La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner evitará finalmente la cárcel, después de que la justicia le haya concedido el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir la condena de seis años por irregularidades en la concesión de obras públicas entre 2003 y 2015. Así, la pena ha entrado en vigor este martes, según la resolución judicial emitida por el juez Jorge Gorini: "Corresponde a establecer que a partir del día de la fecha, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra, en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y los gastos del proceso que le fuera impuesto en esta causa".
El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, solicitó el beneficio del arresto domiciliario justo después de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Fernández, hace una semana. La petición se fundamentó en su edad, 72 años, junto con su rol de ex jefe de Estado, de manera que se argumentó que no corresponde que tenga que estar recluida en una prisión común. Sobre todo, teniendo en cuenta como antecedente el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
Oposición de la Fiscalía
Este mismo martes, pocas horas antes del fallo judicial, la Fiscalía había pedido rechazar la petición de prisión domiciliaria. "Conceder la prisión domiciliaria es una potestad, no algo obligatorio. Es una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Su concesión no tiene que ser admitida automáticamente por la simple circunstancia que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley", han señalado los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola.
El Ministerio Público ha argumentado que "no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como es la detención domiciliaria", dejando constancia de sus dudas sobre el domicilio escogido por la expresidenta para cumplir la condena. "Esta parte desea dejar asentadas sus dudas respecto de sí el domicilio propuesto, en función de su ubicación, emplazamiento concreto de la unidad funcional al edificio y de la numerosa concentración de personas en el suyo alrededores, que es de conocimiento público, alberga las condiciones de seguridad suficientes", ha expresado. En caso de aceptarse la petición de prisión domiciliaria —como finalmente ha pasado—, la Fiscalía ha dejado claro que pedirá el uso de un dispositivo electrónico de control porque es una "exigencia legal", a diferencia de la opinión de la defensa.