Un reciente informe del Centro Memorial de Derechos Humanos, titulado “Ucrania: Crímenes de guerra de los agresores rusos”, retrata con detalles terroríficos el impacto de la ocupación rusa en los territorios ucranianos. La publicación, de 224 páginas, combina relatos de torturas y asesinatos con explicaciones técnicas sobre sistemas de misiles y las limitaciones del derecho internacional, creando un registro de la brutalidad que sufren civiles y combatientes por igual.
El documento, que recoge The Moscow Times, basado en una visita a Ucrania en enero de 2025, muestra que el régimen ruso establece un clima de terror sistemático. Entre los casos relatados, soldados rusos arrancaron el ojo a un hombre simplemente por tener una tarjeta de descuento azul y amarilla de un supermercado ucraniano, acusándolo de simpatizar con el nazismo. En otras situaciones, organizaron ejecuciones simuladas de decenas de personas antes de retirarse de Jersón o mataron a tres hermanos porque el abuelo había participado en la Operación Antiterrorista ucraniana. Uno de los hermanos sobrevivió milagrosamente y lo explicó todo a los vecinos después de llegar al pueblo por caminos secundarios.
Las tácticas de tortura incluyen el robo de vehículos, choques eléctricos, amenazas constantes con insultos como “fascistas”, e interrogatorios sobre armas inexistentes o supuestas afiliaciones a organizaciones ultranacionalistas. Esta estrategia terrorífica, según Memorial, forma parte de la filtración sistemática y control represivo que Moscú aplica en los territorios ocupados.
Las torturas de Putin
El documento también denuncia la situación de los prisioneros. Rusia no reconoce las Convenciones de Ginebra para los capturados ucranianos, considerándolos “terroristas” en lugar de prisioneros de guerra. Esto permite abusos impunes: obligar a prisioneros a estar de pie desde las seis de la mañana hasta las ocho de la tarde, someterlos a golpes, hacerles memorizar canciones patrióticas rusas e incluso atacarlos con perros. Los campos de prisioneros, como la Colonia Penal nº 10 en Mordovia, siguen modelos heredados de la represión soviética y de las guerras chechenas.
La persecución no se limita a los combatientes activos. Un ejemplo paradigmático es el caso de Liubov Selina, secretaria del batallón Aidar en 2015. Ocho años después, fue condenada a cinco años de prisión bajo acusación de “participar en una comunidad terrorista”, a pesar de que la organización formalmente ya no existía. Otros quince combatientes de Aidar recibieron penas de 15 a 21 años por delitos similares, capturados antes de que la organización fuera considerada terrorista. Cientos de otros prisioneros ucranianos permanecen incomunicados, sin acceso a abogados ni a comunicaciones con el mundo exterior.
Un patrón de violencia que se repite
Este patrón de violencia y tortura no es nuevo. Según Memorial, la metodología de represión ha sido consistente en conflictos anteriores como Chechenia, Georgia y Siria, y ahora se aplica en Ucrania con una eficacia aterradora. El mensaje es claro: cualquier forma de resistencia es castigada con brutalidad extrema.
En un contexto donde se discuten planes de paz, amnistías y flexibilizaciones de sanciones, el informe subraya la importancia de recordar los crímenes rusos y exigir la devolución inmediata de todos los prisioneros ucranianos, civiles y militares, sin intercambios condicionados. La documentación rigurosa de los abusos sirve como advertencia de que ceder territorios como el Dombás a Moscú sería condenar a su población a sufrimientos continuados.