Contundente aviso del Tribunal de La Haya a los Estados que incumplen los deberes climáticos. En una opinión consultiva emitida este miércoles a petición de la Asamblea General de la ONU —impulsada por países del Pacífico y del Sur Global—, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha concluido que los tratados climáticos establecen "obligaciones vinculantes" para "adoptar medidas contra la crisis climática y garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos". En caso de no cumplir estas obligaciones, el tribunal ha advertido que estaríamos ante un "acto ilícito" que podría dar lugar a una "reparación".
La CIJ ha considerado que la crisis climática es "inequívocamente causado por las actividades humanas" y presenta "una amenaza urgente y existencial", con efectos "graves y de gran alcance". En esta línea, ha recordado que el sistema climático es "una parte integral y vital del medio ambiente y tiene que protegerse para las generaciones presentes y futuras". "Un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute de muchos derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo el acceso al agua, a la alimentación y a la vivienda", ha señalado el máximo tribunal de las Naciones Unidas, con sede en La Haya (Países Bajos).
Las obligaciones de los tratados
A partir de aquí, ha incidido en la cuestión que "los Estados tienen obligaciones, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de respetar y garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos mediante la adopción de las medidas necesarias para proteger el sistema climático y otras partes del medio ambiente". La CIJ también ha alertado de que los efectos adversos de la crisis climática "socavan el disfrute efectivo de los derechos humanos, especialmente de aquellas personas en situación de vulnerabilidad".
La opinión consultiva ha sido emitida por unanimidad y refuerza la base jurídica para que las naciones sean responsabilizadas por su inacción ante la crisis climática. Entonces, el tribunal ha indicado que tratados como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París imponen a los estados deberes específicos, que incluyen reducir emisiones, cooperar entre ellos y adoptar medidas de adaptación y transferencia tecnológica en buena fe. "Los tratados sobre cambio climático establecen obligaciones vinculantes para los Estados parte, destinadas a garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente ante las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico", ha determinado.
Reparación de los Estados afectados
Es importante remarcar que el incumplimiento de estas obligaciones puede constituir "un acto internacionalmente ilícito" y, por lo tanto, podría comportar responsabilidades legales como la finalización de los daños, garantías de no repetición y reparaciones a los Estados afectados. Unas reparaciones que pueden ser en forma de "restitución, compensación y satisfacción", si existe un "vínculo casual" directo. Pero la responsabilidad de Estados individuales requiere una evaluación "que tiene que hacerse caso por caso".
La CIJ ha emitido la opinión más de dos años después de una campaña liderada por Vanuato, un pequeño Estado insular del Pacífico que alertó sobre las amenazas existenciales del calentamiento global. Ahora, su ministro de Adaptación al Cambio Climático, Ralph Regenvanu, ha señalado que la opinión unánime de los jueces "refleja la urgencia del tema y el consenso global que hace falta actuar con decisión". "Confirma el que las naciones vulnerables hace mucho tiempo que decimos: los Estados tienen obligaciones legales ante el cambio climático", ha añadido, antes de anunciar que llevará las conclusiones del tribunal a la Asamblea General de la ONU y buscará "una resolución que dé apoyo a su implementación" y que "impulse los cambios estructurales necesarios".
La opinión consultiva de la CIJ
Hace falta tener en cuenta que la opinión de la CIJ no es vinculante, pero sí que tiene un peso político y jurídico importante, ya que puede servir de base legal para futuras demandas contra Estados, para presionar los países más contaminantes a rendir cuentas y tomar medidas más ambiciosas, y reforzar las exigencias de financiación climática y reparaciones por pérdidas y daños. Además, la decisión también puede ser utilizada en negociaciones climáticas internacionales, como la futura Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) o tratados futuros.
Las audiencias del tribunal tuvieron lugar el pasado diciembre, y los países industrializados argumentaron que no se concluyen obligaciones legalmente vinculantes de los tratados. En cambio, los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares —como Vanuatu— advirtieron que los convenios "han fallado" y exigieron a los países ricos más esfuerzos en la lucha climática, así como en la adaptación a sus efectos.