Alemania ha comenzado a reforzar de manera discreta el control de los pasajeros que llegan a sus aeropuertos en vuelos procedentes del Estado español, con el objetivo de evitar la entrada de inmigrantes en situación irregular aprovechando la libre circulación del espacio Schengen. Según diversas fuentes policiales y de seguridad, este incremento de la vigilancia coincide con el anuncio del Gobierno de un proceso de regularización de medio millón de personas migrantes. En las últimas semanas, se ha detectado un aumento de los controles en vuelos procedentes de Madrid, Barcelona y otros aeropuertos. Otros gobiernos del norte de Europa, como Alemania o Austria, han expresado su preocupación por la posibilidad de que el Estado español se convierta en una puerta de entrada indirecta al continente. El despliegue reciente del nuevo sistema de control de fronteras exteriores (EES) ha facilitado la intensificación de estas inspecciones.
El temor radica en el hecho de que el aumento de carga de trabajo a la Policía y la Guardia Civil, especialmente en puntos de entrada como Madrid, Barcelona o las Canarias, pueda dificultar los controles habituales. Esto podría facilitar que personas lleguen con visado de turista y terminen quedándose en situación irregular, ya sea en España o en otros países europeos.
En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comisario de Interior, Magnus Brunner, han advertido al Gobierno que debe “pensar cuidadosamente cuál será el impacto de esta regularización en el resto de países europeos”.
El total de beneficiarios podría llegar hasta 1,2 millones de personas
Sin embargo, el ejecutivo defiende que el proceso afectará únicamente a personas que “ya viven y trabajan” en España, así como a sus familiares. Este punto genera recelos entre algunos socios europeos, especialmente por las estimaciones que apuntan que el número total de beneficiarios podría llegar hasta 1,2 millones de personas a través de la reagrupación familiar. Las imágenes de largas colas de inmigrantes, tanto en oficinas policiales españolas como en consulados en el norte de África, generan preocupación en varios países europeos porque transmiten sensación de descontrol. Para intentar reducir estas inquietudes, el gobierno ha aceptado exigir un certificado de antecedentes penales de los países de origen a los solicitantes. Sin embargo, se cuestiona la viabilidad de esta medida dentro de los plazos previstos.
El proceso de regularización, iniciado de forma telemática, se abrirá presencialmente en las comisarías el 20 de abril y finalizará el 30 de junio de 2026.