Pronto hará una semana que en Texas se tumbó la posibilidad de bloquear la ley que prohíbe el aborto incluso en las situaciones más extremas. El hecho de que el Tribunal Supremo tenga mayoría conservadora -lo cual hizo saltar las alarmas de los más progresistas después del último fichaje de Trump; la ultraconservadora Amy Coney Barret- empieza a tener su efecto. Se avaló la ley más restrictiva del país en relación con el aborto con una votación 5-4, con sólo un voto conservador decidido a bloquear la ley.

Así pues, el Tribunal Supremo permitió la entrada en vigor de la Senate Bill 8, que restringirá el aborto al estado de Tejas a niveles que parecen ficticios en pleno siglo XXI. Después de que varias clínicas que practican esta intervención advirtieran en solicitudes de medidas cautelarísimas de emergencia del peligro que supondrían las consecuencias de esta ley aprobada en mayo, hacía falta la decisión -ya tomada en negativo- del Tribunal Supremo sobre las mismas.

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Fuente: CNN

No se podrá abortar a partir de las seis semanas de embarazo, lo cual parece que suele coincidir con la primera vez que se detecta el latido del corazón del futuro bebé. El derecho al aborto se ha limitado a este periodo de tiempo, a pesar de ser el momento en que la mayoría de mujeres se enteran de que están embarazadas, como muy pronto. Además, eso infringe en todo caso la regulación federal vigente. Esta establece, a partir de la sentencia Roe versus Wade del Tribunal Suprem de 1973, que se permite el aborto hasta que el feto puede vivir fuera del útero, lo cual equivale en torno a las 22 a las 24 semanas de gestación.

Así pues, ni en caso de incesto ni de violación habría una excepción. Y no sólo eso, sino que la ley prohíbe a los funcionarios estatales su aplicación permitiendo, en cambio, que cualquier ciudadano pueda presentar demandas a todos aquellos individuos o clínicas que ayuden a las embarazadas que deseen abortar, ya sea económicamente, en asesoramiento, en transporte o en cualquier sentido. Estos denunciantes, si ganan, podrán ser compensados con hasta 10.000 dólares.

La situación, sin embargo, aunque en Texas se haya materializado, no es preocupante exclusivamente en este estado. Aunque la mayor parte de los norteamericanos considera que el aborto tendría que ser legal en la mayoría o en gran parte de los casos, los pro-vida tienen una oportunidad de tumbar la ley vigente en el Estado por primera vez después de casi 50 años. De hecho, hay algunos que todavía querrían ir más allá, encontrando su objetivo en el pleno reconocimiento legal de la personalidad del feto.

A los movimientos pro-vida se les presenta esta oportunidad debido a que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, parece ahora ser un adversario y no un representante de aquello por el cual los americanos en general apostarían, a que es un acceso a una salud reproductiva en toda su integridad. Además, tantos años de control republicano en Texas unido al interés creciente por el aborto por parte de la población -sobre todo cristiana- de los Estados Unidos tenía que culminar en esta profunda división con relación a la interrupción del embarazo. Y seguramente no se detenga aquí, ya que otros estados de color rojo es muy posible que decidan tomar el mismo camino que el estado tejano, ahora que ven la posibilidad. De hecho, el líder del Senado de Florida expresó que consideraría una ley similar para su estado.

 

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Fuente: Fox News

En el caso de los tejanos, es el 32% que quiere ver leyes contra el aborto más restrictivas, mientras que el 37% las quiere menos. Pero este casi empate se refleja -aunque mucho más sutilmente- también en el resto del país con un aumento notable los últimos años del movimiento antiaborto.

 

No es inusual encontrar convocatorias a acontecimientos y concentraciones antiaborto, marchas e incluso encuentros de hombres que se sienten airados y enrabiados por haber puesto fin a embarazos. También las iglesias son grandes patrocinadoras y aparecen carteles publicitarios denunciando el aborto -incluso en las carteleras de las autopistas- con imágenes muy explícitas. Pero el más preocupante son los llamados centros de embarazo en crisis, que son clínicas que, de la mano de organizaciones e iniciativas en contra del aborto, ofrecen servicios, asesoramiento, pruebas, ecografías, suministros o clases de crianza gratis con el fin de evitar que la mujer acabe decidiendo interrumpir el embarazo, considerando esta la alternativa.

No es sólo con que estas clínicas antiaborto sean engañosas muchas veces, sino que a menudo evaden muchos de los pasos que hay que llevar a cabo con el fin de gestionar un embarazo. El caso es que hay muchas más que clínicas de aborto, lo cual demuestra cómo se han movilizado según qué sectores en contra del aborto. De hecho, en Texas hay sólo 24 clínicas de aborto, que seguramente irán cerrando a partir de ahora, con la aprobación de esta ley.

Otro de los problemas que surgen en este sentido, más allá del cierre de las clínicas de aborto, es, que, si no pueden abortar legalmente en su estado, muchas mujeres buscarán otras vías para hacerlo. Tendrán que recurrir a métodos poco seguros, ilegales, en las píldoras que se venden por internet asumiendo cierto riesgo legal o bien tendrán que viajar fuera de los Estados Unidos. Si bien es cierto que también pueden simplemente viajar fuera de Tejas, al mismo tiempo eso acabará chocando con un límite, ya que las clínicas de otros estados no podrán asumir toda la carga del resto de estados con más restricciones, y todavía menos si van aumentando.

El mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris, mostraron su rechazo a la ley, que consideran extrema y que vulnera los derechos constitucionales de las mujeres, a pesar de su fe católica. La secretaria de prensa del gobierno, Jen Psaki, dejó clara en una rueda de prensa la posición contraria a la ley de la Casa Blanca. La decisión, sin embargo, esta vez pertenece al Tribunal Supremo y el gobierno demócrata, por desgracia, no tiene nada que decir.

Esta ley tejana se une a la propuesta que se sacó adelante en las dos cámaras que limitaron la capacidad de votar que afecta a los no blancos y a la normativa que permite duro armas a encima y en público, sin previa licencia o entrenamiento.