Una inspectora de Hacienda ha sido condenada a seis años de prisión y a pagar una multa de 18 millones de euros por participar en una trama de estafa a futbolistas y deportistas de élite. La justicia determinó que la funcionaria manipulaba declaraciones y falsificaba documentos para obtener devoluciones indebidas, afectando principalmente a jugadores extranjeros de Primera División y a profesionales de la ACB, que desconocían por completo la operación.
La investigación reveló que la inspectora no actuaba sola. Contaba con un grupo de colaboradores que se encargaban de falsificar certificados de residencia fiscal y de presentar solicitudes de devolución a nombre de las víctimas, apropiándose del dinero sin que los afectados tuvieran conocimiento alguno. Esta práctica ilícita se prolongó durante años, generando un beneficio de varios millones que terminó en manos de la acusada y su grupo.
Así es como operaba la trama
Según la sentencia, la inspectora aprovechaba su posición en Hacienda para manipular los impuestos de los deportistas. Alteraba datos en las declaraciones del IRPF y hacía gestiones para que se emitieran devoluciones superiores a las realmente correspondientes. La falsificación de firmas y documentos oficiales formaba parte del método de la red, lo que permitía extraer grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas.
El impacto de esta conducta fue especialmente grave por el perfil de las víctimas, ya que se trataba de jugadores con contratos millonarios, pero que confiaban en que Hacienda actuaba bajo la legalidad. La operación afectó a futbolistas extranjeros y a jugadores de baloncesto de élite, generando perjuicios económicos significativos y, sobre todo, un golpe de confianza en la administración pública.
La condena y las multas
El tribunal impuso seis años de prisión a la inspectora, mientras que otros miembros de la trama recibieron penas que podían llegar hasta ocho años. Además, se le aplicó una multa económica que ronda los 18 millones de euros, equivalente a aproximadamente el triple del beneficio obtenido mediante la estafa. La sanción busca resarcir de manera simbólica el perjuicio económico y disuadir conductas similares en el futuro.
En definitiva, este caso subraya la gravedad de la corrupción dentro de la administración y cómo puede afectar a deportistas y ciudadanos confiados. La sentencia marca un precedente claro sobre la responsabilidad penal y económica de quienes utilizan su cargo público para enriquecerse ilícitamente. La combinación de prisión y multa millonaria refleja la magnitud del fraude y la firmeza con la que los tribunales persiguen este tipo de delitos.