La Seguridad Social cambia alguna de sus normas en España. Interesa especialmente a aquella personas de 60 años o más que podrían percibir la pensión de orfandad, siempre que cumplan unos requisitos muy concretos relacionados con su situación de discapacidad. Esta medida representa una excepción a la regla general y responde a la intención de dar protección a las personas que quedaron huérfanas y no pudieron reincorporarse al mercado laboral a causa de una limitación importante.
La pensión de orfandad es una prestación económica que se reconoce a los hijos menores de 21 años, puede ser hasta los 25 años si continúan formándose, cuando ha fallecido uno o dos progenitores. Sin embargo, la normativa contempla una posibilidad extraordinaria para mayores: si la persona huérfana tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez obtenida antes de cumplir los 21 años (o mientras ya era beneficiaria de la pensión), puede seguir recibiendo esta prestación aunque supere ampliamente esa edad límite.
Podrán continuar recibiendo la prestación si han demostrado la invalidez antes de cumplir los 21
Esta ampliación no se concede automáticamente con la edad, sino que está condicionada a que la incapacidad esté acreditada oficialmente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con la documentación médica y burocrática correspondiente. Es decir, no es suficiente con tener 60 años o más: hace falta demostrar que la discapacidad que impide trabajar se produjo en el periodo establecido por la ley. Una vez cumplido ese requisito, la pensión no se extingue por alcanzar una determinada edad y puede mantenerse de forma indefinida.
La pensión de orfandad sigue las mismas reglas generales que para el resto de beneficiarios en cuanto a cuantía y cálculo. Esto significa que se toma en consideración la base reguladora del progenitor fallecido, si la orfandad es simple o absoluta y cuántos beneficiarios hay, entre otros factores, para determinar la cantidad a percibir.
Esta modificación refleja una apuesta por adaptar el sistema de pensiones a realidades sociales que no encajan en los criterios tradicionales de edad o empleo. Para quienes crecieron con una discapacidad severa, encontrar seguridad económica en la madurez puede ser un reto, y esta medida de la Seguridad Social busca ofrecer un respaldo continuado cuando existe una limitación permanente que impide la plena inserción laboral.