Donald Trump ha querido ser protagonista de todos los conflictos del mundo. Se vendió como un solucionador de problemas y de guerras y, de una manera u otra, ha visto que no todo es tan fácil de resolver. A pesar de seguir siendo una potencia central en el orden internacional, los Estados Unidos afrontan una etapa de fragilidad democrática creciente. Tal como destaca la Nota Internacional “El mundo en 2026”, elaborada por el equipo investigador del CIDOB, una parte significativa de la población percibe un aumento de la violencia política y una degradación de las instituciones, en un contexto marcado por el retorno de Trump a la Casa Blanca y la rápida consolidación de su poder durante el primer año de mandato. Este proceso ha abierto un debate profundo sobre la deriva autoritaria del sistema político estadounidense y la capacidad real del Estado de derecho para contenerla.
La nueva Administración ha ampliado de manera sostenida los límites del poder presidencial. El uso recurrente de declaraciones de emergencia nacional para justificar medidas excepcionales, el cese masivo de inspectores generales y fiscales, así como la marginación de agencias independientes, han debilitado los mecanismos tradicionales de control. Este enfoque ha ido acompañado de un discurso que relativiza la legalidad de la acción presidencial, reforzando la idea de que la defensa de la nación puede situarse por encima de la ley.
2026: 250 años de democracia en EE. UU.
En 2026, cuando se conmemore el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, coincide paradójicamente con un clima de desconfianza electoral. Las elecciones legislativas de medio mandato previstas para noviembre pondrán a prueba la solidez democrática del país y la capacidad del Congreso para limitar la agenda presidencial. De momento, sin embargo, la debilidad del poder legislativo ha trasladado la presión al sistema judicial, cada vez más polarizado, con un Tribunal Supremo claramente escorado ideológicamente y unos tribunales federales inferiores sometidos a tensiones constantes.
Este enfrentamiento institucional se ha traducido en una auténtica batalla judicial. Organizaciones jurídicas alertan de que las numerosas demandas contra el presidente y su gobierno reflejan una erosión deliberada de la separación de poderes. Paralelamente, la Administración ha intensificado los ataques contra derechos civiles fundamentales: desde la persecución de despachos de abogados críticos hasta la desobediencia de órdenes judiciales, pasando por detenciones arbitrarias de manifestantes, deportaciones sin garantías legales y presiones directas sobre la prensa.
La sacudida de las políticas de Trump
Uno de los ámbitos donde esta deriva es más visible es la política migratoria. El presupuesto destinado a la detención de inmigrantes se ha disparado, con récords históricos de personas detenidas y una expansión sostenida de los centros de reclusión. Al mismo tiempo, se reabre el debate sobre la limitación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, una cuestión con profundas implicaciones constitucionales.
La concentración de poder también ha llegado al ámbito económico y financiero. La presión política sobre la Reserva Federal, incluyendo amenazas contra su liderazgo e interferencias en su gobernanza, ha generado inquietud en los mercados. A esto se añade una difuminación creciente entre intereses públicos y privados, con conflictos de intereses normalizados y una mayor presencia del Estado en sectores estratégicos.
En conjunto, Estados Unidos se inscribe en una tendencia global de retroceso democrático. Según indicadores internacionales, el número de autocracias ya supera al de democracias en el mundo, y Occidente registra uno de los descensos más pronunciados. El 2026 se presenta, así, como un año clave para determinar si esta erosión institucional se consolida o si todavía hay margen para una reacción democrática efectiva.