El Tribunal Supremo ha reiterado que la Seguridad Social debe abonar 1.800 euros de indemnización a los padres jubilados que tenían derecho al antiguo complemento de maternidad, vieron rechazada su solicitud tras la sentencia europea del 12 de diciembre de 2019 y tuvieron que acudir a los tribunales para conseguirlo. La sentencia 600/2026, de 1 de julio, confirma el criterio que fijó en noviembre de 2023.
La consecuencia más clara es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede tener que pagar esa cantidad incluso si acaba reconociendo el complemento durante el procedimiento. La indemnización es un pago único por el perjuicio de haber tenido que presentar una demanda. El complemento se incorpora a la pensión y su reconocimiento puede dar lugar al cobro de atrasos.
A qué padres jubilados afecta la sentencia
El fallo se refiere al complemento por aportación demográfica. En el caso de la jubilación, el periodo de referencia va del 1 de enero de 2016 al 3 de febrero de 2021. Entre los requisitos figura haber tenido al menos dos hijos, biológicos o adoptados, antes de causar la pensión. El complemento equivale al 5% de la cuantía inicial con dos hijos, al 10% con tres y al 15% con cuatro o más.
La fecha que cuenta para saber qué complemento corresponde es la de la pensión. Para las pensiones causadas a partir del 4 de febrero de 2021, la Seguridad Social prevé el complemento para la reducción de la brecha de género, con sus propios requisitos. Los porcentajes del 5%, el 10% y el 15% corresponden al régimen anterior que examina esta sentencia.
Cuándo entran en juego los 1.800 euros
Para saber si la doctrina encaja en un expediente, hay que revisar la fecha de efectos de la pensión, cuándo se denegó el complemento y si se presentó una demanda judicial. El Supremo también ha aclarado que el hecho de que el INSS alegara prescripción al denegarlo, por sí solo, no elimina el derecho a la indemnización.
Quien reúna los requisitos y todavía no haya solicitado el complemento puede pedirlo a la Seguridad Social. Los 1.800 euros entran en juego en una fase distinta, cuando el pensionista ha tenido que demandar tras una denegación indebida. Por eso, la resolución del INSS y la fecha en que se presentó la demanda son los documentos clave para valorar si corresponde esa compensación.