Miles de personas se han manifestado en el centro de Berlín para protestar contra Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, la Unión Europea, la OTAN, las sanciones en Rusia y las subidas de precios del gas y la energía. La concentración ha sido organizada por el partido de extrema derecha AfD (Alternativa para Alemania) para denunciar la política energética del gobierno de Olaf Scholz y la inflación. Se esperaban que participaran cerca de 500 personas, pero finalmente la portavoz de la policía, Anja Dierschke, ha informado de que habían participado más de 10.000 personas. La manifestación ha acabado con 28 personas detenidas por enfrentamientos contra varios grupos de contramanifestantes, unos 1.400 distribuidos en diferentes puntos de la marcha para tratar de bloquearla. A catorce de los detenidos se les abrió expediente de denuncia por delitos de daños o por el uso de símbolos de organizaciones anticonstitucionales. Al frente de la manifestación han desfilado la europarlamentaria Beatriz von Storch y el líder local de AfD, Dennis Hohloch, llevando una pancarta bajo el lema 'otoño caliente sí, habitaciones frías no'.
A lo largo de la manifestación se han podido ver banderas anticonstitucionales y saludos nazis, símbolos completamente prohibidos en Alemania y que, en muchos casos, son condenados con penas de prisión. Lo trata el Código Penal con una reglamentación detallada y de gran complejidad, que intenta recoger todas las casuísticas. Según el artículo 86 del Código Penal alemán, está totalmente prohibida la esvástica, el saludo hitleriano, el himno del Partido Nazi y el uso o distribución de símbolos y canciones nazis, así como la imagen de Adolf Hitler.
Saftigen Hitlergruß bei der #AfD-Demo in #Berlin in Video eingefangen. "Ganz Berlin liebt die AfD", schreit die junge Frau dabei Gegendemonstranten zu. #b0810 pic.twitter.com/PETdk4Fkbd
— Annika Leister (@AnnLei1) October 8, 2022
El plan de ayudas energéticas de Scholz
El canciller alemán, Olaf Scholz, se ha defendido de las críticas entorno su plan de invertir 200.000 millones de euros para limitar los precios de la energía a Alemania y su impacto para los ciudadanos. Después de una reunión informal de los líderes de la Unión Europea en Praga este viernes, el canciller admitió que trató la cuestión "para disipar malentendidos" que se habían producido y argumentó que es una medida "imprescindible" y similar a las que han adoptado otros países europeos.
El plan de Scholz tiene como objetivo "aliviar a los ciudadanos, los jubilados, las familias, los estudiantes, las empresas", insistió, y "encaja muy bien" con los programas implementados por otros Estados, entre los cuales citó en Italia, España, Francia y Países Bajos. "Alemania es un país industrialmente fuerte. Podemos hacerlo. Tenemos en cuenta normalmente la estabilidad financiera para poder actuar precisamente en situaciones de crisis", aseguró y ante la insistencia de la prensa replicó que "nadie tiene nada en contra".
Posible ruptura del mercado europeo
El plan de 200.000 millones de euros para abaratar la factura de la luz del gobierno alemán ha hecho resurgir el temor al hecho de que las ayudas estatales para hacer frente a la crisis energética desequilibren la competencia en el mercado único para ventaja de los países con economías más potentes. El anuncio ha sido recibido con críticas, más o menos duras, de varios socios de la Unión Europea y con llamamientos a la solidaridad para evitar una carrera de subsidios que favorezca en las empresas de unos ciertos países y profundice la brecha económica en el bloque.
"Para este reto común necesitamos una respuesta común y coordinada que no comprometa la fortaleza fundamental europea: nuestro mercado único", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión Europea de Competencia, Margrethe Vestager, asegurando que sus servicios vigilarán que cualquier ayuda nacional cumpla las normas europeas y su "impacto sobre la igualdad de condiciones". "Creo que las reacciones al paquete alemán han sido exageradas, pero la fragmentación es un riesgo serio", apunta el director del centro de estudios Bruegel, Jeromin Zettelmeyer, para quien el principal peligro de división es que los países cierren sus mercados nacionales de energía o aprueben subsidios que aumenten la demanda de gas y, por lo tanto, el precio.