La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la reforma de su política migratoria con la aprobación de una nueva normativa de retornos que endurece las medidas contra las personas en situación administrativa irregular. El texto, acordado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, ha generado una fuerte controversia porque diversas organizaciones y eurodiputados aseguran que incorpora mecanismos que recuerdan las prácticas del Immigration and Customs Enforcement (ICE), la agencia encargada de las deportaciones en Estados Unidos.
La reforma tiene un objetivo claro: aumentar el número de retornos de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea. Según datos comunitarios, actualmente solo una de cada cinco personas con una orden de expulsión acaba retornando efectivamente a su país de origen.
¿Qué suponen estas medidas?
Para conseguirlo, la nueva regulación dota a las autoridades nacionales de más herramientas coercitivas. Entre las medidas más destacadas está la posibilidad de realizar registros en domicilios u otros espacios considerados relevantes para localizar personas sujetas a una orden de deportación. Las autoridades también podrán confiscar pertenencias personales si consideran que eso es necesario para garantizar el cumplimiento del expediente de retorno.
El texto también amplía los plazos de detención administrativa. Las personas consideradas no cooperativas o con riesgo de fuga podrán ser retenidas hasta dos años, con la posibilidad de alargar este periodo hasta los treinta meses en determinadas circunstancias. La legislación actual fija un máximo de dieciocho meses.
Otra de las novedades es la creación de los llamados "centros de retorno" fuera del territorio comunitario. Estos equipamientos, que podrían ubicarse en países terceros, servirían para alojar a migrantes pendientes de ser retornados a sus países de origen. Varios Estados miembros mantienen conversaciones con países africanos para desarrollar este modelo, aunque de momento no se ha anunciado ningún acuerdo concreto.
La normativa también prevé sanciones adicionales para las personas que rechacen cumplir una orden de deportación, incluyendo la retirada de ayudas sociales u otras prestaciones. Además, aquellos considerados una amenaza para la seguridad podrían ser objeto de una prohibición permanente de entrada en la UE, en contraste con el límite actual de diez años.
La detención de familias con menores y de menores no acompañados seguirá siendo posible, aunque el texto especifica que solo se podrá aplicar como último recurso y durante el periodo más breve posible, atendiendo al interés superior del menor.
Europa defiende el modelo
Los responsables europeos defienden que la reforma es necesaria para garantizar la credibilidad del sistema migratorio. Según la Comisión Europea, disponer de un mecanismo de retorno más eficaz es imprescindible para que las normas de asilo funcionen correctamente y para evitar situaciones de irregularidad prolongada.
Las críticas, sin embargo, han sido inmediatas. Representantes de Los Verdes y diversas entidades de defensa de los derechos de los migrantes alertan de que la ampliación de los poderes policiales, el aumento de los periodos de detención y la creación de centros fuera de la UE pueden comportar vulneraciones de derechos fundamentales. También denuncian que Europa se está aproximando a un modelo de control migratorio inspirado en las prácticas más duras aplicadas en Estados Unidos.
La nueva normativa culmina una reforma iniciada en 2020 después de la crisis migratoria de 2015. Una vez reciba la aprobación formal de las instituciones europeas, marcará una nueva etapa en la gestión de la inmigración en la Unión Europea y en el debate sobre el equilibrio entre control fronterizo y protección de los derechos humanos.