Lo que ha ocurrido en una urbanización de alto nivel en Estepona ha dejado a muchos propietarios con la boca abierta. Un vecino, que actuaba como presidente y administrador, logró aprobarse un sueldo de 86.000 euros anuales gracias a la delegación de votos de varios propietarios que no viven en la comunidad de forma habitual. Esos vecinos ausentes le cedieron su voto, y con esa mayoría consiguió aprobar una retribución que, por si fuera poco, pagaban todos menos él.

La Ley de Propiedad Horizontal no fija límites salariales para el administrador ni prohíbe que un propietario ejerza ese cargo remunerado. Tampoco impide que los vecinos deleguen su voto en quien quieran. Y ahí está el problema, ya que el sistema permite que alguien concentre poder suficiente como para aprobar decisiones que le benefician directamente, incluso si son descaradamente desproporcionadas.

Un sueldo aprobado a base de votos delegados

En este caso, el presidente utilizó los votos de propietarios que viven fuera y que, por comodidad, le habían delegado su representación. Con esa mayoría aprobó un sueldo de 86.000 euros, una cifra completamente fuera de mercado para la administración de una comunidad residencial. Además, se aprobó a sí mismo la exención del pago de la cuota comunitaria, lo que incrementó aún más la carga económica sobre el resto de vecinos y sus ganancias.

Los propietarios afectados denunciaron la situación al considerar que se trataba de un abuso de poder y una decisión contraria al interés de la comunidad. Sin embargo, la normativa actual permite que estas decisiones se aprueben si se alcanzan las mayorías necesarias, aunque el beneficiado sea quien dirige la votación y lo haga con mala fe.

Un vacío legal que deja a los vecinos desprotegidos

El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para evitar que un presidente pueda aprovechar votos delegados para aprobarse sueldos desproporcionados.

Aunque los tribunales pueden anular acuerdos abusivos, el proceso es lento, costoso y deja a los propietarios en una situación de indefensión. Una historia que demuestra que, en algunas comunidades, el verdadero problema no son los vecinos conflictivos sino los que manejan el poder sin control y que buscan su beneficio a costa del trabajo de los demás.