Miles de pensionistas en España ya han recibido la carta con la actualización de su pensión para este año. En ella se confirma la subida aprobada por el Gobierno, que en 2026 supone una revalorización general del 2,7 % para las pensiones contributivas y de clases pasivas. Sin embargo, muchos jubilados están comprobando que el aumento real que llega a su cuenta bancaria es bastante menor de lo que esperaban.
La razón principal está en el funcionamiento del Agencia Tributaria y en el sistema del IRPF. Las pensiones tributan como rendimientos del trabajo, por lo que cualquier incremento en la cuantía también puede implicar una mayor retención fiscal por parte de Hacienda.
La subida existe, pero no llega íntegra al bolsillo
El decreto aprobado por el Gobierno establece diferentes incrementos según el tipo de prestación. Las pensiones contributivas y de clases pasivas suben un 2,7%, mientras que las pensiones mínimas aumentan más de un 7%.
Además, algunas prestaciones tienen incrementos todavía mayores. Las pensiones con cónyuge a cargo, las pensiones de viudedad con cargas familiares, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizan en torno a un 11,4%. El problema aparece cuando esa subida pasa por el sistema fiscal. Como las pensiones están sujetas al IRPF, una parte del incremento se destina automáticamente al pago de impuestos.
El efecto de las retenciones del IRPF sobre las pensiones
Muchos economistas señalan que el sistema fiscal no se ha ajustado completamente al aumento de precios. Esto significa que, cuando una pensión sube, la retención aplicada puede absorber una parte importante de ese incremento. En algunos casos también se produce lo que se conoce como salto de tramo. Si la subida sitúa al pensionista en un nivel de ingresos ligeramente superior, el porcentaje aplicado sobre la parte que excede puede ser mayor.
Un ejemplo muy citado estos días es el de una pensión media de unos 1.516 euros mensuales. Con la subida del 2,7%, el aumento bruto ronda los 40 euros al mes. Sin embargo, tras aplicar la retención del IRPF, el incremento neto puede quedarse en unos 23 euros. Esto significa que aproximadamente 17 euros del aumento se destinan al pago de impuestos, lo que representa cerca del 40% de la subida.
Por eso, aunque los pensionistas reciben una carta con la nueva cuantía de su pensión, el dinero que finalmente llega a su cuenta puede ser bastante menor de lo que indicaba el incremento inicial. Así pues, la diferencia se explica por la tributación en el IRPF, que también se aplica a las prestaciones de jubilación.