El bloqueo del Museo del Louvre por parte de estudiantes y las críticas de los alcaldes de París y Marsella a la gestión policial de los disturbios evidencian el alcance de la crisis social que atraviesa Francia. Las protestas juveniles, que denuncian el deterioro de los servicios públicos y la respuesta policial a las movilizaciones, coinciden con una escalada de la violencia en las calles y aumentan la presión sobre el gobierno.
Los estudiantes de la Escuela del Louvre han impedido este lunes el acceso habitual al museo, tanto por la pirámide principal como por el pasaje Richelieu, según ha comprobado la Agencia EFE. La dirección del centro ha anunciado que no podría abrir con normalidad y que devolvería el importe de las entradas a los visitantes afectados.
Los manifestantes han justificado la acción como una manera de dar visibilidad a las reivindicaciones de los estudiantes de secundaria y denunciar la represión policial. En los panfletos distribuidos en los accesos, también criticaron los recortes presupuestarios, la supresión de puestos de trabajo y el deterioro de los servicios públicos. Los organizadores presentaron el bloqueo como un último recurso después de semanas de movilizaciones.
París y Marsella piden explicaciones al estado
La protesta se inscribe en un movimiento estudiantil más amplio que ha ido ganando presencia en las calles francesas. El diario Le Monde ha informado de movilizaciones en varias ciudades y de las reivindicaciones de los jóvenes para mejorar las condiciones educativas, ante las denuncias de falta de profesorado y de recursos en los centros.
La tensión también se ha trasladado al debate sobre el orden público. Los alcaldes de París, Emmanuel Grégoire, y Marsella, Benoît Payan, han reclamado explicaciones al Estado después de los graves incidentes del fin de semana. Grégoire ha denunciado fallos en la previsión y el despliegue policial, mientras que Payan ha cuestionado la gestión de la seguridad en Marsella, donde manifestantes entraron en el edificio del Ayuntamiento.
Según Le Monde, Grégoire también ha pedido transparencia sobre los efectivos desplegados y las decisiones adoptadas durante los disturbios, mientras que los dos alcaldes han defendido la necesidad de distinguir entre los manifestantes pacíficos y los responsables de los saqueos y los destrozos.
Los incidentes del sábado 17 de octubre afectaron a diversas ciudades francesas. En París se registraron saqueos de comercios y daños en espacios públicos, mientras que en Lyon y Marsella también se produjeron episodios violentos. El gobierno ha condenado los ataques contra edificios públicos y establecimientos comerciales, a la vez que ha atribuido parte de la violencia a grupos radicales.
La crisis plantea un doble reto a las autoridades francesas: restablecer la seguridad sin agravar el conflicto con los sectores movilizados y dar respuesta a las reivindicaciones sociales que han alimentado las protestas. La demanda de explicaciones de los alcaldes y el bloqueo de uno de los principales símbolos culturales del país muestran que el malestar ya no se limita a las calles y se ha convertido también en un problema político.
Toques de queda
En este contexto, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado que pedirá a las prefecturas que decreten toques de queda parciales en varias ciudades del país para frenar la oleada de disturbios y saqueos. Tras una reunión interministerial, Lecornu ha defendido que esta medida es más adecuada que declarar el estado de emergencia, aunque no ha descartado aplicarlo si la situación empeora. El Ministerio del Interior deberá concretar qué zonas se verán afectadas.
Lecornu ha advertido de que el Gobierno no tolerará que los saqueos se consoliden y ha anunciado una respuesta penal contundente contra los responsables de los incidentes. El primer ministro también ha atribuido parte de los disturbios diurnos a la extrema izquierda y los incidentes nocturnos a la delincuencia común. Mientras tanto, las autoridades francesas intentan contener una crisis que ha afectado a numerosos comercios y ha aumentado la presión sobre la gestión del orden público.