradición del 2003 y siempre conforme a los acuerdos con el país demandante, en este caso los EE.UU. La eventual decisión de Patel podrá ser recurrida por las partes, la Justicia norteamericana o Assange, pero la última palabra la tiene el Tribunal Superior, quien tiene que avalar de autorizar la decisión, según informa Efe.
Pocas salidas
La defensa de Assange se queda sin alternativas, sobre todo después de que el pasado 14 de marzo el Tribunal Supremo del Reino Unido diera luz verde a la extradición del fundador de WikiLeaks al rechazar un recurso que buscaba impedirla. Esta decisión puso fin a un proceso judicial que arrancó el 21 de enero del 2021, cuando la jueza Vanesa Baraitser, de primera instancia, denegó la entrega del acusado al considerar que presentaba riesgo de suicidio y que las condiciones penitenciarias en los EE.UU. podían exacerbarlo. La victoria, que en aquel momento supuso la decisión de Baraitser, ahora queda muy lejos. Los abogados de Assange todavía pueden intentar recurrir la decisión de la ministra, si no la extradición se produciría en los 28 días siguientes de haber sido autorizada por la ministra.
Si Assange pone un pie en los Estados Unidos afronta a un proceso judicial en que se le juzgaría por 18 delitos de espionajes e intrusión informativa por las publicaciones que el portal WikiLeaks filtró sobre los crímenes de guerra estadounidenses en Iraq y Afganistán. En total, Assange podría encontrarse con una condena de 175 años de prisión.