La declaración de inconstitucionalidad del sistema de cálculo de la plusvalía municipal ha abierto una puerta inesperada para miles de contribuyentes que tienen una propiedad en su haber. El Tribunal Constitucional anuló el método con el que los ayuntamientos determinaban la base imponible del impuesto, al considerar que podía obligar a pagar incluso cuando no existía una ganancia real en la transmisión del inmueble. Esa decisión cambió por completo el escenario jurídico.
El problema radicaba en que el cálculo se apoyaba en un sistema objetivo que no siempre reflejaba la realidad económica de la operación. De este modo, algunos propietarios abonaban el impuesto pese a haber vendido con pérdidas o sin incremento patrimonial efectivo, lo que no tiene sentido alguno y va contra el espíritu de la norma. El tribunal entendió que esa situación vulneraba el principio de capacidad económica recogido en la Constitución.
Quién puede reclamar y quién no
La sentencia abrió la posibilidad de recuperar cantidades ya pagadas, en muchos casos de miles de euros. Sin embargo, no todos los contribuyentes pueden acogerse a esta vía. La clave jurídica está en si el procedimiento estaba vivo en el momento en que se dictó la sentencia de inconstitucionalidad.
Pueden reclamar quienes recurrieron en su momento la liquidación o quienes todavía no tenían una resolución firme cuando se publicó el fallo. En cambio, quienes pagaron y no impugnaron dentro de plazo no pueden solicitar la devolución, ya que el propio Constitucional limitó los efectos retroactivos de su decisión para evitar un impacto masivo en las arcas públicas provocado por un sinfín de reclamaciones a posteriori.
El Supremo fija los límites y los ayuntamientos afrontan devoluciones
El Tribunal Supremo está afinando los criterios en resoluciones posteriores para delimitar con precisión cuándo procede la devolución de la tasa abonada en su momento. En varios fallos recientes ha reconocido el derecho a recuperar lo abonado cuando la liquidación no era firme, consolidando así una línea jurisprudencial favorable a determinados contribuyentes que podrían haber pagado una tasa que no les correspondía abonar.
Mientras tanto, numerosos ayuntamientos se enfrentan a reclamaciones que pueden suponer devoluciones significativas y afectar a sus ingresos municipales. La plusvalía era una de las principales fuentes de financiación local, y la sucesión de sentencias ha obligado a rediseñar el impuesto. Para los propietarios con procedimientos abiertos, la vía de recuperación sigue activa, mientras que para los demás, la oportunidad quedó cerrada con los límites impuestos por el propio Constitucional.