Francia afronta una nueva ola de malestar social que va mucho más allá de los disturbios y los toques de queda parciales decretados después de un fin de semana de violencia. Las protestas, que empezaron con reivindicaciones estudiantiles y han incorporado sindicatos, trabajadores, jubilados y sectores vinculados a los Chalecos Amarillos, reflejan una acumulación de frustraciones económicas y políticas. El gobierno de Emmanuel Macron se encuentra bajo presión para restablecer el orden, pero también para responder a unas demandas que cuestionan la capacidad del Estado para garantizar el bienestar.
Una economía que pierde impulso
Los datos ayudan a entender el descontento. Según el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE), el paro llegó al 8,3% el segundo trimestre de 2026, el nivel más alto desde 2020, si se excluyen los efectos de la pandemia. Al mismo tiempo, Le Monde ha advertido que el poder adquisitivo de las familias ha entrado en una fase de retroceso: después de caer el 0,7% en 2025, podría registrar una bajada similar en 2026. La subida de los precios, especialmente de la energía, y unos salarios que no han recuperado el terreno perdido alimentan la sensación de que trabajar ya no garantiza mantener el nivel de vida.
La situación fiscal limita la respuesta del gobierno. Francia arrastra un déficit elevado y una deuda pública próxima al 120% del PIB, lo que restringe la capacidad de financiar nuevas ayudas o reforzar los servicios públicos sin agravar las cuentas del Estado. La necesidad de contener el gasto entra así en conflicto con las demandas de más inversión en educación, sanidad y protección social.
¿Qué reclaman los manifestantes?
El movimiento estudiantil denuncia la falta de profesorado, el deterioro de los centros educativos y las dificultades de acceso a la universidad a través de Parcoursup, el sistema de admisión a la enseñanza superior. Según Le Monde, estudiantes y alumnos de secundaria han presentado un paquete de diez medidas urgentes para reclamar mejores condiciones educativas y más recursos.
A estas demandas se han sumado las quejas por el coste de la vida, el precio de los carburantes y la pérdida de poder adquisitivo. La convergencia con sectores sindicales y con parte del movimiento de los Chalecos Amarillos recuerda que el malestar francés no es nuevo: en 2018, la protesta contra los impuestos a los carburantes ya se convirtió en una revuelta más amplia contra las desigualdades y la percepción de abandono de las zonas periféricas.
La violencia, los saqueos y los ataques contra edificios públicos, sin embargo, no representan necesariamente al conjunto de los manifestantes. El gobierno atribuye parte de los incidentes a grupos radicales y delincuentes, mientras que los críticos alertan de que centrar la respuesta exclusivamente en la seguridad deja sin resolver las causas sociales de las protestas.
Francia y Alemania, dos modelos bajo presión
El malestar francés coincide con las dificultades de la otra gran potencia económica europea. Alemania, muy dependiente de la industria y las exportaciones, ha sufrido el encarecimiento de la energía, la competencia china y la incertidumbre comercial con Estados Unidos. Aunque Berlín prevé una recuperación del PIB del 1,3% en 2026, según las proyecciones oficiales de otoño, la actividad industrial y las exportaciones siguen siendo vulnerables.
Las dificultades, sin embargo, no son idénticas. Francia sufre especialmente el peso de la deuda pública, la debilidad del consumo y la parálisis política; Alemania, las dificultades para adaptar su modelo industrial y exportador. La desaceleración de ambas economías añade presión al conjunto europeo.
Con las elecciones presidenciales francesas de 2027 en el horizonte, la crisis también tiene consecuencias políticas. La incapacidad de dar una respuesta convincente al malestar puede favorecer a las fuerzas que prometen una ruptura con el actual sistema. Macron se encuentra así ante un doble reto: recuperar el control de las calles y reconstruir la confianza de una ciudadanía que reclama resultados concretos sobre el coste de la vida, la educación y los servicios públicos.