El Tribunal Supremo argentino ha ratificado la condena de seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, que puede ser encerrada. Concretamente, la Corte Suprema de Argentina ha rechazado el recurso presentado por la expresidenta (2007-2015) y ha dejado en firme la condena de seis años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena fue dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales, aunque ella siempre ha tildado el caso de lawfare —es decir, de persecución judicial y política—.

La decisión ha sido adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo e implica que Fernández pueda ser detenida en las horas o días siguientes para cumplir la condena en prisión. Por su parte, Fernández ha afirmado que los jueces de la Corte Suprema "son tres muñecos que responden a mandos naturales por encima de ellos" y los ha calificado de "triunvirato de impresentables". En un discurso a las puertas de la sede del Partido Justicialista (PJ) en Buenos Aires, también ha dicho que la decisión implica un "cepo al voto popular" y ha insistido en la idea que el Supremo responde al "poder económico concentrado de Argentina" que sabe que el peronismo será la única alternativa cuando se "desplome" el modelo del ultraderechista Javier Milei —a quien también ha tildado de "muñeco"—. "Cuando eso pase, lo que pretenden es que el campo nacional y popular no pueda organizarse", ha defendido, antes de afirmar que "estar presa es casi un certificado de dignidad política, persona e histórica" cuando hay funcionarios que abren contra los intereses del país y continúan libres.

Cristina Fernández: ¿prisión domiciliaria?

"Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se fundamentaron en la profusa prueba producida (...) sin que se haya demostrado de ninguna manera que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado ninguna garantía constitucional", dice el texto de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que añade: "El debido|proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundamentada en ley".

El fallo judicial ha ratificado así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en el sur del país. Ahora, la decisión tiene que ser remitida al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada el año 2022. Es decir, que tendría que ser detenida en las próximas horas o días. También es verdad que la defensa de Fernández puede solicitar al juez que le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, ya que hizo 72 en febrero.

Cortes sindicales en Buenos Aires

La noticia ha llegado ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre. Como se ha llegado a una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para los comicios (19 de julio), Fernández queda ahora imposibilitada de participar ni esta elección ni en ninguna otra.

Ante los hechos, sindicatos y organizaciones sociales han empezado cortes en diferentes accesos a la ciudad de Buenos Aires, después de que lunes diversos de estos grupos ya advirtieran que tomarían medidas de fuerza en caso de que se confirmara la condena. Además de SMATA, otras uniones de trabajadores como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Asociación Bancaria han anunciado que iniciarán movilizaciones inmediatas.

La reacción de Javier Milei

El actual presidente argentino, Javier Milei, ha celebrado el fallo judicial y ha asegurado que se ha hecho "justicia". "Justicia. Fin. PD: la república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad", ha expresado en Twitter, en referencia a quienes lo acusaban de mantener un pacto con la expresidenta. También ha reaccionado la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: "Quién la hace, la paga".

La causa por la cual fue condenada, conocida como Vialidad, investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). Fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida por el fuero que tenía como vicepresidenta del país y la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal. En noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, que recurrió en el Supremo. Ahora, el alto tribunal ha ratificado definitivamente la pena de prisión e inhabilitación.