El Gobierno ha aprobado una modificación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que permitirá, a partir de 2026, que personas mayores de 30 años que viven en casa de sus padres puedan solicitar la prestación si se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. La cuantía podrá alcanzar los 733,9 euros mensuales en el caso de beneficiarios individuales.
No se trata de una ayuda nueva como tal, pero sí de una nueva ampliación del acceso al IMV gestionado por la Seguridad Social. Hasta ahora, convivir con los progenitores dificultaba el reconocimiento de la prestación en muchos casos, ya que se analizaba el conjunto de la unidad familiar. Con la reforma, se flexibiliza ese criterio para mayores de 30 años que acrediten insuficiencia de recursos propios.
Un cambio ideal para quienes no pueden emanciparse
La medida responde a una realidad creciente con adultos que, pese a superar los 30 años, no han podido independizarse por los altos precios del alquiler y la inestabilidad laboral. El Ejecutivo busca que la convivencia familiar no suponga automáticamente la exclusión del sistema de protección. Para acceder a la ayuda será imprescindible demostrar que los ingresos y el patrimonio personales se sitúan por debajo de los límites fijados por la normativa. Además, deberán cumplirse las condiciones generales exigidas para el IMV, como la residencia legal y efectiva en España y el empadronamiento correspondiente.
La clave no está en el hecho de vivir con los padres, sino acreditar vulnerabilidad económica real. Es decir, no todos los mayores de 30 que residan en el domicilio familiar podrán acceder automáticamente a los 733,9 euros. Sino que solo aquellos que cumplen los requisitos exigidos la tendrán.
Una ayuda que llega a los 733,90 euros al mes
La cuantía máxima prevista para un adulto solo ronda los 733,9 euros mensuales, aunque el importe final dependerá de la situación económica concreta del solicitante. El IMV funciona como un complemento, por lo que cubre la diferencia entre los ingresos existentes y el umbral garantizado por ley.
Con esta reforma, el Gobierno pretende adaptar la prestación a un contexto social en el que la emancipación se retrasa cada vez más. La modificación entrará en vigor en 2026 y podría beneficiar a miles de personas que, hasta ahora, quedaban fuera del sistema pese a tener ingresos muy reducidos.